Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
   Carrillo, detenido     
 
 ABC.    24/12/1976.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

24 DE DICIEMBRE DE 1976, PAG. 3.

APUNTE JURIDICO

Carrillo, detenido

Por José María RUIZ GALLARDON

Como era de esperar la detención de don Santiago Carrillo ha levantado la correspondiente oleada de

protestas. Bien, era un riesgo calculado. Estamos todos seguros de que el Gobierno no va a perder los

nervios por ello ni va a dar un solo paso en falso. Porque el tema se presenta con perfiles clarísimos.

Veámoslo.

Don Santiago Carrillo Solares es un español sin residencia en nuestro país y al que se le ha negado su

pasaporte. Las razones de esta negativa las sabe y conoce el Gobierno, que es a quien corresponde, en

último término, la concesión o denegación de dicho documento. Pero, evidentemente, la estancia del

señor Carrillo en España es ilegal, tanto si ha entrado sin pasaporte como si lo ha hecho utilizando otro de

distinto país. Primera cuestión que conviene no perder de vista.

Pero acontece, además, que el señor Carrillo ha cometido hechos, ha publicado manifestaciones, ha

actuado, en fin, a lo largo de su vida, y no sólo desde hace muchísimos años, sino en la actualidad, de

forma que algunos de esos hechos y manifestaciones, según todos los datos que poseo como ciudadano de

a pie —de a pie, pero consciente— están claramente incluidos como supuestos de hecho delictivos en

nuestro Código Penal. Aquí ya, en este tema, el Gobierno no tiene —ni puede— por qué entrar. El papel

de las autoridades gubernativas se limita a la detención del presunto delincuente, instruir las diligencias

pertinentes y, en el plazo legal, ponerlo a disposición de la Justicia.

Una vez puesto a disposición de la Justicia será el instructor competente, con intervención del Ministerio

Fiscal —que, no lo olvidemos, actúa siempre en defensa de la sociedad— quien depurará los hechos,

determinará la participación en los mismos del inculpado y dictará los correspondientes autos de

procesamiento —si ha lugar—, prisión preventiva o libertad —con o sin fianza—. Y, en el momento

procesal oportuno, se estudiarán y alegarán las posibles aplicaciones del instituto de la prescripción de los

delitos de que pudiere resultar culpable o de la aplicación de los correspondientes indultos y amnistía.

Pero, atención: en el momento procesal oportuno.

España no sería un Estado de derecho —y lo es— si fuera la autoridad gubernativa quien se inmiscuyera

en el enjuiciamiento penal. Con independencia de las facultades que le corresponden, su exclusiva, de

carácter administrativo a los efectos, entre otras, de sancionar, en la medida prevista en las leyes, las

infracciones de este tipo. Pero amén de eso, es a esas autoridades, singularmente a la Policía, a quien

corresponde la detención del inculpado y su entrega a la Justicia.

Cierto que en la causa que se instruya al señor Carrillo pueden participar quienes hubieren sido ofendidos

por sus presuntos delitos. Pero estén tranquilos, tanto el interesado como mis colegas sus abogados,

porque a ninguno le es lícito dudar de que observarán todas las garantías de defensa que nuestras leyes

estatuyen al respecto.

Y estemos tranquilos todos los ciudadanos, asimismo, porque los hechos serán depurados hasta el final

por aquellos a quienos corresponda según ley. Y, en la medida establecida por ésta, sancionados con toda

justicia.

Queda el aspecto político de la cuestión. Pero, por lo pronto, lo que hay que pedir ahora es que hable el

Derecho y se calle la pasión política.—J. M. R. G.

 

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