Autor: Azaola, José Miguel de. 
   Fueros vascos y Constitución     
 
 Ya.    17/08/1978.  Página: 5-6. Páginas: 2. Párrafos: 11. 

GLOSAS CONSTITUCIONALES

Fueros vascos v Constitución

DESDE que el Estado español empieza a refundirse y reestructurarse en los moldes

del liberalismo, allá por los días de la Constitución de Cádiz, se plantea el

problema de integrar en su seno las entidades históricas vascas, regidas éstas

todavía por sendos sistemas forales cuando los antiguos fueros no eran ya sino

un remoto recuerdo histórico en el resto del territorio de la Monarquía. La

Constitución de Bayona (obra de una Junta que, aun cuando estaba mediatizada por

Napoleón, comprendía hombres ilustrados y políticos experimentados que sabían

muy bien lo que se traían entre manos) había ya estipulado, en uno de sus

artículos, la revisión de dichos sistemas.

Los constituyentes de Cádiz, aunque

no incluyeron el tema en el articulado constitucional, debatieron acerca de él,

sabedores de que, si para el resto de España se trataba de pasar a una Monarquía

constitucional, liberal y unitaria, partiendo de una Monarquía absoluta,

igualmente unitaria, para Navarra y las Vascongadas el punto de partida era, en

cambio, un régimen monárquico limitado por los fueros (es decir, constitucional

al fin y al cabo), tradicional y arcaizante (o sea, no liberal) y con

peculiaridades institucionales cuyo mantenimiento no era posible sino a costa

del uniformismo propio del Estado unitario.

Especificidad del caso vasco

EL debate se reprodujo varias veces (revistiendo, en ocasiones, carácter de

pelea, y de pelea sangrienta) a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del

XX, y ésta es la fecha en que todavía no ha terminado. Su evolución nos enseña

que mientras los demás pueblos españoles se acomodaron gustosos a las

estructuras del Estado liberal unitario y sólo tardíamente surgió en Cataluña el

regionalismo autonomista que acabaría adquiriendo la gran fuerza que todos

sabemos, siendo aún más tardía la aparición de regionalismos políticos

minoritarios en otras zonas de España, en cambio Navarra y las Vascongadas no

aceptaron en ningún momento la abolición (aunque sí la revisión) de sus

respectivos regímenes forales, ni la disolución de sus peculiaridades

institucionales en las estructuras unitarias del Estado.

Esto da al caso vasco

una especificidad indiscutible, tanto desde el punto de vista jurídico como

desde el punto de vista de la doctrina democrática. Siendo las entidades

históricas vascas las únicas de España que no han aceptado para sí mismas la

formula del Estado unitario, no hay razón alguna para imponerles esta fórmula so

pretexto de que es la preferida por el resto de los españoles. Vinculadas a la

Monarquía mediante el juramento de respetar sus fueros, que prestaba el titular

de la Corona, la violación de esos fueros por el poder central —heredero éste de

las prerrogativas tradicionales de la Corona— quebrantaba seriamente el vínculo

jurídico que mantenía a esas entidades en el interior del Estado.

Es verdad que hasta el nacimiento del nacionalismo vasco a fines del siglo XIX

nunca se esgrimió ese quebrantamiento para tratar de justificar el secesionismo;

y que, desde entonces hasta hoy, nunca ha sido mayoritario el ánimo secesionista

en ninguna de las provincias vascas. Pero si esto es muy cierto y no hay que

cansarse de recordarlo, no es menos cierto, y tampoco hay que cansarse de

recordar que, mientras no se las ha amordazado, las entidades históricas vascas

no han cejado nunca en su reclamación de que sean restaurados sus regímenes

forales respectivos; todo lo revisados y todo lo modernizados que haga falta,

pero no desnaturalizados. La foralidad, por ende, habrá prescrito en el resto de

España; en Vasconia, no.

¿Qué es lo que ha ocurrido, hasta el día de hoy? Pues que en 1840 (y como

consecuencia de lo dispuesto en la ley del 25 de octubre de 1839), Navarra llegó

a un acuerdo con el Gobierno central, y que este acuerdo dio su contenido a la

ley del 16 de agosto de 1841, la cual por eso —es decir, por su contenido, que

es fruto de un arreglo, de un pacto no por su forma, que es la de una ley

ordinaria— se llama tradicionalmente "paccionada". La naturaleza pactada del

régimen navarro derivada de esa ley, ha sido objeto de un reconocimiento que al

principio fue parcial u ocasional, pero que ha ido generalizándose con el

tiempo.

Hoy, hace ya muchos años que las leyes, los reglamentos, la jurisprudencia del

Tribunal Supremo y la propia Jefatura del Estado cuando su titular era el

general Franco, reconocen insistente e invariablemente esa naturaleza pactada,

es decir, conforme a la esencia misma de la foralidad. Cabe por eso decir que

Navarra sigue gozando un fuero; a lo que ha de añadirse que este fuero, basado

en la ley de 1841 y desarrollado en una larga serie de convenios posteriores

con el poder central, está hoy necesitado de clarificación y de actualización;

pero que ni esta clarificación ni esta actualización podrán ser fruto de

decisiones unilaterales (ni por parte de Navarra ni por parte del poder

central), las cuales, por el hecho mismo de ser unilaterales serian contrarias

a la foralidad; sino que habrán de recibir la aprobación de las instituciones

del Estado y la del pueblo navarro (directamente o a través de sus legítimos

representantes). . ;

