Autor: García Fernández, Javier. 
 Ante el debate constitucional. 
 Las cinco Constituciones españolas     
 
 El País.    15/03/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 17. 

Ante el debate constitucional

Las cinco Constituciones españolas

JAVIER GARCÍA FERNANDEZ

La retirada del señor Peces-Barba de la ponencia que prepara el proyecto

constitucional ha venido a mostrar que —motivaciones extra parlamentarias

aparte— la «constitucional del consenso» se presenta más difícil de conseguir de

lo que podría pensarse en un principio.

Sin entrar a valorar la decisión del PSOE al dar un paso de tanta envergadura,

sin tan siquiera consultar a otros partidos afines, resulta evidente que el

acuerdo en torno al texto constitucional sólo podrá conseguirse cuando se

conozca el máximo que cada partido está dispuesto a ceder, teniendo en cuenta la

cambiante correlación de fuerzas políticas. Por eso, aunque el procedimiento

utilizado por el PSOE resulte —a mi juicio— precipitado y desproporcionado, es

una clara advertencia que ningún partido, especialmente UCD, debe dejar en el

olvido.

En el fondo de la polémica levantada por la decisión del PSOE está latiendo algo

fundamental: cinco concepciones constitucionales que no son fácilmente

compaginantes. Por ello, puede resultar útil releer el número 44 del Boletín

Oficial de las Cortes del 5 de enero de este año donde se publican los votos

particulares de cada ponente al texto del anteproyecto.

El anteproyecto, como ocurre con todas tas constituciones, refleja un

determinado grado de correlación de fuerzas. Ya he escrito en otro sitio que

este texto es la expresión más acabada de lo que se denominó la «ruptura

pactada», donde la hegemonía ha correspondido a las clases sociales que

constituyeron el bloque en el poder durante el franquismo, si bien el nuevo

marco político favorece una transformación cualitativa de la correlación de

fuerzas, que todavía puede variar más en el curso de los próximos meses, hasta

la culminación del proceso constituyente. En consecuencia, unos partidos

políticos (los que representan a las clases sociales que iniciaron el proceso de

ruptura «controlada») se sienten más satisfechos del anteproyecto en tanto que

otros (los de izquierda, que tratan de consolidar y profundizar en la

transformación democrática) presentan alternativas mucho más penetrantes en

orden a la desaparición de los restos autoritarios del pasado, para hacer de la

futura Constitución un instrumento jurídico de transformación de la sociedad.

Por estos motivos, el contenido de los votos particulares (y posteriormente de

las enmiendas) es el medio más adecuado para conocer las concepciones tácticas e

incluso estratégicas) de cada partido, con mucha más fidelidad que sus programas

electorales. Las propuestas de reforma del anteproyecto más aquellos puntos que

cada partido admite de entrada, sin pedir su reforma, señalan muy bien las

ideologías políticas reales de la España actual. Tenemos, en consecuencia, cinco

concepciones ideológicas que inspiran otras tantas propuestas constitucionales.

A estas cinco concepciones hay que agregar las que reflejan las enmiendas

presentadas por el grupo mixto y el grupo vasco, pero ninguna de éstas modifica

sustancialmente las anteriores ni constituye una alternativa radicalmente

distinta. Las enmiendas del grupo mixto pueden considerarse una prolongación de

las propugnadas por el PSOE y por los Socialistas de Catalunya (aunque entre

estos dos grupos parlamentarios hay diferencias de matiz debidas a la conocida

táctica de preparar una línea de repliegue por si falta la ofensiva principal).

Por los mismos motivos, tampoco hay diferencias fundamentales entre las

enmiendas del grupo parlamentario catalán y las que propugnan los diputados

vascos.

La Constitución moderada

Iniciando el abanico ideológico por la derecha, nos encontramos con los votos

particulares del representante de Alianza Popular. Su propio número, dieciocho,

revela que hay más puntos de acuerdo que de discrepancia con el anteproyecto

aprobado, aunque estos últimos tienen indudable entidad. Los votos de Alianza

Popular, de acogerse íntegramente, configurarían una Monarquía conservadora, muy

al estilo de la Monarquía moderada del siglo XIX, aunque adaptada a la era

nuclear. Para el partido que dirige Fraga Iribarne, el Estado español ha de ser

un Estado de claro predominio del ejecutivo (por eso no objeta nada a los tres

caballos de batalla del sistema autoritario que contiene el anteproyecto:

designación del presidente del Gobierno por el jefe del Estado, voto de censura

«a la alemana» y reserva de ley «a la francesa»), donde se garantice el

«laissez-faire», se evite el intervencionismo estatal en la economía y se

controlen rígidamente las autonomías regionales —no existen nacionalidades—

mediante una ley-marco común para todas ellas, en donde las instituciones

autonómicas estarían fuertemente tuteladas por el poder central. Si a ello

agregamos la insistencia de vincular a la Guardia Civil con las Fuerzas Armadas

y el establecimiento de un procedimiento de revisión constitucional rígido,

podemos decir que Narváez no habría actuado de otra manera si en lugar de

revisar la Constitución liberal en 1845 se hubiera encontrado en semejante

tesitura siglo y medio después.

