Toda la política, dentro de la Constitución. 
 La transición ha terminado     
 
 ABC.    30/12/1978.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

LA TRANSICIÓN HA TERMINADO

Madrid. (De nuestra Redacción.) El Consejo de Ministros celebrado ayer es el

primero que tiene como techo la nueva legalidad constitucional: como techo y

como horizonte. Publicado en el «Boletín Oficial del Estado», también en la

fecha de ayer, el texto de la Constitución, se ha concluido con ello el largo

compás del tránsito político del cambio de régimen cara el que sirvió de riel la

ley de Reforma Política, aprobada también en referéndum hace dos años. El

referéndum de 1976 y este de 1978 han significado dos expresiones distintas de

la soberanía nacional: aquél, expresando que aceptaba el cambio; éste,

aprobando, dentro del cambio, la legalidad elaborada por las Cortes que los

españoles eligieron en junio de 1977 sobre las bases de evolución refrendadas en

la primera consulta popular habida después de la desaparición de Franco, el 20

de noviembre de 1975.

Y si, como derimos, el tránsito político en su acepción fundamental ha

concluido, ros encontramos, sin embargo, en otro compás de cambio, de tránsito.

Compás que tiene una acepción más específica y que es Interior a la nueva

legalidad constitucional: limitada y pautada por ella. Ea el cambio de las

reglas de juego lo que ha concluido absoluta y solemnemente. El cambio que no ha

concluido, sino que se Inicia ahora, es el cambio que señalan las reglas de

juego que la Constitución establece y en las que la Constitución consiste.

Este último cambio, esta transición —ya normales, reglamentados y pautados por

el Código constitucional— es el que se preceptúa y define en las disposiciones

fundamentales llamadas, precisamente, «transitorias>.

QUÉ DETERMINAN LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS.—Del total de nueve disposiciones

transitorias que la Constitución determina, pasamos a considerar sólo la octava.

En ella se especifican los mecanismos que preceptivamente deben actuarse para

operar la crisis, la revisión de los mandatos emanados de la voluntad popular en

las elecciones generales a Cortes del 15 de Junio de 1977.

Bajo el epígrafe «Las actuales Cámaras y el Gobierno después de aprobarse la

Constitución», dice así:

1. Las Cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán, tras la

entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se

señalan, respectivamente, para el Congreso y el Senado, sin que en ningún caso

su mandato se extienda más allá del 15 de junio de 1981.

2. A los efectos de lo establecido en el artículo 99, la promulgación de la

Constitución se considerará como supuesto constitucional en el que procede su

aplicación. A tal efecto, a partir de la citada promulgación se abrirá un

período de treinta días para la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo.

Durante este período, el actual presidente del Gobierno, que asumirá las

funciones T competencias que para dicho cargo establece la Constitución, podrá

optar por utilizar la facultad que le reconoce el artículo 115 o dar paso,

mediante la dimisión, a lo establecido en el artículo 99, quedando en este

último caso en la situación prevista en el apartado 2 del articulo 101.

3. En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115, y si

no se hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69,

serán de aplicación en las elecciones las normas vigentes con anterioridad, con

las solas excepciones de que en lo referente a las ínelegíbilidades e

incompatibilidades se apurará directamente lo previsto en el Inciso segundo de

la tetra b) del apartado 1 del artículo 70 de la Constitución, así como lo

dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto en el artículo 69.3.

EL PRESIDENTE Y LA. PROMULGACIÓN.—Al promulgarse ayer la Constitución se abrió

un período de treinta días para la aplicación. de lo que el artículo 99 dispone

sobre el nombramiento del presidente del Gobierno. Pero lo contemplado en aste

artículo son los supuestos normales, es decir, los que corresponderán a una

normalidad constitucional plena, donde todos ellos serán Imputables a la

normativa y a la mecánica de la Constitución y no referidos, directa o

indirectamente, a otra ley fundamental, como, por ejemplo, tal cual era la

ocasión de ahora a la ley para la Reforma Política.

La Investidura, que será el mecanismo aplicable a la personalidad política Que

recabe, por virtud de las elecciones, el democrático favor de las mayorías, ha

sido una de las hipótesis consideradas para prolongar —con fecha tope del 15 de

junio de 1981— los mandatos surtidos de los comicios del 15 de junio de 1977. Se

hubiera así conjugado la continuidad formal del cambio, el enlace entre la ley

para la Reforma Política y la Constitución, con la continuidad de los mandatos

en e1 Poder ejecutivo y en el Poder legislativo. Tal hipótesis venia

posibilitada en su viabilidad por la disposición transitoria octava, por cuanto

conferia al actual presidente del Gobierno la opción de la investidura o la

fórmula de elecciones generales.

Se ha optado por las elecciones generales, y se ha hecho nada más principar el

plazo de treinta días que la Constitución concede al actual presidente del

Gobierno.

DISOLUCIÓN DE LAS CAMARAS La opción de las elecciones generales se sustancia

según la forma, que establece el artículo 115 de la Constitución.

«El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y

bajo su exclusiva responsabilidad, podra proponer la disolución del Congreso,

del Señado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto

de disolución fijará la fecha de las elecciones.»

CONCLUSIONES.—En el orden doctrinal, la decisión de Suárez de proponer al Rey la

extinción del mandato del 15 de junio de 1977 supone la calificación de

constituyentes para las Cortes que, salidas de los comicios aquellos, hicieron

la Reforma Política. Cumplida su misión, elaborada y promulgada la Constitución,

se incoa ahora el proceso para formar unas Cortes ordinarias, distintas, no

precedentes a la Constitución, sino consecuentes a ella. Hechura cabal de la

misma. Serán las cortes surgidas de las elecciones próximas de tan rigurosa

planta como la forma monárquica del Estado que la Constitución consagra. Y, en

otro orden de cosas, formalizarán, en rigurosos términos de dinámica política,

el desenlace completo de la transición.

En el orden político, la no Investidura del presidente Suárez supone, en pura

elección de alternativas, el reconocímiento Implícito de que no contaba con el

apoyo parlamentarlo preciso o que, disponiendo de él habría de convenirse a un

precío que comprometía de manera grave lo más esencial del mandato recibido por

U.C.D. de sus electores en las elecciones del 15 de Junio de 1977.

Con la propuesta de disolución de las Cortes se agota el mandato de las

elecciones del 15 de junio.

Suárez ha desechado la opción que le brindaba la disposición transitoria octava

 

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