Autor: J. I. E.. 
   Retórica y legalidad     
 
 ABC.    13/11/1963.  Página: 48. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

ABC. MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 1963. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 48.

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RETORICA Y LEGALIDAD

Traemos hoy a nuestra página editorial dos textos que no son nuestros, pero cuya lectura consideramos será de gran interés para los lectores de ABC. Uno de ellos, "Retórica y legalidad", publicado en el vespertino "Madrid", el día II de noviembre, por guardar relación con una polémica reciente mantenida en nuestras columnas y añadir puntualizaciones de gran interés. El otro, titulado "Politica de integración", publicado en "Ya" ayer, 12 de noviembre, por la ponderación y equilibrio de sus juicios.

En una reciente polémica de Prensa sobre el problema de la Monarquía se han acalorado las plumas y se han imputado recíprocamente los dialogantes la inadmisibilidad de su retórica. No creemos que las extralimitaciones fueran para tanto. Cierto que el punto de arranque fueron unas cuantas incongruencias, con estilo de improvisación de mesa de café, que pretendían dar de la Monarquía una imagen sin el más leve parecido con la realidad. Pero estas deformaciones, en todos los terrenos y en todas partes, son lo normal en la llamada "izquierda intelectual". Son tantas, por otra parte, las toneladas de tinta y papel empleadas desde los tiempos de Aristóteles en defender las ventajas y los inconvenientes respectivos de cada una de las formas de gobierno, que parece, difícil replantear el tema con originalidad, sin exponerse a dejar una brecha abierta al adversario. Pero si es evidente que en el copioso arsenal suministrado por tantos siglos de polémica pueden encontrarse argumentos para todos los gustos, quizá el que tuviera tiempo y afición para repasarlos todos objetivamente y comparar, además, la teoría con la experiencia histórica se sentiría muy inclinado a pensar que la Monarquía es verdaderamente el peor sistema político conocido si se exceptúan todos los demás.

En principio, es indiscutible el derecho de cada cual de aplicar esa conclusión al régimen de sus preferencias y aún de estimar, si quiere, que existe alguno positivamente perfecto, defendiéndolo con los argumentos que le vengan más a la mano, como, por su parte, ha hecho alguno, llegando a decir en medio de la trifulca que la República tiene tanta tradición histórica como la Monarquía, lo que sólo sería cierto si se sitúan en el mismo plano a la República de Platón o la de Venecia con las Monarquías que hicieron la grandeza de Europa, pero que, desde luego, nos deja perplejos en cuanto a la tradición republicana de España dentro de la línea histórica que va desde Ataúlfo a Franco, pasando por Recaredo, don Pelayo, Carlos V y Alfonso XIII.

Sin negar el interés que, indudablemente, revisten las discusiones doctrinales, no hay que olvidar que aquí se trata solamente de eso, de discusiones doctrinales, que en nada afectan al hecho de la legalidad vigente, que todo el mundo, sean cuales fueren sus opiniones, está obligado a respetar, porque es lo único que garantiza la convivencia pacífica de los españoles y asegura la continuación del Movimiento, que tanta sangre nos costó fundar. Y la legalidad vigente, en cuanto a la cuestión debatida, está claramente definida en el principio séptimo del Movimiento, según el cual España es una Monarquía tradicional, católica, representativa y social.

La Monarquía en España no es. pues, una posibilidad, entre otras, de futuro. Es la legalidad actual. Podrá existir aquí, como en todos los países del mundo, una cuestión sucesoria. Pero tendrá que resolverse dentro de la legalidad vigente. Después del general Franco, otra persona tendrá que asumir la Jefatura del Estado. Pero dentro de la legalidad no hay opción; sólo cabe continuar la Monarquía tradicional, católica, social y representativa, encarnada hoy en Franco por un conjunto de circunstancias irrepetibles, que le han atribuido esa indiscutible representación, y que el día de mañana habrá de encarnar el Rey. Asegurar esa normal continuación, llamando al Rey legítimo y exigiéndole el juramento a los principios y leyes fundamentales del Movimiento, sera la incumbencia de los organismos nombrados por la ley de Sucesión promulgada en fecha anterior a la declaración de principios.

Estamos conformes, pues, en que no viene a cuento ahora hablar de restauraciones o instauraciones. La Monarquía ha sido ya instaurada o restaurada, como más le guste a cada cual, desde el año 1936. Sólo tenemos ante nosotros el problema de continuarla y continuar el Movimiento el día de mañana, ateniéndonos todos estrictamente a la legalidad vigente. Lo contrario, el intento de romper esta legalidad y abrir un período constituyente, donde cada cual pretendiera imponer sus preferencias personales, significaría la apertura de otra guerra civil. Y esto no hay duda que, con independencia del número de monárquicos o de republicanos que pueda haber en España, es lo que tiene menos partidarios.

Inexplicablemente, algunos sectores pretenden no verlo así. Cuando con motivo de la aprobación por las Cortes de la ley de funcionarios pronunció el señor Carrero Blanco un importante discurso, afirmando la intangibilidad de los principios del Movimiento "permanentes e intocables", hubo significativos silencios de Prensa en torno a esta afirmación. Pero la verdad es que la polémica actual carecería de todo sentido dentro de la normal aceptación de los principios del Movimiento,a que aludió en aquella ocasión el señor Carrero. Ello no significa negar el encanto que produce la lectura de muchos de los argumentos que se han invocado ahora como, por ejemplo, el referente a la posible relación entre la Monarquía y el derecho de los obreros a usar gabardina. Sobre esto, si alguno lo estima verdaderamente importante, como sobre cualquier otro problema análogo, junto con otros más serios y decisivos, como el de la necesidad de seguir aumentando la renta nacional y los modos de hacerlo, el de distribuirla del modo más justo posible, etcétera, etcétera, podrá seguirse discutiendo todo lo que se quiera para hacer prevalecer la solución que mejor convenga al interés nacional. Pero todo dentro del > marco de la legalidad vigente, que es la de la Monarquía, precisamente para darle la mayor amplitud y elasticidad a todas las discusiones sobre problemas prácticos y concretos, que son los que verdaderamente interesan.

"Madrid", II-XI-63.

J. I. E.

 

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