Contraste de pareceres     
 
 Blanco y Negro.     Páginas: 2. Párrafos: 21. 

CONTRASTE DE PARECERES

La Monarquía debe estar apoyada en el consenso popular y en las instituciones representativas

Don José María de Areilza declara en «El Noticiero Universal»:

«Para que la Monarquía sea aceptada por la mayoría del país es preciso que sirva eficazmente sus intereses y que ofrezca una fórmula de convivencia política dentro de la cual el mayor número de españoles se encuentre a gusto. Aunque la frase parezpa exagerada yo diría que hay que reconciliar a la Monarquía con el pueblo y que hay que interesar al pueblo para que considere a la Institución como algo propio que pertenece a la colectividad.

La Monarquía debe ser democrática, es decir, apoyada en el consenso popular y en las instituciones representativas; garan-tizadora de las libertades básicas del hombre clave de los Estados de derecho; sintetizadora de los diversos grupos, clases y pueblos que componen España; abierta al cambio y a la transformación que exige nuestro tiempo; interdependiente con el resto del mundo; mirando al porvenir más que al pasado, como corresponde al talante juvenil de su regio protagonista, el Príncipe Juan Carlos; y henchida de solidaridad social.»

En el asunto de las "tendencias" se barajan y confunden conceptos equívocos

Emilio Romero escribe en «Pueblo»:

«Una vez que el tema de las asociaciones políticas fue perdiendo fuerza, en virtud de la escasa asistencia que encontraba en el Consejo Nacional del Movimiento, y en las áreas de autoridad y de decisión surge la cuestión de las "tendencias". Creo que en este asunto se barajan y confunden conceptos equívocos. Una "tendencia" es una inclinación, y no una organización; mientras que un partido o una asociación, son principalmente, una máquina electoral y un organismo de movilización, de precisión y de influencia. José Antonio Girón bautizó esta nueva especie política en Valladolid; y ahora el ministro del Movimiento, Fernández Miranda, la ha aceptado y la ha documentado con credenciales de libre circulación. Pero Partido o Asociación y Tendencia, son cosas distintas. Nos habíamos inventado un nombre para amortiguar la brusquedad de decir a la Nación, sobre una gigantesca dialéctica antipartidos, que se restablecían los partidos; esto eran las asociaciones en la mente de la generalidad. Y para hacerlas pasar, se había arreglado su imagen, su velocidad y su carrocería. Pero no su sustancia. No sería serio si ahora hiciéramos otra operación de este carácter sobre las "tendencias». Estoy seguro que Girón no dio ese alcance a su invento.»

Los ingleses dicen: no huele una rosa diferente porque se la llame con uno u otro nombre

De una carta abierta de Augusto Assia al director de «Ya»:

•Nuestro desconcierto, señor director, ha sido llevado a su punto cumbre por el acontecimiento de que el ministro del Movimiento, señor Fernández Miranda, fue recientemente protagonista y centro, pero sobre todo por las interpretaciones periodísticas y la publicidad que su interesante intervención ha desencadenado. Aprovechando el primer diálogo que un poco a imitación de los europeos, aunque poco, ha tenido lugar en nuestras Cortes, el profesor Fenán-dez Miranda le ha echado el cerrojo a las asociaciones, a las que denunció como posibles puertas traseras para que I o s partidos se cuelen de rondón otra vez en nuestro apacible ámbito.

El profesor Fernández-Miranda es el ministro del Movimiento, y aunque la ocasión quizá no fuera la más apropiada, probablemente tiene perfecto derecho y está en sus funciones a entonar el sermón funerario de las asociaciones, y, la verdad, a mi no me va ni me viene, y me deja sin frío ni calor.

Pero, según las más autorizadas interpretaciones, el entierro de las asociaciones va a ser acompañado por la reafirmación del "contraste de pareceres" y Ja "concurrencia de criterios". Don Emilio Romero, a mi modo de ver et más hábil, el más en-jundioso y el más constante de los hermeneutas, sino del régimen, desde luego del Gobierno, o de los sucesivos Gobiernos, ha adelantado la tesis, que supongo autorizada, según la cual en sustitución de las asociaciones aparecen ahora ias "tendencias", y así como tras las asociaciones avizoraba el peligro de que los "adversarios del régimen" lo debilitaran "apoyados en un reconocimiento del pluralismo general", las "tendencias" no esconden tal peligro.

El "contraste de pareceres" va a ser ahora, por lo visto, después del "coloquio" del ministro con los procuradores, el vehículo de nuestro desenvolvimiento constitucional, el agora donde hemos de encontrarnos tirios y troyanos, resolver nuestras diferencias y llegar a la "concurrencia de criterios".

En principio, la cosa puede no estar mal como puede no estar bien. Los ingleses dicen que no huele una rosa diferente porque se la llame con uno u otro nombre.»

