Autor: Sole i Tura, Jordi. 
   El Congreso y el Senado en el proyecto de Constitución     
 
 El País.    31/08/1978.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 21. 

TRIBUNA LIBRE

El Congreso y el Senado en el proyecto de Constitución

JORDI SOLÉ TURA Diputado comunista por Barcelona

Sin esperar la terminación del proceso constituyente los comunistas hemos

valorado de manera positiva el desarrollo del mismo y hemos llamado a hacer del

referéndum sobre la Constitución un gran acto de afirmación democrática.

Es cierto que hay aspectos del proyecto de Constitución que nos parecen muy

insatisfactorios y con los cuales estamos evidentemente en desacuerdo. Pero

globalmente considerado este proyecto cumple con creces su función principal: la

de culminar con éxito una fase de esta compleja transición a U democracia, fase

caracterizada por la ruptura con el franquismo en el plano legal y por la

apertura de nuevas posibilidades para el protagonismo de las fuerzas

democráticas. Sabemos que nuestra democracia es todavía frágil y la Constitución

va a ser un elemento importantísimo para su consolidación. Y ese objetivo prima

sobre todos los demás.

Si de algo nos quejamos es. precisamente, de que et proyecto de Constitución no

llega a veces hasta donde podría y deberla llegar para que esa consolidación

democrática sea más sólida y profunda. Sabemos perfectamente que los

condicionamientos de esta transición han introducido en el proyecto de

Constitución una cierta dosis de ambigüedad. De hecho en numerosos artículos lo

que se hace es establecer un compromiso y dejar la solución del problema

planteado para la futura correlación de fuerzas políticas. Había que hacerlo asi

y no hay vuelta de hoja. Pero hay. casos en que esta ambigüedad o esta

insuficiencia obedece a otras causas y refleja una voluntad no tanto de

consolidar nuestra frágil democracia como de imponer una determinada óptica que,

a nuestro entender, va a complicar las cosas en vez de aclararlas.

En términos generales hay tres grandes temas en los que esta óptica limitadora

se ha impuesto y en los que por consiguiente, nuestro desacuerdo es total. Uno

es la prohibición impuesta a los magistrados, jueces y fiscales de sindicarse y

de pertenecer a un partido político. Si con ello se intenta evitar el partidismo

abierto de estos funcionarios creemos que el resultado es exactamente el

contrario. El juez o magistrado que pertenezca abiertamente a un partido

político o a un sindicato se verá obligado a extremar su neutralidad en e!

ejercicio profesional para no comprometer al partido o al sindicato a que

pertenece. En cambio el juez o magistrado que pertenezca clandestinamente a

alguna de estas organizaciones —porque ahora se les obliga a la clandestinidad—

podrá actuar con pleno partidismo sin que ninguna responsabilidad pública le mar

que limites. Tendremos los posibles inconvenientes de la adscripción

políticoideológica sin ninguna de sus ventajas.

El segundo gran tema de desacuerdo es el párrafo primero del articulo 63, donde

se establece que el Congreso de los Diputados se compone de un mínimo de

trescientos y un máximo de cuatrocientos diputados. Es cierto que el resto de

ese artículo 63 contiene aspectos muy positivos, y entre ellos, la

constitucionalización del sistema de representación proporcional. Pero si se

tiene en cuenta que la circunscripción electoral es la provincia —lo cual está

bien— y que a cada provincia hay que adscribir una representación mínima

inicial, la gran limitación del número de diputados (que de hecho puede quedar

en 350, como ahora) hará que en la mayoría de las provincias el sistema de

escrutinio no sea el proporcional, sino el mayoritario y que, en general, la

proporcionalidad quede muy desfigurada en la práctica, como ya se vio en las

elecciones del 15 de junio. Para que rija un auténtico sistema proporcional es

preciso que et número total de diputados a elegir se sitúe entre 450 y

quinientos. Lo mejor sería fijar un diputado por una determinada fracción de la

población —por ejemplo, uno por cada 75.000 habitantes o fracción superior a

40.000, porque de este modo la composición del Congreso siempre guardaría

proporción con el aumento de la población española. Tal como queda ahora, el

sistema tiende, pues, a desfigurar y limitar el principio de representación

proporcional que se enuncia en el propio texto.

Pero donde esa limitación y esa desfiguración alcanzan su máximo grado es en el

artículo 64, que regula la composición del Senado. Este es, seguramente, el

aspecto más insatisfactorio del proyecto de Constitución. El párrafo primero de

dicho articulo establece que el Senado se compone de cuatro senadores por

provincia, más algunos otros, muy pocos, propuestos por las comunidades

autónomas y nombrados por el Rey. De hecho se prevé un Senado como el actual. Y

aquí está la clave del asunto.

Es de sobra conocido que el actual Senado fue establecido por los autores de la

ley para la

Reforma Política como un asidero para los hombres del franquismo que quisiesen

incorporarse a la nueva fase sin tener que renunciar a nada o casi nada y

también como una institución en la que predominase la España rural y caciquil

frente a la posible configuración democrática de un Congreso elegido con

escrutinio proporcional.

Es cierto que el Senado actual no se ajusta plenamente a esta previsión y que en

él han entrado muchos hombres y mujeres de clara trayectoria democrática. Pero,

en general, en el Senado predomina mucho más que en el Congreso el peso de la

España rural y caciquil. Además —y esto es seguramente lo más grave—, el sistema

de elección de los senadores difumina totalmente el papel de los partidos

políticos e introduce un elemento de indeterminación y de personalismo que

dificulta enormemente la clarificación de las opciones políticas y el

asentamiento de los partidos como órganos fundamentales de la vida democrática.

