Autor: Cazorla Prieto, Luis María. 
   Las funciones de los Parlamentos, hoy (I)     
 
 Informaciones.    18/02/1978.  Página: 8-9. Páginas: 2. Párrafos: 15. 

Las funciones de los Parlamentos, hoy (I)

Por Luís María CAZORLA PRIETO

El Parlamento, las Cortes Generales en su futura versión española, ha sido uno

de los grandes descubrimientos para el ciudadano español después de las

elecciones generales del pasado 15 de junio. Pero bajo este nombre atractivo

para unos, objeto de denuestos para otros, se encierra una compleja institución,

que precisa de engranajes debidamente lubrificados con el fin fue situarse en

condiciones de desarrollar de manera satisfactoria sus elevadas funciones.

Precisamente a examinar la realidad actual de las funciones parlamentarias

dedicamos este artículo.

Uno de los temas clásicos dentro del Derecho parlamentario, ese gran desconocido

que casi todos vamos a tener que ir forzosamente descubriendo poco a poco y

en beneficio del funcionamiento de nuestras Cámaras, es el de las funciones de

los Parlamentos. Junto a la tradicional función de legislar, fiel trasunto del

postulado de la separación de los poderes en lo que afecta al llamado poder

legislativo.

Nicolás Perez-Serrano alude a la función financiera, aprobación de presupuestos

y de leyes fiscales, básicamente, a la función finalizadora, a la política en

sentido estricto, a la Administrativa, a la jurisdiccional, y a la de alta

representación. Sirva esta mención como referencia genérica y primera al tema

que abordamos, a la sombra de la cual comenzamos a analizar los principales

cometidos parlamentarios.

LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

La función de legislar ha sido desde siempre la típica do los Parlamentos,

principalmente desde que la doctrina de la sepa ración de los poderes confirió

la facultad de hacer leyes a las Cámaras, que llegaron así a cobrar la

denominación de poder legislativo. Desde entonces ha sido clásico atribuir la

capacidad legisladora a los Parlamentos, que son identificados con tal función.

Hasta aquí la teoría, pues la realidad del proceso de creación de la legislación

ordinaria es bien otra en nuestros días. En efecto, es un rasgo del equilibrio

actual de los poderes políticos la intervención cada vez más frecuente o

intensa del ejecutivo en el proceso legislativo-por diversas causas.

En ocasiones se reconoce hasta en las Constituciones —francesa de 1058 — un

ámbito propio del Gobierno, y se reduce las materias que han de ser objeto de

conocimiento obligado por la institución legislativa. Por otra parte, las cada

vez mas frecuentes delegaciones legislativas, por las que se autoriza al

Gobierno a regular temas reservados en principio al Parlamento, y el

abuso que en ocasiones se ha realizado de los decretos-leyes, han ensombrecido

mucho el panorama de la en otro tiempo inexpugnable función legislativa. Las

causas de este empobrecimiento progresivo de las tareas legislativas de las

Cámaras han sido de diversa índole, tanto políticas como técnicas.

En la vertiente técnica concurren una serie de razones que han determinado que,

por la complejidad creciente de ciertas materias eminentemente técnicas,

el Parlamento se haya sentido proclive a dejar en las manos del ejecutivo —con

mayor o menos amplitud— la regulación de ciertos temas, mediante la oportuna

delegación legislativa. Han existido también razones políticas que han va-

ciado en parte el contenido de la función legislativa, de la institución

parlamentaria. El sistema parlamentario se distingue por la relativa identidad

entre el Gobierno en el Poder y la mayoría parlamentaria que le apoya,

circunstancia que posibilita el descanso de alguna que otra tarea legislativa en

los hombros gubernamentales.

En el anteproyecto constitucional actualmente debatiéndose en el Congreso de los

Diputados, hay trazas que confirman el fenómeno que estamos analizando. Se

reconoce el principio de reserva de ley, aunque muy amplio, se autorizan,

sometidas a una serle de requisitos, las delegaciones legislativas y, por fin,

en casos de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno podrá dictar

decretos-leyes.

¿Supone esto que la función legislativa de los Parlamentos camina hacia su

desaparición? En modo alguno; se trata de otorgarle su verdadera dimensión y de

traer a la mente de todos que un Parlamento ágil, eficaz y moderno, como el que

deseamos para España, no se debe identificar exclusivamente con la misión de

hacer leyes, sino con otras, como la de control político, destacadamente, que

le den un auténtico papel en el juego político actual. Es una visión raquítica y

desconsiderada aquella que pretende configurar ambas Cámaras exclusivamente como

máquinas de aprobar leyes.

Generalmente tal visión tiene un trasfondo político, cual es el enmudecer al

Parlamento, que por el contrario ha de constituir, según veremos, el auténtico

foro del debate político nacional, y eso desde luego no se consigue

restringiendo su actividad a la elaboración de leyes.

En consecuencia, función legislativa, si, pero junto a otras, y sin excederse de

sus justos limites.

En relación a nuestra situación concreta, las Cortes han sufrido y están

sufriendo un auténtico «bombardeo» de proyectos de ley, que si bien justificados

con motivo de la peculiar situación política que vivimos y por el cumplimiento

de los llamados pactos de la Moncloa, no pueden impedir que por aquélla se

desarrollen las restantes funciones que les corresponden, de conformidad con lo

que veremos.

FUNCIÓN DE REPRESENTACIÓN

En el Parlamento se ha dicho siempre que toma asiento la representación genuina

nacional. Si había una entidad representativa de por sí, esa era el Parlamento

democráticamente elegido, que se constituía en el intermediarlo más adecuado al

servicio del diálogo entre los ciudadanos y el Gobierno.

La función de representación de la institución parlamentarla ha sufrido diversas

matizaciones en nuestros días. Qué duda cabe que con la aceptación por las

fuerzas de izquierda, que curiosamente se convierten en algunos casos en los más

acérrimos defensores del parlamento como instrumento válido para que se

desenvuelva en él el juego político, aquél ha ganado representatividad en

relación con su antecesor del siglo XIX, en el que quedaban relegados a la

categoría de extraparlamentarios. El filo-parlamentarismo de los eurocomunistas

es más que una buena noticia para la función representativa de los Parlamentos.

Pero así como durante el siglo pasado el cauce parlamentario era casi el único

válido para digerir las tensiones político-sociales (y así, por lo general, eran

«digeridas»), hoy han surgido una pluralidad de vías que reducen mucho el

significado del Parlamento; nos referimos sustancialmente a las organizaciones

sindicales, que han creado verdaderos cauces de representación económico-social,

marginando parcialmente en estos temas a la institución parlamentaria.

En todo ello se observa la cara y la cruz de la función de representación

político-social de los Parlamentos en nuestros días.

Las Cortes surgidas de las urnas el 15 de junio de 1977 están en inmejorables

condiciones, dado el abanico de opciones que toman asiento en las mismas, de

realizar la función de representación en toda lo línea. En tal sentido, el

Congreso de los Diputados y el Senado cuentan con el presupuesto previo

imprescindible para cumplir adecuadamente otra de sus funciones básicos: la de

deliberación, pues la pluralidad existente la posibilita.

A tal función de deliberación, así como a otras, significadamente a la de

control, haremos referencia en un próximo articulo.

18 de febrero de 1978

 

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