Autor: ALEXANDROS - LAMBDA. 
   Responsabilidades militares de Carrillo     
 
 El Alcázar.    07/01/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Alexandros

RESPONSABILIDADES MILITARES DE CARRILLO

EL Teniente Coronel Aguado Sánchez, en ese libro exhaustivo e incontrovertible llamado "El maquis en

España" y que los lectores de El Alcázar conocen por la publicación que de algunos capítulos se está

llevando a cabo en la actualidad, une a sus dotes de gran historiador, la experiencia personal que le da el

hecho de haber sido Guardia Civil en los años del "maquis", cuando, casi un niño, preparaba su ingreso en

la General. Sin que ello tenga conexión, viene a mi recuerdo el paso por la Benemérita, también como

simple guardia, del actual Capitán General de la I Región Militar, quien, al ser procesado su padre, Jefe

del Ejército, con motivo de la sublevación del 10 de agosto de 1.932, ingresó en la Guardia Civil y con su

verde uniforme y su sombrero —lo que comunmente llamamos tricornio— se presentó a exámenes de

ingreso en la Academia de Infantería. Pero siguiendo con el hilo del historiador del "maquis", esa doble

condición de protagonista, de conocedor del tema, de profesional de las fuerzas del orden más antiguas de

España y de historiador veraz, de estudioso de la subversión en todos sus campos, de escritor fecundo y

con el honor por divisa, hace que el libro a que nos referimos sea un documento de primera mano para

conocer la trayectoria delictiva de Carrillo, "Conde de Paracuellos del Jarama" como le llama un colega,

muchos de cuyos delitos, no han prescrito al no haber transcurrido los 30 años que, al parecer, señala la

ley.

Hay un capítulo, al iniciarse el libro, en el que el autor sale al paso de posibles sutilezas y nos señala la

legislación antiterrprista existente en España desde aquella primera Ley de 10 de julio de 1849 hasta

nuestros días. Es importante señalar que los delitos de terrorismo no son una invención del "franquismo"

ni de los regímenes totalitarios. La Conferencia para la unificación del Derecho Penal" (Varsovia 1927) o

los Congresos de Roma, París o Bruselas sobre el mismo tema, no parecen equívocos. Ni la ley española

de 11 de octubre de 1934, o la de 22 de noviembre del mismo año o la de 21 de julio de 1935... Todo un

poema de fechas bien significativas para el que sepa leer. Como colofón, diremos que el 21 de septiembre

de 1960, se promulgaba el actual Decreto de Bandidaje y Terrorismo que señala bien claro las responsabi-

lidades que contrae cualquiera que se dedique a estos menesteres. Todo esto en cuanto a la legislación que

podemos considerar "civil", porque el Código de Justicia Militar, que entiende en determinados delitos

sea quien fuere el que los cometa y en todos los que por razón de su fuero cometa o se cometan contra o

por cualquier individuo perteneciente a las Fuerzas Armadas, es de sobra conocido por todos los

españoles mayores de 21 años y que pasaron por los buques de la Armada o por los cuarteles de Tierra o

Aire.

Y es el caso, que Santiago Carrillo —y a declaración de parte se excusa la prueba— ha sido el "jefe" de

esas partidas que se dedicaron a cometer todos los delitos que el Decreto-Ley prevee. Y es el caso que en

esa comisión de delitos murieron 257 miembros de la Guardia Civil (que son militares, no lo olvidemos),

y 11 de la Policía Armada y 27 del Ejército.

Y el artículo 5° del mencionado Decreto-Ley, señala en su apartado 1° que serán castigados con la pena

de muerte: a) El jefe de la partida en todo caso...

Esto no parece que merezca comentario alguno; si acaso, señalar que como desean fervientemente los

"abogados defensores", no se aplique las penas señaladas para determinados delitos en el Código de

Justicia Militar, no sea la Jurisdicción Militar la que entienda del caso (en lo que parece ser coinciden con

un gran número de militares), hemos traído sólo a colación lo que señala la ley civil. En 1952 parece ser

que se dio por finalizada la operación "Maquis"; han transcurrido pues, 24 años y unos meses.

¿Han prescrito también estos delitos? ¿O matar a un Guardia Civil, a un Policía Armado o a un soldadito

español que cumple su servicio no lo constituye? De todos estos interrogantes, en cualquier estado de

derecho donde la LEY se escriba con mayúsculas, daría cumplida respuestas Santiago Carrillo, ese que

ahora se asoma a las páginas de algunos periódicos levantando los dedos índice y corazón de la mano

derecha y al que habría que contestar levantando el índice y el meñique de la izquierda...

LAMBDA

 

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