Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
   Más sobre el procesamiento de Carrillo     
 
 ABC.    28/12/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

ABC. MARTES 28 DE DICIEMBRE DE 1976.

APUNTE POLITICO

Más sobre el procesamiento de Carrillo

Por José María RUIZ GALLARDON

No sin sorpresa, he leído el editorial de un diario de la Prensa matutina del domingo, en el que, de

maneara muy clara, se pretende subsumir la prisión preventiva decretada por el señor juez die Orden

público contra don Santiago Carrillo, como un supuesto de «inseguridad jurídica». El editorialista se

pronuncia así: «El procesamiento y encarcelamiento del secretario genera] del Partido Comunista y de

otros altos dirigentes de esa organización es un símbolo evidente de la falta de libertades públicas e

inseguridad existentes en nuestro país.»

Crítica durísima o injustificada de la actuación de los organismos judiciales competentes en el caso.

Crítica que, como jurista que además tengo la oportunidad de escribir en un periódico como A B C, no he

de dejar sin comentario. Porque bajo el ropaje de una cierta exposición jurídica del tema, en ese editorial

se vierten conceptos tras los que se oculta la existencia de normas vigentes en e1 Ordenamiento Jurídico

español. La parcialidad —que acaso puede justificarse en argumentos utilizados por el ahogado

defensor— es inadmisible cuando se produce desde las columnas de un periódico, dirigido a toda la

opinión, y cuando se pretende, nada menos presentar como una grave arbitrariedad judicial lo que no es

sino estricta y adecuada aplicación de las normas en vigor.

ABC, en su edición del domingo, publicaba el auto de procesamiento de Santiago Carrillo, En esta

resolución del Juzgado de Orden Público se fundamenta el procesamiento de dicho señor en los artículos

1725.° y 174, números 1.º y 2.° del Código Penal. Por otra parte, la razón jurídica de la prisión

provisional incondicional decretada se encuentra, según el citado auto, en el artículo 9° de la ley de 2 de

diciembre de 1963 (ley de Orden Público) en relación con el artículo 503 de nuestra venerable ley de

Enjuiciamiento Criminal.

Como es sabido, para decretar un procesamiento se precisa y basta con que existan indicios racionales de

criminalidad; es decir, que la conducta atribuible al inculpado esté, indiciariamente, subsumida en una

norma penal de carácter sustantivo.

Pues bien, según el artículo 1725.° del Código Penal (reformado) «son asociaciones ilícitas las que,

sometidas a una disciplina internacional, se propongan implantar un sistema totalitario». Expresamente se

refiere este precepto al Partido Comunista, según la única interpretación posible en la actualidad, que es la

«mens legislatoris»; así lo demuestran los numerosos apoyos que en este sentido se encuentran en los

discursos pronunciados en su día en las Cortes Españolas por los autores del proyecto de ley que luego

fue aprobado. Uno de los ponentes llegó a decir que si en ese precepto no estuviera incluido el Partido

Comunista Español, él votaría en contra de la aprobación de la ley. Hoy por hoy, pues, la única

interpretación disponible para el juez es aquella según la cual, precisamente, ser dirigente del Partido

Comunista Español constituye delito.

Delito penado en el artículo 1741.° con prisión menor (de seis meses y un día a seis años) y multa. Y

delito que, según el artículo 9.º de la ley de 2 de diciembre de 1963, lleva aparejada la prisión provisional.

Y éste es el precepto que, aun estando expresamente citado en el auto de procesamiento, se omite

deliberadamente en el editorial que crítico.

Dice así la ley: «En todas las causas por los delitos que esta ley atribuye al Juzgado y Tribunal de Orden

Público, y mientras la situación alterada por aquéllos no haya sido completamente normalizada, se

decretará la prisión incondicional, sin que, en ningún caso, pueda exceder ésta de la duración de la pena

señalada al delito que la motive.»

Debe, pues, el instructor —está obligado a ello— decretar la prisión incondicional de Santiago Carrillo,

siendo de su exclusiva incumbencia estimar cuándo desaparece la «alteración» causada por la comisión

de los delitos de asociación ilícita que es de lo que aquí se trata. Pues bien: esa «alteración» —cuya

apreciación de existencia, repetimos, corresponde únicamente al instructor— ¿puede sostenerse que ha

desaparecido si en el mismo diario, sin ir más lejos, se recoge la noticia de manifestaciones y

concentraciones comunistas tumultuarias, con intervención de Fuerzas de Orden Público en muy diversos

puntos de España y aun del extranjero? ¡Seamos serios, señores, porque la Ley es muy seria! Y, sobre

todo: hay que informar con objetividad. La inseguridad jurídica y social la produciría la libertad de

Carrillo, no su prisión incondicional, hasta tanto que o se depuren sus responsabilidades en el proceso

oportuno, o hayan desaparecido por completo las alteraciones que en la vida nacional producen los

dirigentes y militantes del partido que acaudilla el ex comisario de orden público cuando lo de

Paracuellos.—J. M. R. G.

 

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