Huelgas     
 
 Ya.    14/06/1973.  Página: 7-8. Páginas: 2. Párrafos: 5. 

HUELGAS

EL panorama de la huelga, en su perspectiva mundial, se ha ido ensombreciendo. Reciente está todavía el caso de los controladores aéreos franceses, prolongado en parte por los de Alemania occidental. En Austria ha surgido la amenaza de plante por porte de jueces y magistrados. Profesiones como la médica no han dudado a veces en adentrarse por este grave camino. Y para colmar el panorama, Nueva York ofrece en estos días la huelga paradójica de los enterradores.

Dentro de esta óptica mundial parece imponerse la consecuencia de que las formas actuales de ejercicio del dercho de huelga están exigiendo una profunda reforma que dé al interés general, o en otras palabras, al bien común, la natural primacía sobre los intereses particulares de los grupos o profesiones. En la huelga se enredan siempre motivaciones complejas y efectos múltiples simultáneos o sucesivos. Si se atiende a las primeras es fácil deslindar la procedencia jurídica de un conflicto colectivo cuando esa motivación es estrictamente laboral y no está políticamente mediatizada. Pero el problema se da en torno a los efectos, ya que éstos recaen de manera inexorable sobre la sociedad. Hay en toda huelga un costo social que, extralimitado, daña gravemente al bien común. Por esto cuando la huelga recae sobre un servicio público o un servicio privado que afecta notoriamente a un interés general grave, la regulación jurídica de aquélla tiene que Ir imponiendo límites más estrechos cada día. Y no para negar la razón que pueda asistir al grupo promotor, sino para defender de manera positiva y adecuada los intereses generales de la población.

DENTRO del grado de desarrollo politicosocial al que están llegando los países de industrialización avanzada, es necesario subrayar que las organizaciones rectoras del trabajo han de tener clara conciencia de que los procesos reivindicatoríos de derechos han de ajustarse siempre a las necesidades superiores de| común. Otra cuestión es la de que sus derechos justos deban estar amparados siempre por una organización y un sistema que elimine la necesidad de los atentados a ese bien supremo. Cuando se habla de madurez creciente en el mundo sindical, se está hablando al mismo tiempo de una mayor responsabilidad también en las decisiones que afectan a los conflictos colectivos.

A lo dicho debe añadirse una A consideración complementaria. La historia demuestra que no pocos logros del mundo trabajador se han debido precisamente a la palanca molesta de la huelga. Y también prueba que lo que por la vía de la negociación no se alcanzó, se logra no pocas veces por la coacción molesta que la huelga impone. Por esto cuanto hemos dicho de una política más restrictiva del ejercicio del derecho de huelga, en la óptica comparada en que nos estamos moviendo, debe entenderse siempre sobre la base de que los sistemas políticos y jurídicos de los Estados actúen de tal forma que permitan la satisfacción pronta, general y completa, de las reivindicaciones del trabajo, siempre que éstas estén fundadas, se articulen con sentido de subordinación al bien común y no queden manipuladas por fuerzas u orientaciones extrañas al mundo laboral. En la medida en que los sistemas no permitan el cumplimiento de estas aspiraciones justas, quedan abiertos esos sistemas a la erupción de huelgas de consecuencias incalculables, en cuya motivación entrarán no sólo la decisión del propio mundo del trabajo, sino también y, sobre todo, las injusticias no reparadas, que pesan gravemente sobre el estamento trabajador.

EVIDENTEMENTE, las consideraciones genéricas, pero reales, que acabamos de hacer tienen aplicación distinta, según los supuestos de los diferentes ordenamientos jurídicos. Para aquellos países en los cuales la regulación del derecho de huelga ofrece una laxitud insoportable, que tiraniza a la población, se impone una política fuertemente restrictiva del ejercicio de ese derecho. En los países cuya regulación del conflicto colectivo sea más parca, es evidente que lo dicho tendrá aplicación más escasa. Pero, en cualquier caso, lo que queda claro es que el ejercicio del derecho de huelga, como el ejercicio de cualquier derecho, debe quedar siempre sometido objetivamente a los intereses superiores del bien común, sin mengua alguna de la imperiosa satisfacción por otras vías de las necesidades de quienes quizá en ocasiones se vean obligados a recurrir a esos procedimientos.

 

< Volver