Andalucía     
 
 Ya.    23/06/1973.  Página: 7-8. Páginas: 2. Párrafos: 10. 

ANDALUCÍA

El Sínodo Diocesano de Sevilla ha terminado sus reuniones de trabajo. No disponemos todavía del texto oficial completo de las conclusiones, que seran promulgadas el próximo día 29. Pero d« la información publicada se infiere que los dínodales no han olvidado la difícil situación económico-social d* la región andaluza, lo que «n concreto se dice de Sevilla puede aplicarte, y a veces con mayor razón, a oirás provincias de Andalucía.

la Asamblea ha denunciado *el persistente desequilibrio en la distribución de la renta en todos los sectores" de aquella amplia zona. Antes de hablar del objeto de la denuncia, queremos dedicar unas líneas a! hecho en si de tal denuncia, ya que hoy día la conjugación del verbo "denunciar" está adquiriendo caracteres de inflación, determinada a veces por un prurito poliizador que desdice de la seriedad y del espíriu de concordia con que la Iglesia ha procedido siempre en la delicada tarea de criticar situaciones sociales de injusticia generalizada.

LEON XIII, primero, y Pío XI, después, a cuarenta años de distancia, denunciaron con palabras gravísimas los abusos terribles del capitalismo manchesteriano. En el orden político, denuncia, y grave denuncia, fue la que hizo Pío XI del nacionalsocialismo alemán. Y por lo que toca a la Iglesia española ahí están las cartas de nuestro Episcopado advirtiendo a los gobernantes de la U República Española los lamentables errores que inspiraron la legislación, dirigida por un espíritu sectario incorsiderable con la realidad española de aquel entonces.

La denuncia de las injusticias sociales no es propiamente un derecho, es más bien un deber urgente de la Iglesia, que tiene que defender la dignidad del hombre en la convivencia social, por ser esa dignidad factor y requisito indispensable para la recta vinculación de la persona humana hacia su indeclinable horizonte trascendente. No es, pues, extraño que el Sínodo Diocesano de Sevilla se ajuste a esta forma obligatoria de proceder. Lo ha hecho con fundamento, guardando el espíritu de paz y apuntando con claridad e una línea de evolución social más acelerada v dinámica.

ANDALUCIA es una región geográfica y culturamente rica, variada, compleja. Pero pesa sobre toda ella el común denominador de una desigualdad notoria todavía subsistente en la distribución de la renta. La inercia de siglos tarados por una inercia generalizada y »1 sentido equivocado de un anacrónico paternalismo social han provocado y mantienen esa situacion.

El problema social de Andalucía se centra preferentemente, aunque no se identifique totalmente, con el problema agrario. Es en el campo, sobre todo, donde siguen operando estructuras desfasadas de las exigencias de desarrollo y participación que la época impone y está logrando felizmente en otras regiones españolas.

No es fácil simplificar las realdades complejas, pero puede afirmarse, como han hecho-personas ilustres de la política nacional y como han advertido incansablemente grandes nombres del Episcopado contemporáneo de aquella región, que en la base de ese desajuste se halla un concepto señorial de la propiedad, desvinculado de las numerosas y graves obligaciones sociales y de las limitaciones crecientes que sobre la propiedad privada pesan en situaciones como la andaluza y en épocas de socialización como la que vivimos. Reiteradamente hemos defendido el principio de la transformación de la propiedad señorial en empresa agraria, con participación del obrero en el producto.

Al socaire de la concepción Individualista de la propiedad se ha ido manteniendo una indolencia en la iniciativa privada, tanto más de lamentar cuanto mayor es la función de desarrollo espontáneo que en derecho le corresponde. Por ello hay quienes piensan y abogan por un aumento sensible y rápido de la intervención del Estado que supla y llene las lagunas de la iniciativa privada en la región andaluza. No supondría tal aumento un afán de exceso intervencionista por parta de las autoridades centrales.

Constituiría una manifestación concreta, transitoria, de carácter instrumental, del principio capital regulador de la acción del Estado también en el orden económico: el de la acción subsidiaria, acción que obliga al Estado a acudir con sus medios propios allí donde la necesidad se impone.

LA salud de una economía nacional exige cierto equilibrio armónico en el desarrollo de todas las regiones. Cuando se dan, como en nuestro caso, desniveles acusados de renta entre las diferentes unidades territoriales de la nación, es necesario rellenar los fosos de la desigualdad. Los medios concretos, la política particular que se oriente a esta tarea unificadora, pertenece "iure proprio" al Estado. No incumbe, ni mucho menos, a la Iglesia. A ésta le corresponde solamente llamar la atención sobre los desniveles, hacerse oír potente de las necesidades colectivas y clamar por el remedio, pero con espíritu de servicio, de concordia y de paz.

Andalucía necesita reformas amplias y profundas de estructuras. Mucho pueden los particulares en esa línea. Pero es el Estado el que dispone dé mejores posibilidades para llevar a término feliz el remedio por la vía de una evolución sabiamente dirigida, rápida, enérgica y constante.

 

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