Autor: Peces-Barba Martínez, Gregorio. 
   La Constitución y el lenguaje     
 
 El País.    23/08/1978.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 13. 

La Constitución y el lenguaje

GREGORIO PECES-BARBA

MARTÍNEZ Diputado del PSOE

Uno de los problemas centrales con los que se enfrenta la teoría del Derecho en

general es el del lenguaje porque los mandatos en que consisten las normas se

expresan a su través, aunque el Derecho no se agote, como pretenden algunos

sectores del pensamiento jurídico actual, en análisis del lenguaje jurídico. Hoy

en día la literatura dedicada a este tema es muy cuantiosa y no podemos ni

siquiera evocar en un artículo periodístico todos sus complejos aspectos. En

nuestro país, mi colega el profesor Capella se ha ocupado del tema en un buen

libro «El derecho como lenguaje» que recoge los términos del problema, y no

podemos tampoco olvidar aportaciones esenciales como las de Holmes, Kelsen,

Hart, Bobbio, Ross entre otros, y en nuestro mismo ámbito cultural, las de

Bartolomé Soler y las de Garrió. La repercusión de este problema es grave en

todo texto legal que manifiesta a través de la palabra los contenidos normativos

del Derecho, y lo es por supuesto en la Constitución donde adquiere mayor

relieve, por la importancia máxima de los problemas que plantea, que acentúa en

muchos casos e] contenido emotivo de muchas palabras que, al margen «de lo que

podríamos llamar su significado descriptivo, tienen la virtud por decir así, de

provocar sistemáticamente determinadas respuestas emotivas en la mayoría de los

hombres» como dice Garrió.

En ese contexto la pretensión, muy laudable y en muchos casos muy necesaria, del

senador Cela de presentar enmiendas al texto Gonstitucional para mejorar el

lenguaje castellano que sirve de sustento a los contenidos jurídicos, es decir a

los sentidos normativos de los preceptos, debe ser tomada positivamente pero con

especial atención a todos los matices.

Indudablemente el lenguaje jurídico es lenguaje natural, y en ese sentido la

pretensión de escribirlo lo más correcta y claramente posible es adecuada. Por

la función de organización social que cumple el Derecho, y por ser destinatarios

de sus normas todos los hombres, y mucho más en el nivel Constitucional, no cabe

un lenguaje artificial, ni una formalización a través de signos o fórmulas como

en las matemáticas que impediría su pretensión de validez frente a todos. Guando

a lo largo de la historia se ha criticado a los juristas —piénsese en Quevedo,

Moliere, en Goethe, en Anatole France, en Unamuno y también en Cela— los hombres

de las letras y de la cultura, criticaban con razón la retórica y la creación de

un lenguaje sacralizado y misterioso que sólo los técnicos del derecho podían

desvelar. Todo lo que suponga acercar et derecho al pueblo, a través de un

lenguaje sencillo y claro, es un esfuerzo elogiable porque sirve, sobre todo en

una sociedad democrática, para que el derecho sea considerado como algo propio.

En mi concepción la superioridad de la idea democrática del derecho sobre

cualquier otra estriba en que los que contribuyen a la formación del poder a

través de sus representantes en el Parlamento y, por consiguiente, de las normas

que de él emanan son los propios destinatarios de las normas. Por eso el

lenguaje de las normas debe ser entendido por sus destinatarios y realizado,

para que pueda serlo, por los legisladores. Como ya he recordado en el Congreso,

Dante reservó un sitio en el Paraíso a Justiniano, precisamente por la claridad

y la sencillez de sus aportaciones legales. Desde esa perspectiva la intención

del senador Cela merece toda consideración y valoración favorable.

Pero no es posible plantear los problemas del lenguaje constitucional con

ligereza que desconozca todos los debates y todas las conclusiones que se han

alcanzado en la ciencia y en la teoría del derecho, auxiliada por los enormes

progresos que las ciencias del lenguaje han realizado desde el neopositivismo

lógico.

Despreciar cuanto se ignora, no es un bien sino un mal, que a Castilla, como

recordaba Machado, le ha costado su decadencia.

Las consecuencias que se pueden derivar son grandes y al menos habría que tener

en cuenta, a mi juicio, las siguientes perspectivas generales:

Primera: La seguridad jurídica exige que la ambigüedad o la vaguedad potencial

del lenguaje natural que Waismann llama la "textura abierta del lenguaje", se

disminuya en todo lo posible en su utilización jurídica, para que la zona de

claridad normativa sea lo más amplia posible v que los zonas de oscuridad o de

penumbra se reduzcan al máximo. Por eso la utilización de palabras sinónimas no

es siempre neutra, porque aunque una sea más sencilla o más comprensible, la

otra encierra el contenido acotado por la historia y por el análisis que la

convierte en jurídicamente insustituible. Un ejemplo en una enmienda del señor

Cela puede aclarar este tema. Entre los principios que reconoce el artículo

noveno se encuentra el principio de jerarquía normativa que el senador pretende,

en su enmienda, sustituir por «ordenación normativa» diciendo en su

justificación que «jerarquía es voz de muy señaladora e implicadora derivación

semántica». Sin duda será cierto, pero el concepto de «jerarquía normativa»

