Autor: Fuente y de la Fuente, Licinio de la. 
   La familia y la Constitución     
 
 Ya.    19/07/1978.  Página: 5-6. Páginas: 2. Párrafos: 15. 

ALES Y COLABORACIONES 19 - VII -78 Pág. 5 - YA

LA FAMILIA Y LA CONSTITUCIÓN

¿ES nuestra Constitución una Constitución "familiarista" ? Seria difícil dar

una respuesta positiva a esta pregunta. Y la pregunta es, sin embargo, muy

importante.

La familia es la célula básica de la sociedad y a la vez e1 marco más adecuado

para la formación de la personalidad del hombre. Muchos de los grandes valores

sociales del hombre; convivencia, comprensión, abnegación, respeto, sacrificio,

alegría de vivir, espíritu creador..., tienen en la familia origen y estímulo

permanentes. Y la estabilidad social, fundamento de la estabilidad política,

necesita y se apoya en la estabilidad de la familia. La quiebra de la familia

puede llevar, de un lado, a la quiebra del hombre, y de otro, a la quiebra de la

sociedad y de la política, entendidos hombres, sociedad y política desde un

sentido humanista.

En relación con la familia hay que ser beligerante. Y yo diría que la

Constitución en su redacción actual no lo es. La familia queda un poco perdida,

en segundo plano, en el conjunto de temas constitucionales. Y con signos

evidentes en algunos casos de infravaloración. O de despreocupación. Hay brechas

constitucionales por donde la familia puede realmente ser fuertemente erosionada

en e1 futuro. Estas brechas son, sobre todo, el tratamiento del aborto, del

divorcio y de la enseñanza.

¿ES que la Constitución establece el aborta? Ciertamente, no. Incluso la última

redacción aprobada por el Congreso dio pie para que muchos diputados dijeran que

el aborto quedaba excluido. Mi opinión personal es que se mejoró el texto, pero

la legalización del aborto sigue siendo constitucionalmente posible, y no

faltaron diputados que lo hicieron ver asi en el debate, aunque procuraron

excluir un pronunciamiento abierto sobre el tema para no quitarle votos al texto

constitucional. Y pensando, seguramente, también, en los votos de las próximas

elecciones.

La expresión del articulo 14: "todos tienen derecho a la vida y a la integridad

física" es lo suficientemente imprecisa como para permitir una legislación

"abortista", y existe la preocupación de que el Senado puede volver a más

amplias redacciones. Lo peor es que se ha eliminado la iniciativa popular para

el referéndum, con lo cual una mayoría parlamentaria circunstancial puede

legalizar el aborto sin someterse a la opinión directa del país, que, en

materias tan graves debería ser exigible.

EN cuanto al divorcio, la Constitución es más explícita y claramente establece

en su artículo 30 que la ley regulará las causas de separación y disolución del

matrimonio y sus efectos. Esta redacción deja bien claro que una ley ordinaria

va a regular, tiene que regular ("regulará") no sólo las causas de separación de

los cónyuges, sino las de disolución del matrimonio. Y como no va a regular la

muerte como causa de disolución, bien claro está que se refiere al divorcio. La

Constitución es. pues, claramente divorcista. Y lo es en los términos más

amplios. La ley futura podrá establecer una regulación restructiva del divorcio,

o tan amplia y expedita como la que existe hoy en Reno o Las Vegas. Con el

agravante de que el pueblo no va a opinar directamente sobre el tema, no se

admitió la necesidad de un referéndum; serán los parlamentarios los que decidan

por sí y ante si.

Y hay todavía otras incógnitas. Como el artículo 144 permite que las comunidades

autónomas dicten legislación delegada para el desarrollo de las leyes de bases y

permite también la transferencia de las facultades del Estado a dichas

comunidades, ¿ podrá ocurrir que nos encontremos con regulaciones diversas del

divorcio en diversas partes de España? La ambigüedad y confusión de los textos

no descarta esta posibilidad.

Finalmente, hay que tener en cuenta que la mayoría de España es católica y

celebrará matrimonio católico, ademas del civil que prevé la Constitución. Las

normas que regulan unos u otros matrimonios entrarán en conflicto sobre todo en

materia de divorcio, y no sabemos cómo se resolverá esta conflictividad.

Cualquiera que sea la opinión que se tenga sobre el divorcio, lo que no cabe

duda es que vamos a enfrentarnos próximamente a normas que pueden afectar muy

decisivamente a las relaciones y la estabilidad de la familia por esta vía.

FINALMENTE, y en cuanto a la enseñanza, el articulo 25 del texto constitucional

arranca de un enfática declaración de libertad de enseñanza. Pero luego se

encarga de echar agua al vino, hasta el punto de que parece, finalmente,

predominar el criterio de una "estatificación" de la enseñanza, que lógicamente

limita los derechos de la familia. Así, el apartado 3 no aclara si la formación

religiosa forma parte o se concibe al margen del sistema general de enseñanza.

El apartado 6 reconoce la facultad de creación de centros a la iniciativa

privada, pero no la de dirigirlos. Los apartados 8 y 9, en relación con el 4,

pueden suponer de hecho la limitación de la enseñanza gratuita a los centros

públicos, con lo que para muchas familias no habia de hecho libertad de

elección, y se puede, también de hecbo, dar lugar a una política prácticamente

prohibitiva para los centros privados.

PENSEMOS, además, que en este tema las llamadas Comunidades Autónomas tienen, y

reclamarán aún más, amplias facultades de creación, regulación e inspección. Es

decir, que la situación de las familias en relación con la enseñanza puede ser

muy distinta de unas regiones a otras.

Aborto, divorcio y enseñanza son tres claves que nos hacen juzgar la

Constitución como poco "familiarista" y desear en este punto posiciones más

claras y beligerantes.

No es afortunada, por otra parte, la única declaración formal de defensa de la

familia en el artículo 35, en el capitulo que trata de "los principios rectores

de la política económica y social", porque la familia tiene un contenido que

desborda ampliamente lo económico-social .

Y podríamos añadir un último factor de preocupación familiar: la mayoría de edad

plena a los dieciocho años es tal vez demasiado temprana para nuestro nivel

medio cultural y sociológico, y es una medida de repercusiones familiares

importantes, que incluso por razones técnicas, por las repercusiones familiares

y patrimoniales que conlleva, debió dejarse para un tratamiento armónico de

conjunto en el Código Civil. La Constitución debería limitarse a reconocer el

derecho al voto a los dieciocho años. Pero éste es un tema que requiere tal vez

más amplio comentario.

Licinio DE LA FUENTE

 

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