España, el Mercado Común y la alimentación     
 
 Informaciones.    19/06/1973.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

INFORMACIONES

España, el Mercado Común y la alimentación

El Mercado Común no es sólo la Europa de los productos, sino también la de los consumidores. Así se

recuerda en el editorial del suplemento europeo que hoy publicamos, y que suscriben conjuntamente las

Redacciones de «Le Monde», «La Stampa», «The Times» y «Die Welt». Y esa comunidad de

consumidores hace que se achaque a la CEE la responsabilidad de que una barra de pan suba de precio en

Sicilia o en París, en Londres o en Hamburgo. Y diríamos que se achaca bien cuando la Comunidad

intenta solidificar una política agrícola y ganadera común que inevitablemente traería de la mano unas

condiciones Igualitarias para todos los consumidores de la Europa Unida.

Las manifestaciones públicas de los productores alimenticios europeos fueron no hace mucho duras y

hasta sangrientas. Lentamente les va tocando el turno de alzar la voz a los consumidores que aspiran a que

las ventajas de la Comunidad alcancen a la parte proporcionalmente más importante de todo presupuesto

familiar: la alimentación. El consumidor europeo, valga el ejemplo, quiere saber por qué la Comunidad

Económica Europea tiene unos mayestáticos excedentes de mantequilla que acaban vendiéndose en Chile

—vía exportación a la URSS— a precio más bajo que en Roma, o Lyon, o Dublín. El consumidor

europeo quiere saber por qué falta carne, por qué Italia ha de monopolizar el refino del aceite de oliva de

procedencia española o por qué disminuye la rentabilidad de las explotaciones de trigo.

La posición española ante estos problemas, planteados en el suplemento europeo que hoy ofrecemos,

junto a la panorámica siempre interesante de la gastronomía comunitaria, es inversa a la de los

consumidores del Mercado Común. Si los problemas de alimentación de cada país comunitario se suman

a la problemática que plantea la Integración, en España los fallos aún no resueltos de nuestras estructuras

agropecuarias y redes de comercialización se añaden a la falta de integración continental y a la

subsiguiente pérdida de mercados exteriores. Precisamente en el único terreno donde podíamos ser

cumplidamente competitivos.

Sobradamente competitivos son los fundados temores de nuestros agricultores y ganaderos ante el

callejón, aparentemente sin salida, en que están metidas nuestras negociaciones periféricas con la CEE. El

malestar reinante en el campo español —palpable en las reuniones de las Hermandades de Labradores y

Ganaderos— es absolutamente lógico cuando aún puede escucharse que España ha dejado de ser un país

agrícola precisamente en los momentos en que su desarrollo competitivo resulta espectacular. Se acusa al

campo de ser el motor de la inflación y de encarecer la cesta de la compra mientras subsisten abismos —

no imputables a los agricultores— entre los precios que cobra el productor y paga el consumidor. Y todo

ello con el telón de fondo de una probable pérdida de mercados provocada por nuestra exclusión

comunitaria.

Agricultores, ganaderos, pescadores, sustentan una industria alimenticia que totaliza una producción de

150.000 millones de pesetas año y que ha colocado a 37 firmas entre las 300 mayores empresas del país.

La alimentación en España es una industria aquejada de todos los problemas que se quieran; propios,

como el minifundio empresarial o el cómodo hábito de las producciones compradas por el Estado; o

ajenos, como la falta de transparencia de los mercados interiores o el cada vez más difícil acceso a los

exteriores más próximos. Pero esos problemas deben resolverse en una opción política sobre la

agricultura, la ganadería, la pesca, la producción de bebidas, el circuito alimenticio, en suma, sin jugar

todas las cartas a las posibilidades estrictamente industriales y menos acusar al «campo» de constituir

poco menos que una rémora del desarrollo.

En un contexto comunitario no podríamos aquí dejar de apuntar la anécdota de la aplicación comunitaria

de muchas líneas maestras de nuestro no nato Código Alimentario. Elaborado con sumo cuidado por

nuestros expertos entre 1960 y 1966, y aprobado en 1967, aún no ha entrado en vigor. Sin embargo, otras

naciones del continente lo han estudiado a su vez antes de redactar los suyos propios. Implantar en

España el Código Alimentario —se dice— traería nuevos encarecimientos de la cesta de la compra. Es

muy posible. Así hubiera ocurrido en 1967 de haberlo puesto en vigor; y ahora las deficiencias

estructurales propias y ajenas de los circuitos de producción y distribución alimenticias habrían ya sido

resueltas.

 

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