Autor: AGAMENÓN. 
   La entrada en la CEE: Un reto a la Administración     
 
 Diario 16.    12/12/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 16. 

La entrada en la CEE: Un reto a la Administración

Agamenón

En las últimas semanas la prensa madrileña ha venido publicando informaciones acerca de la posible

constitución de una Secretaría de Estado para relaciones con la CCE.

La creación de tal organismo iba a ser más o menos inmediata. Ahora quizá se retrase. ¿Estamos en

presencia de una de las habituales querellas tan caras a los cuadros, menos cambiados de lo que en

apariencia cabría pensar, que se formaron en la Administración del franquismo? O, por el contrario, ¿nos

encontramos ante una cuestión lo suficientemente compleja como para que el Gobierno Suárez no obre

con su habitual alegría en materia administrativa?

Liberalización de intercambios

El tema es importante porque su solución condicionará en buena medida la lenta marcha de nuestra

incorporación a la CEE. Quizá, por consiguiente, la prudencia gubernamental responda a una percepción -

siquiera brumosa - de las consecuencias que a largo plazo tendría una decisión precipitada.

El carácter y la actuación del órgano administrativo que se constituya debe reflejar de la manera más

precisa posible el tipo de problemas y repercusiones que para la economía y la sociedad españoles

comportará la integración en la Comunidad.

Tales efectos serán, en ello no cabe engañarse, extraordinariamente importantes e incluso decisivos para

la configuración de nuestro futuro. Pocos serán los sectores económicos que a ellos se sustraigan. Ahora

bien, a juzgar por la marcha hasta ahora constatada de la Comunidad, los problemas básicos surgirán

como consecuencia de la liberalización ineludible de nuestros intercambios comerciales, no sólo con los

demás países miembros del Mercado Común, sino también con el resto del mundo.

Consecuencias inmediatas

No es difícil prever que las consecuencias inmediatas se traducirán en volúmenes de desempleo de mano

de obra y de capital en las líneas de producción que no puedan competir con las comunitarias y de

terceros países. También aparecerán grandes dificultades de ajuste en muchas otras que requerirán una

dosificación precisa de ayudas y facilidades muy diversas por parte de la Administración. Es decir, las

repercusiones serán mayoritariamente de carácter interno y conllevarán la forzosa reestructuración de la

economía española afectando esencialmente a los dos factores básicos de la producción: trabajo y capital.

En esta perspectiva, no parece discutible la conveniencia de crear un órgano que vaya estudiando y

preparando los necesarios mecanismos de ajuste. Aun cuando ya se ha solicitado formalmente la adhesión

de España a la CEE, la triste realidad es que esta decisión se ha tomado sin haber iniciado seriamente

dicha tarea. Tal afirmación sorprenderá sólo a quienes no han seguido de cerca la lamentable trayectoria

del antiguo régimen en esta materia. Responde, sin embargo, a una constatación tan desoladora como

cierta.

Funciones mínimas

La mera enunciación del carácter básico de las consecuencias de la incorporación de España al Mercado

Común muestra que tales repercusiones se extenderán a prácticamente todas las parcelas de la política

económica en un contexto en el cual la Administración española no habrá superado sus viejos esquemas

de taifisrno y deseoordina-ción.

Parece clara la necesidad de que el órgano a constituir realice, cuando menos, las siguientes funciones:

a) Análisis de los efectos económicos probables que vayan a derivarse de la integración en la CEE

para los diversos sectores.

b) Formulación de una política racional de reestructuración productiva que permita reducir al

mínimo los costes de tales efectos.

c) Coordinación de la puesta en práctica de tal política.

En definitiva, una labor de programación y negociación con los intereses nacionales afectados y las

instancias en que se articulan a nivel de Administración, patronales y sindicatos obreros.

Frente a esta concepción ambiciosa y necesaria, los primeros tiros del Gobierno parecen apuntar en otra

dirección: a la configuración de un órgano administrativo orientado esencialmente por los aspectos de

negociación con la Comunidad. Esta tarea es, sin duda, imprescindible, pero resulta secundaria y

subordinada a las funciones básicas señaladas anteriormente que han de resolverse en la discusión y

confrontación con empresarios y trabajadores.

Amplitud del problema

Si esta argumentación es correcta, parece evidente que la presunta Secretaría de Estado para relaciones

con la CEE está, en principio, mal denominada. El órgano que asuma la problemática que hemos indicado

habría de tener carácter interministerial y depender directamente de quien en cada momento pueda marcar

las líneas fundamentales de la política económica del país. En modo alguno debería ubicarse en un

Ministerio cuya capacidad de programación y gestión sería atacada por los demás, como ha ocurrido

tradicional y divertidamente bajo el franquismo.

Cabe pensar que, ante los retos planteados a la economía y a la sociedad españolas, los problemas de

configuración administrativa son secundarios. Ahora bien, si la Administración es incapaz de ofrecerles

una respuesta racional en el tema que nos ocupa, las consecuencias derivadas de la adhesión de España a

la Comunidad podrían ser mucho más gravosas para nuestros trabajadores y empresarios que el

mantenimiento de la situación actual. En último término, el problema no es meramente administrativo.

 

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