Autor: Rodríguez Inciarte, Matías. 
   España y las Comunidades Europeas: un debate necesario     
 
 El País.    24/02/1979.  Páginas: 1. Párrafos: 16. 

TRIBUNA LIBRE

EL PAÍS, sábado 24 de febrero de 1979

MATÍAS RODRÍGUEZ INCIARTE

Secretario general para las relaciones con las Comunidades Europeas

España y las Comunidades Europeas: un debate necesario

Luis Alcaide, en un inteligente artículo publicado hace pocos días en estas mismas páginas (9-2-79),

inicia un debate sobre la que podríamos denominar «opción europea» de España, que es, al mismo

tiempo, útil y oportuno.

Las negociaciones para la adhesión de España a las Comunidades Europeas han comenzado el pasado día

5 de febrero y puede ser un buen momento para reflexionar sobre algunos de los argumentos que se han

esgrimido, a lo largo de los últimos años, en favor de nuestra adhesión.

La opción europea se ha planteado, ante todo, como opción política. En un mundo caracterizado por la

presencia de grandes bloques, el aislacionismo tiene un coste político indudable y es razonable dudar de

la existencia de alternativas políticas para un país cuya Constitución configura como una democracia con

un modelo de economía social de mercado. Los distintos partidos políticos que obtuvieron representación

parlamentaria en las elecciones del pasado 15 de junio, lo entendieron así e incluyeron en sus programas

de política exterior la integración de España a las Comunidades.

La integración, fruto de ana intuición política

Con todo, ante algunos sectores del pueblo español —tal vez, porque no ha habido un debate en

profundidad sobre esta materia— la decisión de integrarse en las Comunidades aparece más como el fruto

de una intuición política que como el resultado de una reflexión detenida. No puede ser de otra manera.

Quienes hayan seguido de cerca las vicisitudes del proceso que llevó a la integración de Gran Bretaña a

las Comunidades han podido advertir el profundo contenido ideológico del debate. Los intentos de

racionalización técnica quedaron ocultos tras una definición ideológica que, a pesar de no coincidir

exactamente con las líneas de partido, sí diferenciaba con claridad los sectores moderados de los más

radicales. De esta forma, pese a los intentos, ni los partidarios ni los contrarios de la integración pudieron

utilizar —como definitiva arma arrojadiza— un balance técnico de los resultados previsibles de la

integración. Quienes en España, hemos ensayado este ejercicio, no exento de frustraciones, hemos llegado

a conclusiones no muy diferentes. La dificultad de proyectar de forma dinámica, en un mundo en crisis,

los resultados de un modelo estático que explore el balance económico de la integración es evidente.

Porque, en definitiva, todos los aspectos están muy condicionados por la política que se practique hasta el

momento de la adhesión. El grado de competencia, en el sector industrial, no es ajeno a la evolución de la

competitividad exterior, a su vez muy condicionada por el comportamiento de los costes y del tipo de

cambio. Las oportunidades y los riesgos, en el sector agrícola estarán, sin duda, también influidos por la

política agrícola que se practique en los próximos años, ya que parece obvio que si la necesaria

reestructuración no se hace de espaldas a la Comunidad, los costes y riesgos del proceso de adhesión se

verán considerablemente moderados. Estos dos ejemplos pueden ser suficientemente expresivos del grado

de interrelación existente entre las consecuencias del proceso de adhesión y la política económica que se

ejecute en los próximos años.

Pero resaltar las dificultades de un análisis, no debe impedirnos acudir a una serie de razonamientos

objetivos de partida a los que cabe tratar de una manera estática:

1. El intercambio comercial. El denostado intercambio comercial puede ser una herramienta tosca de

análisis, pero pertenece a ese mundo de las realidades objetivas que es imposible olvidar.

Un 46% de nuestras exportaciones se dirige, hoy, a los países que constituyen la Comunidad Económica

Europea. Pues bien, si renunciáramos a integrarnos en la Comunidad, esa mitad, aproximadamente, de

nuestra exportación se vería discriminada en los mercados comunitarios. La CEE, como es bien conocido,

mantiene un acuerdo de libre cambio con los países de la EFTA (Austria, Finlandia, Islandia, Noruega,

Portugal, Suecia y Suiza). Además, aplica otro tipo de sistemas (preferencias generalizadas, convención

de Lomé) que conceden a terceros países posiciones ventajosas en el mercado comunitario. Todo ello sin

olvidar que los otros países candidatos en esta segunda ampliación comunitaria: Grecia y Portugal

llegaran a la Unión Aduanera al final del período transitorio. En estas condiciones, si España renunciara a

la adhesión, sería prácticamente el único país del occidente europeo cuya exportación estaría discriminada

en los mercados comunitarios y uno de los pocos países industrializados en esta situación.

Se podría argumentar que la negociación de una zona de libre cambio con la Comunidad obviaría estos

problemas, pero no es menos cierto que las importantes concesiones en este ámbito que España debería

realizar no tendrían las adecuadas compensaciones agrícolas, por lo que, en definitiva, el ejercicio

arrojaría un balance manifiestamente desequilibrado. Por último, una zona de libre cambio tampoco daría

respuesta a algunos de los problemas que evocaré a continuación.

2. La mano de obra. Hoy, alrededor de 450.000 españoles trabajan en los países de la Comunidad. Es

indudable que la defensa de sus intereses se realizará mejor si España se adhiere a la Comunidad que si,

por el contrario, permanecemos fuera de su ámbito. Esto, como en el razonamiento anterior, en un análisis

puramente estático. Sin acudir al derecho de la libre circulación que figura inequívocamente destacado en

el artículo 48 del tratado de Roma. El plazo, para el pleno ejercicio de este derecho será objeto de la

negociación para la adhesión y los diez años señalados en el dictamen de la Comisión constituyen un

máximo general para todos los sectores, pero no necesariamente un objetivo.