MIENTRAS tanto, las Vascongadas fueron dejando para un mañana indeterminado el

acuerdo de modificación y actualización de sus fueros respectivos (los cuales,

por ser menos anacrónicos ´y más democráticos que el de Navarra, corría menos

prisa revisar). Y un mal día, tras una lenta y prolongada erosión de la

foralidad vascongada, aprobaron las Cortes la ley del 21 de julio de 1876 que,

sin abolir expresamente los fueros de las tres provincias, impone a éstas

determinadas obligaciones y autoriza al Gobierno a tomar medidas de todas

clases que, prácticamente, pueden llegar hasta la abolición total, como se

hizo con Guipúzcoa y Vizcaya en 1937; pero medidas que pueden ser

derogadas sin por ello violar dicha ley, en cuyo marco cabe — pese a lo

que generalmente se cree — una autonomía muy amplia, aunque precaria por estar

siempre a merced del Gobierno (lo cual es antiforal),

Ejemplo de incomprensión

EXPRESIÓN típica de la incomprensión que la reivindicación foral vasca encuentra

en el resto de España (y que es mucho más fruto de una mentalidad jurídica y

política que de una malquerencia, la cual, al menos en este caso, no

existe de modo alguno) son dos artículos de Juan Luís de Simón Tobalina

aparecidos bajo el título común "El país vasco y la Constitución" (en YA del 19

y del 20 de julio), en uno de los cuales leemos: "Los fueros corresponden a un

mundo medieval. Las constituciones han igualado en dignidad a todos los

ciudadanos. No son invocables los fueros vascos, como no lo son el de

Logroño (...) ni el de León del año 1Q20. •(... en 1876) hacía ya siglos que

para los demás pueblos de España había desaparecido todo vestigio foral." Para

este autor, "lo importante" hoy es saber si en el estatuto de 1936 o en los

conciertos económicos hay algo "que no pueda ser concedido por la monarquía de

Juan Carlos I dentro de la monarquía constitucional".

Es cierto que los fueros que, hasta principios del siglo XIX, rigieron en

Navarra, en Álava, en Guipúzcoa o -en Vizcaya tenían, por su contenido, mucho de

medieval: razón bastante para revisarlos y modernizarlos, no para abolirlos.

Pero no es cierto que el mantenimiento de unos fueros modernizados habría de

dar a los ciudadanos de las áreas forales una dignidad superior o inferior a la

del resto de los españoles.

Por otra parte, si el fuero de León o el de Logroño no • son hoy invocables,

ello se debe fundamentalmente a que hace ya mucho tiempo que los leoneses y los

logroñeses (así como aquellos vascos que antaño se rigieron por el fuero de

Logroño) los consideran caducos, mientras que los fueros vascos, que nunca han

sido considerados caducos por los pueblos interesados, no pueden ser abolidos

unilateralmente ni por el poder central ni por los demás españoles (en el

supuesto de que se pusieran de acuerdo para abolirlos), sin injusticia notoria.

Si en el resto de España ha desaparecido hace tiempo todo vestigio foral, ha

sido precisamente en virtud de la voluntad de sus habitantes de erigir un

Estado de tipo unitario; en cambio, en el País Vasco, donde nunca fue

mayoritaria la voluntad de amoldarse a estructuras políticas de carácter

unitario, los fueros no han desaparecido, pues ni a los vascos ni a nadie se les

puede, con derecho, imponer un tipo de Estado que ellos no desean.

Y si, en el caso de Navarra (que Simón Tobalina parece olvidar), sé ha

logrado hacer compatible en la práctica el régimen unitario de las otras

provincias con un régimen peculiar pactado (y, por ende, foral), ¿qué es lo

que impide hacer lo mismo con las Vascongadas? Ya que lo importante no es lo que

pueda ser "concedido" por la monarquía: toda concesión unilateral es revocable

y, por lo tanto, precaria; lo importante es lo que puede ser "reivindicado como

propio" por las entidades históricas vascas.

A tal efecto, ni los conciertos económicos (mal menor, paliativo del

desmaritelamiento foral de 1876), ni el estatuto republicano (basado en una

Constitución, que, cuando el estatuto se aprobó, había dejado de estar vigente

en toda España — pese a ficciones que no engañan a nadie—, y no .sólo en la zona

franquista), por preciosas concesiones que hayan sido, no han sido más que

eso: concesiones, es decir, bases jurídicas muy endebles para sustentar la

relación constitucional entre las entidades vascongadas (pues Navarra

permaneció siempre al margen de los conciertos y del estatuto) y el resto de

España. El nacionalismo vasco preocupa mucho fuera de Vasconia; pero no nos

preocupa menos, sino mucho más, a los vascos que no compartimos sus

opiniones.

Sepan los demás españoles que dos de las cosas que más agua pueden llevar al

molino de ese nacionalismo son justamente las que los dirigentes de UCD han

estado haciendo en los últimos días del debate constitucional en el Congreso:

negarse a prescribir en la Constitución que la actualización de los regímenes

forales habrá de tener lugar por vía de pacto, que es la única forma de

salvaguardar realmente su carácter foral; y, negociar la solución no con el

conjunto de los parlamentarios vascos, sino con el grupo del PNV, atribuyendo

a éste un protagonismo gratuito en la defensa de los derechos de su pueblo.

Salvo que adoptemos el punto de vista del propio PNV resulta difícil

imaginar un enfoque más desafortunado.

José Miguel DE AZAOLA

 

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