Catedráticos de Derecho Internacional opinan sobre el problema pesquero. 
 Pesimismo general ante las negociaciones España - CEE     
 
 Ya.    22/12/1976.  Páginas: 1. Párrafos: 20. 

22-XII-76

Catedráticos de Derecho Internacional opinan sobre el problema pesquero

PESIMISMO GENERAL ANTE LAS NEGOCIACIONES ESPAÑA-CEE

Don Julio González Campos:El problema debió ser previsto por la Administración" Don Mariano Aguilar Navarro: "La CEE no ha hecho sino seguir una costumbre iniciada en 1950" • Don Juan Antonio Carrillo Salcedo: "La decisión de la CEE no es contraria al Derecho Internacional".

La declaración unilateral de la Comunidad Económica Europea en el sentido de limitar al uso exclusivo de los países miembros el aprovechamiento pesquero en un área de doscientas millas ha supuesto para este sector español una contrariedad que puede alcanzar la categoría de desastre en algunos subsectores. La reacción española, desde todos los ámbitos, ha sido la de condenar la susodicha declaración unilateral poniendo de manifiesto los derechos históricos que nuestra flota posee. Al tiempo, y penetrando en un terreno práctico, una comisión española afronta en la actualidad negociaciones bilaterales con la CEE.

Por nuestra parte, y en un intento de cubrir todos los ángulos de tan serio problema, hemos querido presentarles hoy la opinión de tres personalidades que tienen mucho que decir sobre los aspectos legales de la cuestión. He aquí, pues, la opinión cualificada de ellos.

"Negociar hasta nuestra entrada en la CEE"

DON JULIO GONZÁLEZ CAMPOS, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Oviedo, miembro de la delegación española en la Conferencia del Mar.

El problema que ahora se plantea pudo y debió ser previsto por Administración, pues se halla latente desde hace bastantes años, al menos desde 1970, pues el 20 de octubre de ese año se propugnan los reglamentos 2.141 y 2.142, que crean las bases del acceso común a los recursos pesqueros.

En 1972, cuando se amplía la Comunidad Económica Europea, el problema pesquero tuvo una gran importancia, que se refleja en los artículos 100 a 103 del acta de adhesión.

-Cuando en 1974 se abrió en las Islas Canarias la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar estaba consolidado el proceso de exención de las jurisdicciones pesqueras a las doscientas millas, y en la conferencia los estados de la Comunidad advirtieron de las extensiones las doscientas millas. Por tanto, para nadie era un secreto desde hace bastantes años, que existía una política pesquera de la Comunidad, y que ello podía conducir a la extensión de las jurisdicciones de los países miembros. En segundo lugar, si el problema de la pesca española en aguas de la Comunidad surge hoy con carácter grave, se debe no sólo a la actitud de la misma, sino también a las condiciones políticas que han existido en España, y que han retrasado nuestra inclusión en la Comunidad: es un legado más de los problemas nacionales que el franquismo no ha resuelto. Ahora bien, de cara al futuro creo que existen dos opciones.

Una es la progresiva retirada, incluso en un período largo de tiempo, de nuestra flota pesquera de estas aguas. Más positivo sería partir de una voluntad real de ingreso en la Comunidad y tratar de lograr en la negociación en curso el mantenimiento del estado de cosas actual, tanto en lo que respecta a las áreas de pesca, las especies y el esfuerzo pesquero que aquí se ha venido desarrollando por España. Y ello hasta una fecha concreta: la del 31 de diciembre de 1982, fecha que señala el artículo 103 de nuestra adhesión a la Comunidad, como aquella en que ha de producirse una revisión general de la política comunitaria en materia de pesca. De este modo, si nos incorporamos como miembros a la Comunidad antes de esa fecha, estaríamos en una posición más favorable de cara a la ulterior aplicación de la política comunitaria.

Complementarianente cabría establecer por España una zona económica de doscientas millas para restablecer el equilibrio en el sector del Cantábrico; esta zona podría reconocer derechos históricos a los países de la Comunidad que han venido faenando en las aguas, que quedarían bajo jurisdicción española.

Por último, lo que me preocupa como ciudadano es que cada problema pesquero que se ha venido produciendo, sólo ha sido solucionado con una técnica "a posteriori", sin que nunca hayamos sabido cuál ha sido la política de la Administración en materia de pesca, siendo que la crisis de Canadá, de África y de otros sectores, como ahora el de la Comunidad, hacen urgente que se abra un debate para exigir las responsabilidades que procedan a la Administración, para clarificar la política del Gobierno en materia de pesca.