Cooperación internacional frente a la crisis

3. El ajuste económico. El desarrollo de la crisis económica iniciada en el otoño de 1972 ha mostrado,

una vez más, la necesidad de hacer frente a las consecuencias de la misma en un marco de cooperación

internacional. Caben, a este respecto, diversas alternativas: las conversaciones en el seno de la OCDE, el

esfuerzo del FMI, los ensayos liberalizado-res negociados en el GATT, el diálogo Norte-Sur... Todos

estos son, sin embargo, intentos parciales de carácter, salvo el GATT, escasamente normativo y que no

incorporan disciplinas o mecanismos solidarios de ajuste. Las Comunidades Europeas no son, tampoco,

un modelo en este sentido y la coordinación de políticas se ha realizado más por el mecanismo clásico de

«trasladar la crisis al vecino» que a través de medidas que incorporen una verdadera solidaridad

internacional.

Ahora bien, la fuerza de las cosas están obligando a la Comunidad a revisar sus hipótesis y sus

mecanismos instrumentales. La aprobación, por el Consejo Europeo el pasado mes de diciembre del

Sistema Monetario Europeo, retrasado en su entrada en vigor por las dificultades de la política «agro-

monetaria» significa, al menos, la existencia de una voluntad política para coordinar más eficazmente las

políticas económicas de los países miembros. El esquema del SME no es nada si no va acompañado de

una voluntad deliberada de disciplina económica y monetaria. Los pasos, en la Comunidad, son lentos y

tal vez ambiguos, pero difícilmente reversibles y la instrumentación del SME tenderá a una mayor

estabilidad monetaria en los países miembros a través de una mayor disciplina y de una coordinación más

estricta de sus políticas económicas. No puede perjudicar a nuestros intereses el asociarnos, en un

momento futuro, a esta coordinación o aceptar esas disciplinas.

El análisis, aun a riesgo de caer en lo que podríamos denominar «tentación tecnocrática», aporta datos

positivos para la reflexión. No están incluidos todos y el estudio podría hacerse con mayor profundidad.

Esto no es, sin embargo, el terreno para el gran debate como tampoco lo es probablemente el puro

examen político sujeto a demasiados elementos de naturaleza intangible. El campo del debate es, a mi

juicio, el futuro de la economía española y la definición de en qué medida este futuro puede verse

beneficiado o perjudicado por nuestra adhesión a las Comunidades Europeas. Vayan, a continuación,

algunos elementos para una reflexión en esta manteria.

La adhesión de España a las Comunidades Europeas implicará la aceptación de un modelo económico,

plenamente compatible con el definido en nuestra Constitución, con un reflejo instrumental contrastable

en la diversidad de las economías de los países hoy miembros de la Comunidad. Es cierto que el

comportamiento de las economías de estos países no ha sido afectado de manera positiva y uniforme por

la integración, pero también es cierto que el sendero que España debería seguir hacia una economía más

abierta, menos proteccionista y más liberal no se verá obstaculizado por una integración en Europa. En

efecto, el progreso hacia la Unión Aduanera con la Comunidad pasa por un desmantelamiento progresivo

y prudente de los residuos del proteccionismo exterior de nuestra economía con arreglo a un calendario

que implica el establecimiento de unos niveles mínimos de desarme, que nada nos impide acelerar si las

necesidades de la política económica interna lo hicieran aconsejable.

La regulación de las campañas agrícolas

La adopción de la política agrícola común y la Unión Aduanera agrícola no nos apartan de un camino que

elegimos libremente hace ya algunos años al iniciar, con la regulación de las campañas agrícolas, un

modelo de organización similar al hoy vigente en las Comunidades. Este modelo puede ser objetable, sin

duda, en cuanto a sus instrumentos y en su raíz se encuentran no pocas de las insatisfacciones británicas

con la Comunidad, pero sus objetivos, consistentes en el aumento de la productividad agrícola; el

mantenimiento de un nivel de vida equitativo para la población agrícola; la estabilización de los

intercambios; la seguridad en los aprovisionamientos, y el mantenimiento de precios razonables para el

consumo, no parecen fácilmente cuestionables, aun reconociendo su aparente incompatibilidad.

La integración en la Comunidad no nos obligará, en consecuencia, a efectuar ajustes irracionales en

nuestra economía y nos ayudará, en muchos casos, a resolver mejor nuestros problemas. La Comunidad,

sin embargo, no es ninguna panacea y no podemos transferirle la responsabilidad de la solución de

problemas que nos afectan a nosotros y que nosotros" mismos debemos encarar. Es por ello más

importante que la propia liturgia del proceso de negociación que se acaba de iniciar, la capacidad de

aceptar una política que adopte, entre sus hipótesis de partida, y no en un lugar secundario, los

condicionamientos que implica la opción europea.

La Europa, a veces escéptica respecto al balance de la integración, es un ejemplo del contraste entre las

ilusiones y la dureza de las opciones específicas. Sin abandonar aquéllas, es urgente racionalizarlas, casi

me atrevería a decir domesticarlas, para que en el futuro seamos capaces de superar las inevitables

desilusiones ante los resultados de una alternativa, cuyos beneficios, aunque ciertos, parece prudente no

exagerar.

 

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