Autor: Gor, Francisco. 
 Campaña para el referéndum constitucional. Aspectos principales de la Constitución de 1978/14. 
 Derechos del detenido y libertad personal     
 
 El País.    29/11/1978.  Página: 15. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

EL PAÍS, miércoles 29 de noviembre de 1978

POLÍTICA

Campaña para el referéndum constitucional

Aspectos principales de la Constitución de 1978/14

Derechos del detenido y libertad personal

FRANCISCO GOR

El respeto a la libertad y seguridad personales, así como el reconocimiento de

los derechos del detenido, constituyen uno de los rasgos fundamentales que

diferencian al Estado de Derecho de una dictadura o de cualquier otro sistema

político de carácter autocrítico.

La dictadura o la autocracia pueden proclamar en sus leyes fundamentales, aun

enfáticamente, el reconocimiento de estos derechos, para desconocerlos a

continuación en una abundante y detallista legislación ordinaria, más efectiva,

que tiene precisamente como objetivo su represión.

La Constitución española de 1978 no sólo proclama estos derechos, sino que

establece la vinculación a los mismos de los poderes públicos y reconoce el

derecho del ciudadano a obtener la tutela efectiva de los tribunales en el

ejercicio de tales derechos.

En lo que se refiere a la libertad y seguridad personales, la Constitución

reconoce, de entrada, este derecho en abstracto, pero concreta inmediatamente el

marco de garantías dentro del cual deberá moverse la autoridad en caso de privar

a algún ciudadano de este derecho. Detención preventiva. Se establecen dos

plazos para dar término a la misma, los dos obligatorios y uno de ellos

improrrogable. El primero fija su duración en el tiempo estrictamente necesario

para el esclarecimiento de los hechos. En lodo caso, y aquí entra en juego el

segundo plazo sin posibilidad de prórroga, la detención preventiva deberá

finalizar a las 72 horas, bien con la libertad del detenido, bien con su puesta

a disposición de la autoridad judicial. Este derecho, sin embargo, puede ser

suspendido genéricamente en los estados de excepción o de sitio previstos en el

artículo 116 o pira, personas determinadas, en relación con las investigaciones

correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, según

lo que establezca en su día una ley orgánica.

«Habeas Corpus». Una ley deberá regular el procedimiento por el que todo

detenido podrá acudir inmediatamente a la autoridad judicial para que se

determine si su detención ha sido o no justificada. La institución del «habeas

corpus», de gran tradición en Gran Bretaña, tiene como objetivo evitar los

arrestos y detenciones arbitrarias. Este procedimiento, una vez que entre en

vigor la ley que lo regule, también podrá ser suspendido durante los estados de

excepción o sitio.

Asistencia letrada. La asistencia letrada al detenido desde el mismo momento de

la detención ha sido una de las reivindicaciones más sentidas de la abogacía

española. La Constitución reconoce este derecho y detalla que esta asistencia

deberá prestarse, concretamente, en las diligencias policiales y judiciales.

También se constitucionaliza el derecho del detenido a no declarar y a no ser

obligado a ello. La suspensión de este derecho sólo podrá efectuarse en los

estados de sitio, pero no en los de excepción ni los supuestos previstos para la

investigación de la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

Inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones. Respecto a la

primera, la Constitución establece tres excepciones: caso de flagrante delito,

consentimiento del titular o resolución judicial. Este derecho también puede ser

suspendido durante los estados de excepción o de sitio, asi como en los

supuestos de la lucha antiterrorista, aunque en este caso concreto 1a

Constitución dice expresamente que deberá realizarse con «1a necesaria

intervención judicial». Igualmente en ambas situaciones puede ser también

suspendido el derecho al secreto de las comunicaciones postales, telegráficas y

telefónicas, mientras que en una situación de normalidad constitucional sólo la

autoridad judicial, mediante resolución, tiene capacidad legal para desvelar

este secreto. Libertad de residencia. Los españoles tienen derecho a elegir

libremente su residencia, a circular por el territorio nacional y a entrar y

salir libremente de España en los términos que la ley establezca. En todo caso,

la entrada o la salida de España no podrá ser limitada por motivos políticos e

ideológicos. La legislación franquista sobre el tema, concretada en el decreto

de 20 de junio de 1958, contemplaba la privación de la concesión del pasaporte o

su retirada por causas que pudieran afectar al orden público o a la seguridad

nacional. Estos derechos también pueden ser suspendidos, según la Constitución,

durante los estados de excepción o de sitio.

 

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