tiene una concreción muy clara en toda la teoría del Ordenamiento jurídico a

partir de Kelsen y significa colocación escalonada de las normas, desde la norma

básica o Constitución y con independencia de la norma inferior (deber) respecto

de la superior (poder). La jerarquía normativa acota también los límites

formales en la creación de las normas de cada escalón (procedimiento de

creación) y los límites materiales (competencia y materias a regular por cada

escalón, en relación con el superior). La sustitución del término «jerarquía

normativa» que es claro y que ofrece seguridad jurídica, porque conocemos la

precisión de su significado, por el término «ordenación normativa» donde la zona

de penumbra es total y la claridad nula desde el punto de vista jurídico, seria

un dislate con grave daño para el valor propio de la norma. La imprecisión

soportable en el lenguaje cotidiano puede convertirse en catastrófica en el

lenguaje legal.

Segunda: Las exigencias normativas que acotan conductas y relaciones

estableciéndolas como necesarias, exigen la utilización de palabras con un

sentido distinto del sentido habitual. Además de la utilización acotada del

lenguaje de las normas,´pero dentro del marco del lenguaje general, existen

supuestos en los cuates el derecho da a las palabras un sentido que no se

encuentra en el haz de

significaciones de la palabra en el lenguaje general, sino que se le atribuye un

sentido propio, por exigencias materiales de realización de la justicia como

valor superior a realizar por el derecho o por simple cristalización histórica.

Por ejemplo, persona para el derecho puede ser el concebido y no nacido para lo

que le sea favorable y se puede extender la protección normativa frente al

aborto, considerando, por ejemplo, como en Alemania Federal, que el término

persona al concebido en su derecho a la vida. La palabra «vivienda» puede

comprender en lenguaje jurídico a las oficinas y despachos que evidentemente

para el lenguaje natural no son viviendas, y la palabra «culpa» para el derecho

penal significa acción negligente y no acción intencionada, como en el lenguaje

natural. Por ejemplo, el término «nacionalidad de origen» no significa como dice

el señor Cela en su justificación para solicitar la supresión en el artículo

once número tres «nacionalidad pretérita o renunciada» sino nacionalidad

compatible con la segunda que se adquiere. Lo que en el precepto es una norma

que permite al español, conservando la nacionalidad española (de origen)

adquirir una segunda, se convierte en la propuesta del señor Cela en un

galimatías de difícil comprensión con lo que se llega a situaciones de

complicación de lenguaje contrarias a lo que se pretendía.

Lo mismo ocurre con la sustitución, por otra enmienda del señor Cela, en el

artículo diecinueve de la palabra «secuestro» por la palabra «incautación»,

alegando que se trata de terminología del antiguo régimen, al ignorar que se

trata de un término preciso que no inventaron los señores Arias Salgado ni

Fraga, sino que se encuentra ya en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de

septiembre de 1882 en los artículos 816 y siguientes que regulan el

procedimiento por delitos cometidos por medio de la imprenta, el grabado u otro

medio mecánico de publicación (Libró IV, Capítulo V). La sustitución de una

palabra concreta con significado jurídico cierto y con historia arraigada en

nuestro lenguaje legal, frente a otrá incierta y ambigua para el derecho como

«incautación» sería también grave.

Tercera: El análisis lingüístico del derecho no debe hacerse aisladamente,

articulo a articulo, sino sistemáticamente, analizando el lenguaje de todo el

texto de que se trate. En el supuesto de la Constitución no se puede predicar un

término como más adecuado en un artículo, sin analizar su utilización en otro

artículo con un significado diferente porque puede dificultar o impedir un

descubrimiento o una adjudicación de sentido por quienes tienen que interpretar

o aplicar la Constitución.

Así en el articulo primero número uno el texto procedente del Congreso ha sido

modificado por una enmienda del señor Cela que cambia el término «valores

superiores» por el término «principios». Dejando a un lado que, a mi juicio,

principios frente a valores supone una concepción más antigua del derecho que

desconoce todos los progresos del pensamiento jurídico en los siglos XIX y XX lo

cierto es que principios se vuelve a utilizar en el artículo nueve para hablar

de los principios de ordenamiento jurídico que se reconocen. Esperemos que el

pleno del Senado o en todo caso U Comisión Mixta, deshagan este lio, al

prosperar por el apoyo irresponsable que obtuvo, esa enmienda que no ha tenido

en cuenta el análisis sistemático de las palabras en el conjunto de la

Constitución. En caso contrario, ¿como se va a explicar la utilización del

término principios para hablar de la libertad de la igualdad, de la justicia y

de la paz en la nueva redacción del artículo primero y para hablar de la

publicidad de la jerarquía normativa, de la legalidad y de retroactividad de las

normas, entre otros en el artículo nueve?

Desgraciadamente la buena intención indudable ha complicado las cosas para el

correcto lenguaje jurídico en este caso.

Toda preocupación por la mejora del lenguaje jurídico es de alabar y de

agradecer por lo que supone de acercamiento del derecho al pueblo y de

profundización democrática del mismo, pero el lenguaje no se puede aislar del

conocimiento y de la evolución histórica de las grandes instituciones del

derecho, de los grandes valores que el derecho pretende realizar, de las

exigencias de la seguridad jurídica y de lo que suponen el Estado y el poder en

una sociedad moderna.

 

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