En manos de la justicia     
 
 ABC.    24/12/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

EN MANOS DE LA JUSTICIA

La agitación y nerviosismo políticos que punzan la encalmada vida nacional que todos quisiéramos para

las fechas navideñas se han visto acentuados con la detención, en la tarde del miércoles, de Santiago

Carrillo, sobre quien existía orden de busca y captura.

Ilegal era la presencia del dirigente comunista en territorio español; ilegales, delictivas, han sido algunas

de sus actuaciones. Ilegal, y no presuntamente legalizable, es su partido. Pero política, crispadamente

política, es la imagen que, por toda parte, genera el hecho de la detención de Santiago Carrillo. Políticas,

aunque inadmisibles, son las presiones de todo tipo —de dentro y de afuera, desde la izquierda y desde la

derecha—, orientadas a coaccionar, de un modo u otro, la decisión de los jueces; lo que debe ser, por

todos, acatado imperio de la Ley. La Ley española, en este sentido, no puede ni debe ser materia u objeto

para una subasta de desafíos. No puede quedar la aplicación de la Ley a expensas de lo que más allá de

ella, e incluso contra ella, se pretenda.

Queriendo nosotros asumir la responsabilidad que el buen sentido y la serena contemplación de las cosas

aconseja, no podemos menos que pronunciarnos en favor de que sea el Derecho quien hable. Y de que la

política, de momento, calle.

Porque el problema que ahora suscita el caso Carrillo es, precisamente, el del ardor político con que lo

toman los suyos y sus contrarios. Para los primeros la imagen del dirigente detenido y puesto a

disposición de los jueces es la personificación de una política que aspira a la sanción legitimadora del

Derecho; cual si fuera una opción más de las que toda democracia, que por tal se tenga, ofrece. Para sus

enemigos, Carrillo significa, por el contrario, no la política, sino la historia; la historia como instancia de

inhabilitación perpetua. Como referencia irremontable e inamortizable por las prescripciones

exoneradoras emanadas desde el Derecho.

Por entre una pretensión y otra pasión debe discurrir el proceso legal del que es objeto ahora Santiago

Carrillo; la calificación jurídica de una conducta considerada tanto al nivel de las actuaciones más

recientes, como al de las imputaciones y cargos correspondientes a un pasado que los españoles todos

deberíamos cerrar definitivamente.

Tal es en nuestro criterio el estado de la cuestión Carrillo. Cuestión que debe resolverse con la serenidad

que la justicia necesita.

Digamos, por último, y a propósito de serenidad, que no es ésta precisamente, ni tampoco justicia, lo que

impera en la campaña internacional desatada contra el Gobierno y 1as instituciones españolas por la

detención de Carrillo. ¿Es que acaso la homologación democrática debe implicar, como tributo, dejación

de soberanía? ¿Es que alguien tiene más derecho que los propios españoles a exigir de sus jueces que se

haga y aplique la justicia? Desde luego no. La democracia española no tiene otra condicionante ni otra ley

que la propia soberanía nacional. Ni nuestros jueces otra norma que la del Derecho patrio.

 

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