Autor: Gor, Francisco. 
 Campaña para el referéndum constitucional. Aspectos principales de la Constitución de 1978/11. 
 Cuestión religiosa: ni nacionalcatolicismo ni anticlericalismo     
 
 El País.    25/11/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

Aspectos principales de la Constitución de 1978 /11

Cuestión religiosa:ni nacionalcatolicismo ni anticlericalismo

FRANCISCO GOR

La cuestión religiosa, uno de los caballos de batalla que ha venido enfrentando

desde principios del siglo XIX a la izquierda anticlerical y a la derecha

máspapistaqueelPapa españolas, ha entrado por primera vez en vías de solución a

nivel constitucional. ´Ello significa que la derecha española, al menos una

parte importante de ella, ha superado el nacionalcatolicismo, y que la izquierda

ha abandonado o ha relegado a un segundo plano el anticlericalismo. A ambas

actitudes ha contribuido la posición oficial de la Iglesia católica española en

los últimos años, de acuerdo con las normas del Concilio Vaticano II, y el

comportamiento práctico de una gran parte del clero y de los católicos

españoles.

El articulo 16 de la Constitución establece de entrada la no confesionalidad del

Estado español. «Ninguna confesión tendrá carácter estatal», dice el apartado

tercero de dicho articulo. Los ponentes constitucionales y las fuerzas políticas

mayoritariamente represen tan ti vas del pueblo español que han elaborado la

Constitución han considerado que, ¡por fin!, la sociedad española estaba madura

para proclamar sin miedo y sin hostilidad alguna la separación entre el Estado y

la Iglesia y el Estado aconfesional.

Este Estado aconfesional, sin embargo, garantiza plenamente la libertad

religiosa y de culto tanto de los individuos como de las comunidades, sin más

limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del

orden público. Pero esta garantía de la libertad religiosa y de culto va más

allá de la pura abstracción y se concreta en el texto constitucional al

especificarse que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias

religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de

cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones».

La mención expresa de la Iglesia católica, que a algunos sectores de la

izquierda ha podido parecer un privilegio, no ha sido sino fruto del realismo

político demostrado por las fuerzas que han elaborado la Constitución. El peso

de la Iglesia católica en la sociedad española, su influencia moral, el gran

número de españoles que todavía viven, más o menos conscientemente, al amparo de

la moral católica, ponían fuera de la realidad la pretensión de meter a la

Iglesia católica en el saco común de las demás confesiones.

En resumen, el Estado deja de imponer coactivamente, por ley, la religión

católica a los españoles, pero garantiza a ésta y las restantes confesiones

plena libertad en sus manifestaciones, tanto en el ámbito privado como en el

público. A la Iglesia católica se le reconoce, no obstante, en la norma

constitucional el papel relevante que. por encima de las restantes confesiones,

juega en la sociedad española.

La libertad ideológica y religiosa reconocidas por la Constitución serían

incompletas sin el derecho a la libertad de expresión también reconocido y

protegido en el texto constitucional. Este derecho alcanza a la expresión y

libre difusión de pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el

escrito o cualquier otro medio de reproducción; a la producción y creación

literaria, artística, científica y técnica; a la libertad de cátedra y a la

comunicación y recepción de información veraz por cualquier medio de difusión.

El derecho a la libertad de expresión es, en principio, absoluto, y su ejercicio

sólo tiene el límite del respeto a los derechos de la persona, especialmente al

derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la

juventud y de la infancia.

La censura previa, como instrumento de control del Estado, es concretamente

rechazada por la Constitución. Sólo los tribunales podrán a posteriori acordar

el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en

virtud de resolución judicial.

En el terreno de la garantía de la libertad de expresión, el papel que el texto

constitucional atribuye a los tribunales de justicia es también fundamental. De

ahí la necesidad de que la futura organización del funcionamiento de la

justicia, cuyos principios esenciales están previstos en la Constitución, sea

democrática e independiente. El texto constitucional prevé en este ámbito de la

libertad de expresión dos leyes ulteriores: una que regulará el derecho a la

cláusula de conciencia y al secreto profesional de los periodistas, y otra que

regulará la organización y el control parlamentario de los medios de

comunicación social dependientes del Estado (el más importante de ellos, la

televisión) o de cualquier ente público, y garantizará el acceso a dichos medios

de los grupos sociales y políticos significativos.

 

< Volver