"Pagamos el precio del aislacionismo de estos cuarenta años"

DON MARIANO AGUILAR

NAVARRO, catedrático de

Derecho Internacional

En lo relativo a la extensión de las aguas jurisdiccionales como en lo relativo a la determinación de los espacios marítimos susceptibles de ser utilizados, tanto a efectos de régimen de pesquerías como de la explotación de los fondos submarinos, constituye una temática realmente nueva en el terreno del Derecho Internacional Público, por cuanto el Derecho Internacional clásico a lo más que había llegado con relación a 1os espacios marítimos es a distinguir las aguas jurisdiccionales, o mar territorial, la llamada zona contigua, que ya no era un concepto universalmente admitido, y todo lo que estuviera más allá de esa zona contigua era lo que se venía a denominar el alta mar. Más o menos cuando nos acercamos a la segunda guerra mundial, y sobre todo después, se introducen una serie de modificaciones en lo que se va a denominar la plataforma continental, y sobre todo en lo que se va a entender como una zona de explotación pesquera, y después, ya en tiempos relativamente recientes, el problema de los fondos marinos.

En realidad ya hay precedentes de lo que se ha venido a denominar una costumbre "salvaje"; en este sentido ya en la década del cincuenta, utilizando la teoría del acto jurídico unilateral, se ha extendido el aprovechamiento pesquero hasta el límite de las doscientas millas, y la CEE no ha hecho sino seguir en esa línea antes apuntada, y que había sido implantada por Estados de América del Sur, africanas, Canadá, Estados Unidos, etc.

En cualquier caso conviene destacar cómo esta cuestión se encuentra ligada a la de la instauración de un nuevo orden económico mundial, el cómo la mayoría de los países en vías de desarrollo que lo propugnan hacen de esta extensión uno de los puntos a considerar.

Centrados en el caso español he de manifestar que el aislacionismo político de estos cuarenta años tiene un precio, y esto es ya casi irreversible. Si nosotros hubiéramos estado incluidos en alguno de los múltiples bloques internacionales que existen, no nos encontraríamos en esta situación desaira-da. Si hubiéramos pertenecido a la CEE, cosa no demasiado difícil en su día, pero más que problemática hoy en cuanto a que ya existen unos condicionamientos económicos que superan a los retoques políticos que queramos introducir para estar homologados desde ese punto de vista.

"Cabe esperar que la CEE no incurra en actitudes intransigentes"

DON JUAN ANTONIO CARRILLO SALCEDO, decano de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la delegación española en la última Conferencia del Mar

En los últimos años la cuestión de la extensión de las competencias de los Estados ribereños en materia de pesca ha pasado al primer plano de la actualidad por las decisiones de los Estados que han extendido sus competencias en materia de pesca y porque ha llegado incluso a afirmarse que el Derecho Internacional no regula este problema.

En este contexto se sitúa la decisión de la Comunidad Económica Europea, que origina, respecto de España, un problema que sólo puede encontrar solución en las acomodaciones recíprocas, fruto de actitudes razonables y de un espíritu de cooperación.

En sí, las nociones de zona eco-nómica exclusiva o de zona exclusiva de pesca no son contrarias al Derecho Internacional, y la Comunidad Económica Europea puede alegar en su favor el Derecho Internacional en formación, el nuevo Derecho Internacional del Mar; pero no debiera perderse de vista la existencia de otros datos jurídicos presentes en el problema, como, por ejemplo, el convenio europeo sobre pesca, hecho en Londres el 9 de marzo de 1964.

Los países de la CEE son de los últimos en llegar a las doscientas millas, y cabe esperar que por razones de justicia y de equidad, por razones jurídicas también, no incurran en el error de actitudes intransigentes ni egoístas. Acaso las capturas españolas en la zona que va a pasar a ser de competencia exclusiva de los países miembros de la CEE no representen un alto porcentaje en el producto nacional bruto español, pero hay que tener en cuenta que afectan a un sector muy complejo, en gran parte en situación de depresión, y muy sensibilizado, originando indudablemente un grave conflicto de intereses y jurídico.

España paga así el costoso precio de no formar parte de la CEE, así como el de un innegable aislamiento político y jurídico. No obstante, existen argumentos jurídicos, derivados de tratados bilaterales en algún caso y del tratado de Londres de 1964, que pueden ser opuestos a la Comunidad y que podrán contribuir al logro de una solución negociada. En este sentido, además, la respuesta española ha sido inmediata.

 

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