Autor: López Nieto, Antonio. 
   La libertad de huelga en el proyecto de constitución     
 
 Ya.    30/08/1978.  Página: 5-6. Páginas: 2. Párrafos: 20. 

LA LIBERTAD DE HUELGA EN EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN

EN el área económicolaboral, el proyecto de Constitución, al compararlo con

otras Constituciones europeas, ofrece varias originalidades. Nos referimos a la

previsión de que los poderes públicos puedan planificar, mediante ley, la

actividad económica general; a la mención de que los´poderes público» garantizan

y protegen... la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de

la economía general y, en su caso, de la planificación, y a los párrafos sobre

reconocimiento de la huelga, que, como se verá, consagran la plena libertad de

huelga, incluidas todas las huelgas políticas y hasta las revolucionarias y

acotan sustancialmente las posibilidades limitativas de un régimen jurídico de

la huelga.

Sin embargo, para que las dos primeras declaraciones pasen al terreno de los

hechos no basta una tendencia legislativa, sino que se precisan otras

condiciones objetivas favorables, Internas e internacionales. Y tales

condiciones no se dan actualmente y es fácil que no vayan a darse.

Pero no ocurre igualar con el reconocimiento de la libertad de huelga. Aquí las

condiciones objetivas necesarias para que proliferen las huelgas son mucho

menores que en el caso de las especulaciones sobre la planificación y la

protección a la productividad. Basta que el texto constitucional reconozca la

plena libertad de huelga para que sin otras medidas o iniciativas el nivel

conflictivo de los asalariados se vea potenciado. Y ello, al excluirse un

régimen de limitaciones a la huelga, se traduce—en principio—en peligros futuros

para 1 a s Instituciones políticas y, desde luego, en una erosión o en un

"coste" adicional sobre ia vida de las empresas que gravitaría sobre el sistema

económico y que distorsionaría las relaciones laborales.

Además es en esta cuestión donde el actual proyecto de Constitución española más

se separa de la realidad jurídica del resto de las democracias industrializadas:

ningún país occidental, salvo Portugal, acepta la plena libertad de huelga.

LA envergadura de las afirmaciones anteriores hace aconsejable una exposición o

exploración en profundidad.

En cuanto al reconocimiento de la huelga, si bien es notable el silencio o la

opacidad de las principales figuras de los grandes partidos, y la pobreza salvo

alguna excepción—de los debates en el Congreso, han aparecido o están

apareciendo análisis particulares detallados que ayudan a desvelar sus

implicaciones.

A estas alturas, la única interpretación disponible con visos de solidez,

contrastada por laa referencias de ios principales países europeos, puede

resumirse como sigue.

El proyecto constitucional español ofrece en dos párrafos —el artículo 26.2 y el

articulo 33.2—una audaz y originalísima combinación, sin analogías en otras

Constituciones, de amplia protección a las huelgas y otras medidas de conflicto

colectivo.

El primero de esos párrafos, al señalar "se reconoce el derecho a la huelga de

los trabajadores para la defensa de sus Intereses", ampara a toda» la* huelga»

políticas, incluidas las huelgas con pretensiones revolucionarias, y a la gran

mayoría de laa huelgas por intereses profesionales.

Ese párrafo constitucl o n a l concibe a la huelga como una libertad pública,

como un derecho subjetivo del que gozan las personas asalariadas, ejercitable

ante:

— Los empresarios, en el ámbito de la negociación colectiva.

— Los empresarios, más alla del ámbito de la negociaclón colectiva, siempre

que se actúe en defensa de intereses profesionales.

— Los poderes públicos, en defensa de intereses profesionales.

— Los poderes públicos, en defensa de intereses politicos no

revolucionarios.

— Los poderes públicos, en defensa de intereses políticos con tintes

revolucionarios o subversivos.

Hábilmente, el párrafo 26.2 comentado, al completar el reconocimiento al derecho

a la huelga con la motivación genérica "para la defensa de sus intereses",

cercena drásti c a mente las posibilidades limitativas de una posible definición

de la huelgaderecho por el Tribunal constitucional. Con dicha mención, el

Tribunal no podrá interpretar—tal como ocurre en Italia—que la huelgaderecho se

circunscribe al ámbitode defensa de Intereses profesionales, y deberá recalcar

que todas las huelgas políticas quedan amparadas como huelgasderecho.

LA maximizaclón del ámbito, de la huelgaderecho, consagrada en el artículo 26.2,

se ve remachada por la previsión de una ley que regularla el ejercicio de ese

derecho. Al comparar atentamente el articulo 26.2 y el articulo 33.2 se Seduce

que en el primero de ellos la posible ley reguladora deberá limitarse a

establecer las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de loa

servieios esenciales de la comunidad. Esta es una nueva atadura para nuestros

legisladores futuros sin precedentes en ningún país del mundo, excepto Portugal—

país que, sin embargo, deja la puerta abierta a la autorregulación de la huelga

por los propios trabajadores.

Ahora bien, este frenesí de libertad de huelga, bien cubierto por una reducción

sencilla que evita cualquier Impresión de alarma y sospecha en el ciudadano

corriente, no lleva directamente a resultados ilimitados. Con la redacción

comentada del artículo 26.2, el Tribunal constitucional aún podría definir el

"corpus" de La huelgaderecho como una abstención continuada y organizada del

trabajo por un conjunto de asalariados en defensa de sus intereses. Y esto

dejarla fuera de la protección de la huelgaderecho a las llamadas huelgas

intermitentes, rotatorias y de celo. Y también a las huelgas de simpatía y de

solidaridad puras. Y quizá también a las huelgas salvajes.

Entonces podría entrar en Juego el artículo 33.2, dentro del cual esas huelgas

excluidas del ámbito de la huelgaderecho podrían interpretarse como medidas de

conflicto colectivo en manos de los trabajadores. Pero, ¡oh, milagro!, las

huelgas salvajes, todas ellas laborales, poco gratas a las grandes

organizaciones sindicales, correrían el peligro de ser las únicas en la insólita

fórmula del proyecto español calificadas siempre como Ilícitas. En efecto, la

ley reguladora prevista" en el artículo 33.2, al contrario de lo que ocurre en

el articulo 26.2, puede introducir un conjunto indeterminado de limitaciones en

añadidura al establecimiento de las garantías precisas sobre servicios

esenciales Y muy posiblemente se desharía de todas las huelgas salvajes,

exigiendo que las medidas licitas de conflicto colectivo, en manos de los

trabajadores, fuesen dispuestas o decididas por las organizaciones u organismos

reconocidos a tales efectos (sindicatos realmente implantados, tal vez comités

de empresa), un requisito formal de licitud.,.

En fin, la maravillosa fórmula del proyecto comentado parece no tener

desperdicio: todas las piezas engranan a la perfección

Ahora bien, toctos esos resultados interpretativos no componen, según ya dijimos

en otro lugar, un escenario europeo de) derecho de huelga Los autores de los

párrafos consensuados 26.2 y 33.2, pese a Ja maestría y sutileza demostrada en

su redacción, aparentemente equilibrada e ingenua, han caldo de manera rotunda

no en una italianización, sino en una portuguesización de la Constitución, y

esto debe representar, en principio, una grave señal de alarma que exige total

esclarecimiento.

Antonio LÓPEZ NIETO

 

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