Autor: Andrés Ibáñez, Perfecto. 
 Ante el debate constitucional. 
 Justicia y democracia en el proyecto constitucional     
 
 El País.    02/03/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 14. 

Ante el debate constitucional

Justicia y demacrada en el proyecto constitucional

El proyecto constitucional recien-temente hecho público tiene en lo relativo al

tema de la justicia algu-nos aspectos —positivos y negati-vos— que merece la

pena comen-tar, aunque sea en forma breve.

No siempre se ha admitido históricamente qué ta justicia emane del pueblo, como

ahora se hace en afirmación textual (art. 107,1) que abre el titula Vi «Del

Poder Judicial». Pero, ¿se prevén tas necesarias modificaciones en el aparato

institucional capaces de hacerlo posible?

Si hasta la fecha, puede decirse, el ejercicio de la justicia, no ha teni-do

mucho que ver con el pueblo, pasivo destinatario de decisiones venidas de lejos,

es cierto, sin em-bargo, que en el texto comentado se perfilan algunas

innovaciones importantes. Aunque forzoso es reconocer que son ciertamente

tímidas y aparecen contrapesadas por otras expresivas de un serio

condicionamiento de signo contra-rio. Especialmente, si se tiene en cuenta que

mientras las proclama-ciones innovadoras permanecen en la vaporosa esfera de los

princi-pios, los vestigios del pasado —o del presente— van a tener una inci-

dencia mucho mayor y mas con-creta.

En cuanto a las primeras, aparte la ya aludida, merece tomarse en consideración

la relativa a la auto-rización de «el análisis y la crítica de las resoluciones

judiciales» (art. 110,5). Su realización efectiva habría de producir un efecto

alta-mente beneficioso: ia entrada co-mo tema de conocimiento y debate en la

opinión pública de lo resuelto por los tribunales. Estos comen-zarían a

«comparecer» ante el pue-blo para dar cuenta de la gestión de esa parecía de la

soberanía que de-tentan. Sería una nueva versión realmente creadora del

principio de publicidad. Amigue existen una

PERFECTO ANDRÉS IBAÑEZ Juezde Primera Instancia e Instrucción

serie de obstáculos de carácter práctico, tales como el hermetismo del lenguaje,

el secreto de los de-bates en los órganos colegiados, etcétera, que, desde

luego, no son insalvables.

También el Consejo General del Poder Judicial debe inscribirse en el capítulo de

las innovaciones progresivas. Su aspecto más positi-vo lo constituye sin duda la

ruptura del monopolio corporativo, tan ce-losamente guardado. Pues creemos

sinceramente que no cabe oponer reserva alguna a la participación de instancias

sociales ampliamente representativas en la gestión del poder judicial, que ahora

deberá ser plenamente transparente. Cla-ro que esto difícilmente puede

concebirse sin una efectiva demo-cratización del mismo en su estruc-turación

orgánica que, de no darse, traerla como fruto un pintoresco contraste en el seno

de aquel órga-no superior, constituido en su mayor parte por miembros de

es.tracción jerárquica y sólo en me-nor medida por los de procedencia

democrática.

Entre los temas que han sido ob-jeto de un tratamiento abierta-mente regresivo,

cabe destacar los que siguen:

Por un lado, el hecho de que el Ministerio Fiscal, llamado mstitu-cionalmente —

se dice— a defender la legalidad y a velar por la inde-pendencia de los

tribunales (114,1} se configure simultáneamente co-mo «órgano de relación» entre

el Gobierno y estos últimos. En el or-den de los principios no se entiende muy

bien en qué haya de consistir esa relación ni tampoco su necesi-dad para la

justicia. Analizada a la luz de la experiencia histórica.

cabría preguntarse si no expresa más bien el propósito encubierto de invadir,

ganándolo para el eje-cutivo, el área de independencia de la justicia, que de

este modo se re-lativiza notablemente a través de un ministerio público

concebido como contradictoria institu-ción-puente, si no correa de transmisión.

Pues es lo cierto que entre el Mi-nisterio Fiscal y el Gobierna no cabe, en

buena lógica garanüsta, más relación que la que suponga la sumisión de este a la

acción ñscali-zadora de aquél en cuanto a la le-galidad de su actuación. Y. en

últi-mo término, si algo se impone co-mo necesario es el encuadramiento del

primero, como garante de la legalidad, en el área del Parla-mento.

Por otra parle, en un ministerio público desvinculado del Gobier-no serán

claramente innecesarios los principios de unidad e inde-pendencia (que ahora se

recogen en el art. 114.2). Para su actuación eficaz sujeta a los de «legalidad e

imparcialidad» bastarían la ya acreditada preparación técnica de sus miembros,

la previsión, por ejemplo, de un trámite de consulta o decisiones colegiadas en

temas de especial importancia y, eventual-mente, la exigencia de responsabi-

lidades en supuestos de falta de celo o actuaciones antireglamenta-rias o

ilegales.

Por esa vía se recuperaría para ía práctica de la justicia la actividad

personalizada y responsable de tantos funcionarios hoy formal-mente meros

servidores acríticos de los criterios del vértice.

En otro orden de cuestiones, lla-ma negativamente la atención el

que a estas alturas y pensando en construir la democracia, se recoja en el

proyecto(art. 117,1) la prohi-bición para los funcionarios judi-ciales de

pertenecer a un partido político. Semejante pretensión res-trictiva es de hecho

tan ingenua como lo sería en la práctica ta de tratar de imponer una determina-

da militancia. Y, desde luego, per-fectamente irrelevante desde el punto de

vista de esa teórica inde-pendencia que, al parecer, se trata de preservar.

Realmente responde al deseo, siempre condenado al fracaso y sólo explicable en

un contexto político autoritario, de «expulsar» la política campo de una

justicia falazmente concebida como acti-vidad puramente técnica y neutral. En la

práctica lo que se intenta es la erradicación de todas las opciones de aquel

carácter que sean ajenas a la profesada por quienes detentan el poder y se

encuentran en situa-ción privilegiada respecto a las fuentes de producción del

derecho.

Por lo demás, querer que el juez dimita de lo que constituye para los demás

ciudadanos un derecho ele-mental es, no sólo un absurdo teórico, sino un

verdadero atenta-do práctico contra su libertad. Esencialmente, porque la dimen-

sión política al ser connatural al hombre no puede dejar de acom-pañarle

siempre, y de modo tan radical que hace ya del dato de la concreta adscripción o

no a un partido algo puramente anecdóti-co.

Por eso, el hecho de proyectar su represión efectiva en los operado-res de la

justicia —probada su in-eficacia- sólo puede interpretarse como reminiscencia o

atavismo in-consciente de algo que no deberá tener cabida en una constitución

verdaderamente inspirada en cri-terios de racionalidad democrá-tica.

 

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