En las diferencias de opinión como en las de intereses no sólo hay Cortes verticales sino horizontales

Don Luis Sánchez Agesta contesta a preguntas de Bonifacio de la Cuadra en la revista «Criba». El periodista aclara que la entrevista fue realizada con anterioridad a la intervención del ministro secretario general del Movimiento en ias Cortes:

«—Dentro de nuestro peculiar concepto de "democracia orgánica", ¿qué engarce político considera usted que se podría dar a las asociaciones de acción política, dentro del juego constitucional, para que fueran una pieza acorde con nuestro sistema?

—Este es uno de los problemas más delicados y que no le puedo resolver. Las asociaciones de acción política están reconocidas por personas de gran preparación y de gran responsabilidad política que, sin embargo, parecen vacilar al definir su estructura. Yo lo único que podría hacer es dar rienda suelta a la imaginación o describirle a usted lo que son en otros países en que hay bases políticas diferentes.

—En su opinión, ¿están suficientemente representadas en la vida pública española las diferentes fuerzas sociales que existen en nuestro país?

—Es difícil contestar a esta pregunta, por falta de datos. ¿Cuáles son, efectivamente, esas fuerzas sociales? Tanto en las diferencias de opinión como en las de intereses, no sólo hay Cortes verticales, sino horizontales. Por ejemplo, personas de matices muy distintos, y mayo res de cincuenta años, afirman no obstante, sus diferencias, que son del «18 de julio». Los má jóvenes, en cambio, no citan es; fecha mágica.

—¿Qué descripción valorativ, podría hacer de las diferente "tendencias políticas" en esl momento?

—Fundándome sólo en mi ot servación personal, le diría qu los del 18 de julio siguen siend más o menos remotamente lo tradicionalistas, falangistas, "d derechas", "católicos", monaquicos, y hasta, a veces, sind calistas y antiguos republicano desilusionados. Los posteriore al 18 de julio —que, como digc suelen ser los menores de cir cuenta años—, se confiesan je seantonianos, socialistas, déme cratacristianos, católicos progre sistas, de "Fuerza Nueva", par tidarios de una eficiencia técni ca, o simplemente enemigos de régimen. El hecho político má; interesante de hoy es que, exceptuando a estos últimos, entre unos y otros hay quienes discrepan del Gobierno —salvando la figura del Jefe del Estado— pero aceptan, en líneas generales, el régimen, con voluntad de apertura o, a veces, de retroceso.

También hay que contar con los agentes de una oposición subversiva, en la que el matiz más curioso es que abundan mucho los anarquistas, aún sin conciencia de que lo son, y aceptando otras denominaciones.»

El Concordato es un problema de entendimiento, de colaboración, no de fórmulas jurídicas

Don Antonio Garrigues responde a preguntas de Eugenio Montes en «ABC» en torno aI Concordato con España:

—¿Cuál es, a tu juicio, el fondo del problema?

—El problema es complejo. Uno de los puntos clave está en que el Estado reconozca que en el momento actual la selección y el nombramiento de los obispos, que históricamente ha pasado por tantas vicisitudes, corresponde a la exclusiva responsabilidad de la Iglesia. Y que, a la vez. ésta comprenda que como esos nombramientos no se hacen para el Estado del Vaticano bajo la soberanía de la Iglesia, sino para un territorio sujeto a una soberanía temporal distinta, puede haber reparos estrictamente políticos, no Pfi~~!--

Iglesia patentemente, sin mengua, desde luego, de su libertad, debe ponderar cuidadosamente. Pero insisto en que se trata efe un problema de entendimiento profundo, de colaboración. No de fórmulas jurídicas, que no presentan ninguna dificultad si nacen en ese terreno, y que de nada sirven en un clima de desconfianza o de recelo.

Las manos del Estado deben quedar libres para atajar las actividades políticas clericales que puedan llegar a ser punibles en un pie de igualdad con las de os seglares. El fuero sacerdotal, en su origen, está tan justificado, al menos, como cualquier otro de los fueros vigentes, siendo el más antiguo de todos ellos, pero el cambio de los tiempos, la confusión reinante y los abusos en su ejercicio, han hecho necesaria su revisión a fondo en beneficio, no ya del Estado, sino de la propia Iglesia y, especialmente, en protección de los obispos, que son quienes lo administran y, en cierto modo, lo padecen.»

