Precios agrarios (I). 
 Fin del paternalismo y sistema legal y automático de protección     
 
 Ya.    27/10/1977.  Página: 24. Páginas: 1. Párrafos: 9. 

YA — Pag. 24

ECONOMÍA

PRECIOS AGRARIOS (I)

Fin del paternalismo y sistema legal y automático de protección

Debe ser el principio fundamental de una nueva ley sobre regulación y ordenación de producciones y

precios agrícolas • Dentro de la nueva filosofía democrática, se debe empezar por el "pacto agrario".

EL tema de los precios agra-ríos está al rojo vivo. Guerra de la patata, del olivar, del algodón, y...

¿cuántas más pueden venir?

Es posible que con cada una de esas guerras acabe accediendo la Administración a subir los precios o a

subvencionar, pero lo que nos falta es una filosofía sobre los precios y las subvenciones, basada en una

nueva concepción del FORPPA. Lo que precisamos a toda máquina, sin esperar a la Constitución, es una

nueva ley sobre regulación y ordenación de producciones y precios agrarios.

Su principio fundamental tendría que ser éste, reclamado por ARA desde su asamblea nacional del pasado

año: "Fin del paternalismo del FORPPA, sistema legal y automático de protección". Ahora los agricul-

tores tienen que quitarse el sombrero ante el ministro para que "acceda" el Gobierno a subvencionar. O lo

consiguen por la brava, con los tractores echados en las cunetas y las pancartas ofrecidas a los fotógrafos

de la prensa. Aprendamos en esto de la CEE, puesto que a ella nos encaminamos; montemos un sistema

de automatismos, pero ¿sobre qué base? Aquí reside el quid de la cuestión.

Hay dos métodos de afrontar el problema de los precios, el angloamericano de los "deficiency payments"

y el de la CEE de los precios políticos. En el primero juega a fondo el mercado internacional, se

mantienen así más bajos los precios al consumo. El Estado paga al agricultor la diferencia entre el precio

percibido y el precio ideal establecido, con lo cual queda garantizada la rentabilidad de su explotación.

Este sistema lo vienen practican-do los ingleses con gran éxito después de la segunda guerra mundial, y

Carter 10 impuso tan pronto llegó a la Presidencia de los E.E.U.U. A mí me ha parecido siempre superior

al otro. Los británicos no parecen dispuestos a cambiarlo. En el Congreso del partido laborista que acaba

de celebrarse lo han vuelto a reclamar, censurando la política agrícola comunitaria. Ello es lógico: la

política de precios agrícolas bajos y subvenciones estatales es la que rima con la filosofía social de-

mócrata del partido laborista o con el populismo del partido demócrata, pues así se defiende el poder

adquisitivo de las clases trabajadoras, echando la carga de la subvención, a través del impuesto, sobre los

que más tienen, sobre todo allí donde existe una imposición progresiva y bastante honestidad fiscal.

EL sistema francés y comunitario fija unos precios políticos que debe pagar el consumidor. Si sube el

trigo, sube el pan. Todos pagan la subida. El sostenimiento de la agricultura lo paga el que come, y ya que

en ello cabe poca diferencia, resulta que todos financian más o menos por igual, lo que en definitiva

constituye una forma de imposición indirecta. No sólo ello es injusto, sino que va contra el principio del

"libre cambio internacional" , tan caro a los ingleses, y, además, favorece el mantenimiento de estructuras

productivas arcaicas, que es justamente contra lo que claman los socios británicos de la Comunidad,

enemigos acérrimos de su política agrícola.

Conviene advertir, sin embargo, que en la práctica las cosas no aparecen tan diáfanas como en la teoría.

De hecho, la CEE utiliza ampliamente las ayudas de todo tipo, y la verdad es que si sus agricultores se

contentan con subidas de precios del 5 por 100 es porque están siete veces más subvencionados que los

españoles. No estará de más recordar que los "deliciency payments" los puede practicar mejor un país al-

tamente industrializado, con una población agrícola inferior al 5 por 100. que es el caso angloamericano.

Nuestro sistema está más próximo del continental, pero con un notable subdesarrollo legislativo

y político que en la nueva etapa democrática hemos de superar. ¿Cómo articular una solución de

futuro?

EL PACTO AGRARIO

Este es el primer punto de la nueva filosofía democrática; un entendimiento anual entre la Administración

y las organizaciones profesionales agrarias semejante al que se logra en Francia en la "conferencia anual

de la agricultura", o en Inglaterra, con motivo del Annual Review. Si no hay acuerdo con el ministro,

arbitra el presidente del Gobierno, pero es de todo punto necesario establecer unas líneas maestras sobre

los precios del período siguiente, y no sólo sobre los precios, sino sobre política agraria en general a corto

plazo, intereses de los préstamos, subvenciones de costos, etc.

LAS REGLAMENTACIONES POR PRODUCTOS

Sobre esa base que acabo de citar pueden establecerse las reglamentaciones de campaña que ahora se

hacen ciertamente, pero sin consenso democrático, y, además, sin llegar más que, al comercio mayorista,

con lo cual quedan desprotegidos lo mismo los agricultores que los consumidores. Hay que abarcar el

circuito completo, igual que en la CEE. Las reglamentaciones deben publicarse antes de la siembra para

saber a qué atenernos. Los precios se revisarían luego, antes de la cosecha, según fórmulas polinómicas,

para adaptarlas al nivel general de inflación. Garantizarían, en fin, la estabilidad de los precios, ligada a la

de los costos, lo cual es vital, sobre todo para la ganadería.

Alberto BALLABIN MARCIAL

 

< Volver