«Un ciudadno normal»     
 
 Arriba.    02/01/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

CIUDADANO NORMAL

EL secretario general del Partido Comunista de España, don Santiago Carrillo, ha sido puesto en libertad

provisional bajo fianza el pasado viernes. La noticia, desprovista de toda carga política, tiene sólo una

vertiente: la judicial. El señor Carrillo ha recibido el tratamiento normal de todo ciudadano ante la Ley.

No cabe, por tanto, ante ella, ningún tipo de consideración que se salga de este marco exclusivamente

jurídico. La frase del Gobernador Civil de Madrid, en el sentido de considerarle como «un ciudadano

normal», que debe cumplir las leyes vigentes en España, centra con exactitud el panorama para el análisis.

Ha funcionado la Justicia, demostró una vez más su independencia, y esto debe ser suficiente para que,

como españoles, nos consideremos satisfechos. Su acción, por supuesto, no ha terminado, y sólo la

Justicia podrá decir la última palabra en este «caso» que, de alguna forma, fue el tema central de la

actualidad española en los últimos días.

La presencia de Carrillo en España pasó por diversas fases: una primera, en la que el anterior titular del

Ministerio de la Gobernación indicaba que no había ninguna razón para impedir el retorno de su exilio,

pero no podía garantizar su vida. La segunda fue la ola de rumores sobre su estancia en Madrid que, con

incredulidad o certeza, publicaron los medios informativos. La tercera fue su aparición clandestina en una

rueda de Prensa secreta, y la última su detención. En el fondo de todo ello late una realidad: la evidencia

de la ilegalidad actual de su partido político, los recelos que la persona del señor Carrillo, su biografía,

que —sin posibilidad de réplica— se contradice con sus declaraciones actuales, y las actividades del PCE

causan en grandes sectores de la vida pública española.

Con Carrillo en libertad provisional —y, por tanto, con una vida normal en la capital de España—, hemos

de reconocer, sin ninguna concesión a la galería, pero también con una mínima honestidad que no supone

claudicación de nuestras propias ideas, que España tiene hoy un nuevo sistema de normalidad política.

Creemos que ha llegado el tiempo —si hablamos con sinceridad de democracia— en que las simpatías y

las antipatías han de medirse en el consentimiento popular, en las urnas, y no en comportamientos

puramente represivos.

Ahora bien: este reconocimiento obliga a que el Estado de Derecho sea respetado; modificado en lo que

exijan los nuevos tiempos, pero respetado. Y si el señor Carrillo puede ser hoy un madrileño más —con

unos delitos que han prescrito y otros que dependen del definitivo juicio—, ha de exigírsele, como decía

el Gobernador de Madrid, el respeto absoluto a unas leyes que a todos obligan por igual. La democracia

se asienta, ciertamente, en la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan expresar sus ideas y dar el

poder a quien más conecte con sus intereses; pero no es condición menor la primacía de la Ley, cuyo

cumplimiento ha de exigirse, si no queremos caer en la inseguridad y el arbitrismo. Si las leyes son

insuficientes, habrá que cambiarlas, y en ese proceso —que cuenta con el respaldo de la opinión

recientemente expresado— estamos ahora mismo. Mientras el proceso dura, es obligada que el principio

de la primacía de| Derecho sea salvaguardado por los poderes públicos.

Ante el «caso Santiago Carrillo» queremos hacer una reflexión, que se deriva directamente de la sumisión

a las decisiones judiciales: hay que aceptar la realidad de los hechas, y aceptarla sin dramatismo de

ningún género. Con todo el riesgo de expresar más un deseo que una realidad palpable, creemos que las

dramáticas situaciones que dieron lugar a los recelos de hoy no sólo están prescritas, sino superadas por

un país distinto, educado en la paz, crecido en el orden y forjador por sí mismo de un desarrollo jamás

conocido. Ante ello, es preciso arrojar de nuestra convivencia aquellos factores que puedan poner en

peligro la convivencia: los extremismos, las mitificaciones, los dramatismos. Este país ya no necesita

mitos, sino normalidades. No requiere exilios, sino legalidades. No puede permitirse el lujo de

marginaciones, sino que está obligado a una ciudadanía correcta, en plenitud de derechos, de quienes

estén dispuestos a aceptar la realidad de España y el espíritu de una Corona que no sólo modera el

cambio, sino que propugna la integración de todos los españoles.

Naturalmente, todo esto se lo pedimos también a los comunistas. Si su voluntad es tan sinceramente

democrática como proclaman en sus comunicados públicos, no se pueden desentender ni con desafíos ni

con armas secretas de lo que es aspiración de todos: garantizar el paso pacífico hacia la democracia;

consolidar la convivencia. El hecho de que su secretario general esté en libertad, el simple hecho de que

pueda vivir en Madrid, dice mucho de la seriedad de las instituciones españolas y del rigor de su Poder

judicial. No malgastemos esta realidad en otros «pulsos» que sólo podrían significar una marcha atrás. Y

la marcha atrás en los procesos irreversibles es, por necesidad, caótica.

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