La Constitución gaullista

En 1958, el general De Gaulle realizó una hábil maniobra para racionalizar y

afianzar el poder de la oligarquía francesa mediante el reforzamiento del

ejecutivo y el vaciamiento de contenido del poder parlamentario. Los nuevos

Estados autoritarios europeos ya no necesitan restringir las libertades públicas

ni liquidar las instituciones democráticas. Por el contrario, con el

fortalecimiento del poder ejecutivo y la deformación del sufragio

(preferentemente mediante el sistema mayoritario) se consigue el mismo resultado

con menos coste político. Ese parece haber sido el ideal que ha movido a los

diputados de UCD en la ponencia constitucional. Un poder ejecutivo fuerte

amparado en un sistema casi inviable de votar una moción de censura más una

limitada reserva de ley que establezca una área exenta muy amplia a favor del

Gobierno, son suficientes para que el régimen parlamentario pierda sus rasgos

definitorios. Y como broche de oro, unas facultades sumamente amplias que se

conceden al jefe del Estado para designar al presidente del Gobierno Ese es el

espíritu de la Constitución de UCD y no seria de extrañar que los aspectos del

texto de naturaleza más autoritaria se hubieran insertado por iniciativa del

partido de Adolfo Suárez. Por ese motivo los votos particulares de UCD son

mínimos, afectan a cuestiones de detalle y se refieren a las libertades públicas

—para restringirlas— o al poder ejecutivo —para reforzarlo aún más—. ¿En qué se

diferencia esta Constitución de la de Alianza? En que, mientras no se demuestre

lo contrario, UCD representa más fielmente a la oligarquía financiera, la cual

precisa un Estado autoritario sin llegar a los extremos conservadores de la

burguesía de origen franquista que representa Alianza Popular.

La Constitución liberal

Los votos particulares de Roca Junyent muestran la ideología de tas clases

medidas catalanas a las que representa el Pacte Democratic. En primer lugar,

siguiendo las actuales tendencias de la burguesía europea, aceptan un poder

ejecutivo fuerte, pues el Pacte no cuestiona de ninguna manera los puntos

básicos de su reforzamiento, ya señalados. Pero hace compatible ese

fortalecimiento con una ampliación sustancial de las libertades públicas

(derecho de asilo, abolición de la pena de muerte, cláusula de conciencia para

los periodistas, libertad de enseñanza, ampliación del derecho de sindicación,

etcétera), una modernización del poder judicial y una articulación más minuciosa

del procedimiento para constituir territorios autónomos. En definitiva, los

votos de la minoría catalana reflejan el carácter liberal y tolerante de una

clase social que no abandona por ello sus pretensiones hegemónicas dentro del

marco de Cataluña. En este sentido, si hubiera que buscar un parangón en nuestra

historia constitucional, el proyecto del Pacte Democratic se aproxima bastante

al de 1931.

La Constitución republicana

El ponente del PSOE es el que ha presentado más votos particulares (sesenta) que

reflejan sus concepciones democráticas en orden a constituir un Estado no

autoritario, con la máxima garantía para las libertades públicas y la

desaparición de cualquier precepto que impidiera la socialización de los medios

de producción. En este sentido, los votos particulares socialistas están muy

próximos a los que presenta el ponente comunista. Pero lo más llamativo de la

concepción constitucional del PSOE es su republicanismo, que le lleva a

sustituir el Título III del anteproyecto, dedicado a la Corona, por otro en el

que se define la naturaleza y funciones del presidente de la República. No hay

nada que objetar al valor testimonial de esta posición republicana, si no es

porque ha pasado por alto presentar un voto particular al artículo 97 del

anteproyecto que dota de poderes desmesurados al jefe del Estado en la

designación del presidente del Gobierno. No creo que haya sido un olvido

consciente, sino más bien un lapsus causado por la preocupación de mostrar su

alternativa republicana. Lo contrario sería una incongruencia: defender la forma

republicana de gobierno y permitir la existencia de un procedimiento que hace

del Rey el verdadero rector del poder ejecutivo incluso frente al Parlamento.

Con este lapsus, los votos particulares que presenta Gregorio Peces-Barba

muestran una Constitución sumamente democrática, preocupada por garantizar las

libertades públicas, y centrada en evitar el reforzamiento del poder ejecutivo.

Por eso el PSOE rechaza la reserva de ley y atenúa (aunque no suprime por

completo) el voto de censura de cuño alemán.

La Constitución italiana

En realidad, no hay excesiva diferencia entre los votos particulares del PSOE y

los que presenta el grupo parlamentario comunista. Pero la alternativa comunista

tiende a hacer del Parlamento el eje básico de las instituciones democráticas,

al estilo italiano. Por eso denomino «italiana» la alternativa constitucional

del Partido Comunista, no por fáciles mimetismos originados por el

«eurocomunismo». En esencia, los votos particulares firmados por Solé Tura

tienden a depurar las instituciones parlamentarias, acentuando su carácter

democrático y su representatividad (constitucionalización del sufragio

proporcional y supresión de senadores designados por el Congreso) y sometiendo

totalmente el Gobierno al Parlamento, única instancia de donde emana aquél, sin

intervención del jefe del Estado. Junto a estas propuestas, el Partido Comunista

propone la democratización del Tribunal Constitucional y un sistema de revisión

constitucional más flexible.

Cinco proyectos constitucionales están a debate (a los que se agregarán más

adelante los del Partido Socialista Popular y el Partido Nacionalista Vasco).

Como se ha visto, en el anteproyecto ha sido UCD el partido que mejor se ha

visto reflejado, pero los trámites en las Cortes aún son largos y las alianzas y

acuerdos parlamentarios serán los que dirán la última palabra.

 

< Volver