Según la abogacía del Estado. 
 El PCE es formalmente legalizable     
 
 Diario 16.    15/03/1977.  Página: 8. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

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El PCE es formalmente legalizable

MADRID, 15 >D16 y Europa Press).—El informe de la abogacía del Estado elevado al Tribunal Supremo sobre el expediente del Partido Comunista de España estima que este partido cumple los requisitos formales exigidos por la ley para su legalización.

La agencia Europa Press confirma así la impresión recogida por D16 y publicada ayer en el sentido de que el informe de la abogacía del Estado no se opone al reconocimiento de la inscripción del PCE como partido legal, cuando en alg u n o s circuios políticos y Jurídicos se esperaba lo contrario. La propia Europa Press difundió «I sábado un despache en que se hacia peo de esta "oposición".

La agencia confirma que Ja abogacía del Estado ram-P o c o propone pruebas en contra de la legalización del PCE, entiende que la Sala Cuarta es compatente en el asuntp y debe pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y, por último, invita a que se tengan en cuenta los motivos aducidos por el Ministerio de la Gobernación al remitir la documentación al Tribunal Supremo.

Según Europa Press, el informe de Ja abogacía del Estado cree también que debe examinarse la jurisprudencia que existe en materia penal acerca del PCE.

La recomendación alude a la constante apreciación por los tribunales "n juicios contra militantes del PCE de la agravante que se recogía en el párrafo 3.° del número 1." del antiguo art. 174 del Código Penal, cuya redacción fue luego modificada, el 19 de julio de 1976 en consonancia con la versión reformada del art. 172. que define las asociaciones ilícitas.

Dicha agravante se refería a los militantes de asociaciones que tuvieran "por objetivo la subversión violenta o la destrucción de la organización política, social, económica o jurídica de) Estado", circunstancias que han quedado ahora recogidas en el número 3.° del nuevo artículo 172 como determinantes de la ilegalidad de cualquier asociación. Según la abogacía del Estado

 

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