Este Senado se puede explicar por la peculiaridad de la transición a la

democracia, con su especial superposición de elementos viejos y nuevos. Pero lo

que no tiene ningún sentido es que esa misma institución, con todas sus

contradicciones y deficiencias, se intente mantener tal cual para la fase

democrática que se abre con la nueva Constitución.

Es de sobra conocido que los Senados existentes en otros países o bien son

residuos de una evolución constitucional en la que las viejas clases

aristocráticas han ido conservando una parcela de poder, siempre en disminución,

o bien responden a la configuración federal de los Estados. En estos últimos

casos su papel es distinto al tradicional y son instrumentos indispensables para

una adecuada representación de los Estados miembros de una federación.

Pero el Senado que se prevé en el proyecto de Constitución no es ni una cosa ni

otra. En todo caso responde más bien a la visión tradicional. En los debates en

el Congreso los representantes de UCD confirmaron esto, pues todos los

argumentos que adujeron iban por la línea doctrinal más tradicional y

conservadora de ía necesidad de crear una Cámara de reflexión, una Cámara de

compensación de los excesos del Congreso, etcétera. Y lo más extraordinario es

que estos razonamientos fueron aceptados sin protesta por los diputados del PSOE

que votaron junto a los de UCD para imponer este peregrino Senado frente a la

oposición de los comunistas, los nacionalistas catalanes y los nacionalistas

vascos.

¿Qué sentido tiene un Senado de estas características? Ninguno, como no sea el

afán de los dos partidos hoy mayoritarios de tener una Cámara en la que por el

juego del sistema de elección se repartirán entre ellos el mayor número de

senadores. Es decir, no hay más explicación que el deseo de impulsar por vía

electoral la pretendida tendencia al bipartidismo. " .

Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con los intereses reales del país? La

Constitución quiere establecer un sistema general de autonomías de manera

gradual. Pero el Senado no tiene nada que ver con esas autonomías y responde a

un principio de representación sitiado al margen de las mismas. Un Senado

entendido como Cámara de las comunidades autónomas o Cámara de las

Nacionalidades y Regiones tendría plena justificación como elemento de

representación de estas y de articulación de las autonomías con la necesaria

coordinación de opciones y la no menos necesaria centralización de determinadas

medidas. Esta debería ser en todo caso la justificación del Senado, si de verdad

se quiere llegar a la articulación general de un sistema de autonomías que

supere de una vez por todas el estéril centralismo de tantos años.

En cambio un Senado como el previsto ni cumple esa función ni sirve para otra

cosa que para limitar el ya maltrecho principio de representación proporcional.

Es un Senado que se sitúa al margen de los aspectos más constructivos y

renovadores del proyecto de Constitución y que se introduce en éste como un

elemento extraño, como un cuerpo del pasado que no responde a otra exigencia que

la de coartar la auténtica representatividad de las Cortes.

El Senado se configura como un órgano de representación de las provincias cuando

la Constitución tiende a establecer como entidad organizativa y representativa

fundamental la comunidad autónoma.

A ese Senado se le quieren atribuir además unas facultades legislativas que de

hecho lo van a convertir en una Cámara equivalente al Congreso, es decir, en una

Cámara de duplicación pura y simple de las tareas legislativas de los diputado».

.Finalmente, ese Senado tiende a fomentar una bípolarización de las fuerzas

políticas que no sólo es ajena a la auténtica realidad del país, sino que se

contrapone a las necesidades políticas de España en el futuro a corto y a largo

plazo. Ante los graves problemas políticos y económicos que debemos abordar y

resolver si queremos que nuestra frágil democracia eche raíces sólidas y se

consolide, nada puede ser peor que la división del país en dos bloques políticos

cerrados. Por el contrario, hay que imaginar todos los mecanismos

institucionales posibles para que esas soluciones se puedan abordar con el apoyo

y la participación activa de grandes mayorías.

Sé que en el actual Senado muchos de sus miembros comparten esas inquietudes.

Asi lo demuestran muchas de las enmiendas presentadas al proyecto de

Constitución, todas ellas orientadas a fortalecer el carácter de institución

representativa de las nacionalidades y regiones. Pero esas enmiendas no pasarán

de ser meras proclamas testimoniales sí los dos partidos mayoritarios UCD y PSOE

no reconsideran su posición y aceptan la reestructuración del Senado en el

sentido indicado.

Yo creo que nos jugamos en ello buena parte de nuestro futuro democrático. O

establecemos unas instituciones que abran libre cauce a la representación lo más

exacta posible de las auténticas fuerzas políticas del país y que reflejen su

verdadera incidencia, o de lo contrario crearemos unos extraños corsés

institucionales que desfigurarán la realidad política del país, dejarán a muchas

fuerzas fuera del ámbito parlamentario y, en definitiva, introducirán un

extraordinario elemento de confusión en algo tan decisivo como será la puesta en

marcha y la consolidación del sistema de autonomías.

Todavía estamos a tiempo de resolver bien esta cuestión. Seria realmente

lastimoso que se desaprovechara esta oportunidad. Y sería también lastimoso que

se frustrara de este modo una gran parte de la aspiración democrática de

nuestras nacionali dades y regiones.

 

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