Es lógico habilitar los medios para defender la legalidad, pero sin degenerar en arbitrariedad

De «ABC»:

«Entre las causas de inadmi-sibilidad para la revisión de las decisiones administrativas ante la jurisdicción contenciosa, previstas en la Ley de 27 de diciembre de 1956, figuran "las cuestiones que se susciten en relación con los actos políticos del Gobierno, como son los que afectea a la defensa del territorio nacional, relaciones internacionales, seguridad interior del Estado y mando y organización militar". La Exposición de Motivos de dicha ley subraya que ello se apoya en la distinción plena entre actos administrativos y políticos "esencialmente distintos, por ser una la función administrativa y otra la función nolítica, confiada únicamente a os supremos órganos estatales". El Gobierno, en un nuevo proyecto de ley de regulación de la jurisdicción contenciosa, pretende sumar a aquellas excepciones otra más: la de los actos "que afectan a la defensa y garantía del orden constitucional". Nada más lógico, desde luego, que habilitar los medios necesarios para defender la legalidad. Pero sin que ello pueda degenerar en arbitrariedad. Por tanto, no se entiende que se pueda recabar una autorización tan amplia, tan omnicomprensiva, en la que podrían entrar cualesquiera decisiones que por el hecho de confesar tal intencionalidad crearían un marco ¡rrecurrible y de imposible fiscalización. Lo grave, en síntesis, es que no se establezca un criterio objetivo para la definición de tales actos, sino una definición finalista o meramente intencional. La insistencia en la inclusión de los actos de defensa y garantía ´del orden constitucional, por tanto, no introduce una solución de fondo, puesto que en supuestos verdaderamente graves su posibilidad era ya un hecho. Se •limita a incidir en la inseguridad jurídica de los españoles y es un retroceso evidente en la ruta hacia el Estado de Derecho, al prever un supuesto que no se apoya sólo en motivaciones políticas, sino que

puede conducir a decisiones típicamente administrativas que así quedarían fuera del alcance de los Tribunales. Disolver una asociación, cerrar un periódico, cancelar una autorización o suspender unos derechos reconocidos podría convertirse en materia vedada al examen en vía contenciosa sólo en base al hecho de que el Gobierno fundara su decisión en la defensa del orden constitucional. El paso atrás es tan evidente que confiamos en que el propio Consejo de Ministros tendrá la iniciativa de suprimir tan inoportuna mención.»

La política exterior del país no es responsabilidad exclusiva de un Ministerio, sino del Gobierno todo

De «Informaciones»:

«El debate de Cortes sobre el protocolo comercial hispano-so-viético, firmado en París el pasado 15 de septiembre, amenaza ser controvertido. Sería ingenuo ignorar que existen algunas opiniones netamente contrarías a la ratificación del protocolo. De otra parte, se pretende también que el estudio del acuerdo hispano-soviético sea sustraído de la competencia de la Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes para que sea debatido por el Pleno de la Cámara.

No debiéramos olvidar que la política exterior del país no es exclusiva responsabilidad de un Ministerio, sino del Gobierno todo, y por ello cuenta con el respaldo del Jefe del Estado. A mayor abundamiento, quienes repudian el protocolo de París debieran remitirse.a las palabras del Jefe del Estado sobre las relaciones con los países del Este en su mensaje de 30 de diciembre de 1971, cuando dijo: "La convivencia (con países de credos políticos diferentes) no presupone identificación ideológica ni conjunción con aquellos principios; significa simplemente voluntad de entendimiento en cuestiones concretas de interés común".»

En esta historia del Mercado Común nadie trata de imponernos nada Luis González Seara escribe en «Cambio 16»:

«Buscar justificaciones a problemas, sin que haya correspondencia entré ellos es una fórmula poco indicada para llegar a resultados satisfactorios. En el caso del Mercado Común, por ejemplo, cuando se plantea el tema de la incorporación de España, una y otra vez se desfigura la realidad, sin que esté claro a quién se pretende favorecer con la medida. Continuamente se habla de que para el ingreso no hay motivos políticos, que se deben respetar las peculiaridades nacionales, que es intolerable la ingerencia en los asuntos internos de otros países, que la democracia no puede pretender imponer antidemocráticamente determinadas formas de gobierno... y, así, ad nauseam. Por eso conviene insistir en la necesidad de claridad.

Y lo primero que debe quedar claro es que, en esta historia, nadie trata de imponernos nada. Si nosotros queremos adoptar esta o aquella fórmula política, si nos decidimos por las canciones de Lola Flores en vez de la ópera italiana, o si preferimos el desarrollo de los campos de fútbol al de los laboratorios de investigación, nadie vendrá desde el exterior a imponernos otras directrices. Pero, claro está, lo que no podemos exigir nosotros es que, además, los del exterior deban reconocer nuestras "creaciones" como el mejor hijo que haya parido madre, a la hora de ponernos de acuerdo en algo que nos afecte mutuamente.

Los países del Mercado Común no pretenden imponernos nada. Podemos seguir distinguiénd nos con nuestras peculiaridades, más o menos geniales. A condición de que no pretendamos ingresar en e! Mercado Común. Ahí está el punto clave. Si queremos entrar en dicha comunidad, entonces lo lógico es cumplir las condiciones que la comunidad exige a sus miembros. Y, de no hacerlo así, la verdad sería la contraria: que somos nosotros quienes queremos Imponer a los países de la Comunidad Europea unos principios que difieren de los aceptados y establecidos por ellos.»

 

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