Autor: Sáez, Raúl R. . 
 Declaraciones de Manuel García Pelayo. 
 Nadie se ha inmiscuido en la independencia del Tribunal Constitucional     
 
 ABC.    06/12/1981.  Página: 12-13. Páginas: 2. Párrafos: 28. 

l2/ABC

NACIONAL

DOMINGO 6-l2-8l

En perspectiva

Declaraciones de Manuel García Pelayo

«Nadie se ha inmiscuido en la independencia del Tribunal Constitucional»

MADRID (Raúl R. Sáez). «Nadie ha discutido la independencia del Tribunal

Constitucional en su aún corta vida. Y en ningún momento los Poderes públicos

han intentado siquiera inmiscuirse.» Con estas palabras, el presidente del

Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo, define la línea mantenida por esa

institución desde que se constituyera el día l2 de julio de l960, hasta las más

altas instancias del país. El señor García Pelayo, ilustre autor de una

considerable obra de investigación Jurídica, fue acogido en su día por todas las

fuerzas como la persona más idónea para ocuparse de la responsabilidad de este

alio cargo, y no ha defraudado dada su equidistancia de tos partidos y su

autonomía, tanto en el pasado como en el presente, frente al Poder.

Desde que fue elegido para presidir el Tribunal Constitucional, este jurista

zamorano, de setenta y dos años, ha defen-dido, como el mismo explica, las tres

claves que permiten una mayor eficacia del organismo: la independencia y

laborio-sidad de los magistrados que lo integran; la actitud de los ciudadanos y

de los demás órganos constitucionales, y la no consideración del Tribunal como

una con-tinuación de la política por otras vías. «Desde el punto de vista

jurídico -comenta el señor García Pelayo-, el Tribunal Constitucional es el

primordial órgano de de-fensa de la Constitución. Pero no somos los únicos a los

que corresponde esta misión, ya que si la Constitución nos atañe a todos, debe

ser defendida por todos. Y especialmente por otros órganos superiores del

Estado.

Pero mientras que a éstos les puede competir una defensa política, a nosostros -

y siempre debe quedar claro- nos corresponde la defensa jurídica y, en este

sentido, somos como lo define la ley Orgánica que contempla nuestra creación,

los supremos intérpretes de las normas constitucionales, esta defensa de la

primacía jurídica de la Constitución es, y debe ser, en síntesis, nuestro

papel.»

El autor del «Derecho constitucional comparado», que ha sido libro de cabecera

de innumerables expertos, recalca el papel qué la Constitución juega en un

Estado de Derecho:

«La significación de la Constitución reside en la sumisión del ejercicio del

Poder público a la disciplina de sus normas, lo cual sólo es posible si la

constitucionalidad de las actuaciones de tales poderes puede ser enjuiciada por

un Tribunal.

Con ello, el Estado de Derecho llega a su plenitud, puesto que ahora ya no sólo

se enjuicia la legalidad de los actos de los Poderes públicos, como era el caso

del Estado legal de Derecho, sino también la constitucionalidad de la propia

legislación y de otros actos de dichos poderes, todo lo cual constituye

precisamente la característica del Estado constitucional de Derecho, adoptado

por la mayor parte de tos Estados occidentales a partir de la segunda guerra

mundial.»

AMBIGÜEDAD CONSTITUCiONAL

- La defensa de la Constitución no nos atañe sólo a nosotros, sino o todos los

órganos del Estado.

Una norma jurídica de la hechura de la Constitución española de 1978 puede ser

tachada en algunos casos de ambigua, generando diversas interpretaciones y

posiciones de otros poderes. La visión del señor García Peiayo sobre este tema

se

puede resumir así:

«En cierta medida, puede decirse que toda Constitución contiene formulaciones

ambiguas. Pero no es este el momento de efectuar una comparación con otros

textos constitucionales y decir si el nuestro es más o menos ambiguo o diáfano

que otros. Precisamente entre las funciones de un Tribunal Constitucional se

encuentra la de dar en cada caso planteado carácter univoco a lo que puede ser

pluricovo y la de concretar lo que puede ser excesivamente abstracto. Hasta

ahora no hemos encontrado grandes dificultades para cumplir con una u otra

tarea. Además, nadie ha discutido la independencia del Tribunal Constitucional,

ni ningún Poder público se ha inmiscuido en nuestro trabajo.» Casi diecisiete

meses de vida pueden servir ya de base para adelantar y valorar los principales

problemas que ha debido atender el Tribunal y el trabajo realizado en esta

etapa, casi de rodaje. «Valorar el trabajo del Tribunal Constitucional -afirma

su presidente- no es cosa que nos corresponda a nosotros. Uno es mal juez de sí

mismo. Efectivamente, el trabajo ha sido abundante desde que se constituyó esta

institución. Pero quiero destacar que contamos con los medios personales y

materiales necesarios para afrontar esa labor. El Estado no nos ha regateado los

recursos necesarios para ello.

Hasta ahora, el Tribunal ha conocido de un número considerable de asuntos. Ha

entendido de recursos de amparo, es decir, de la protección de los derechos

fundamentales del ciudadano frente a las lesiones causadas por los Poderes

públicos; ha entendido también de los recursos de inconstitucionalidad, lo que

técnicamente se conoce como control abstracto de normas, que consiste en la

declaración de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley. con

independencia de su aplicación a un caso concreto.

Asimismo, ha entendido de las cuestiones de inconstitucionalidad, o de control

concreto de normas, es decir, las que se plantean como consecuencia del

conocimiento de un caso concreto por los jueces o Tribunales. Finalmente, ha

entendido frecuentemente de los conflictos de competencias planteados entre el

Estado y las comunidades autónomas. Hasta ahora no ha teñido ocasión de ejercer

el control previo de constitucionalidad. que está, sin embargo, dentro de sus

competencias.»

RECURSOS DE AMPARO

El recurso de amparo ha sido -cifras cantan- el asunto a dilucidar que el

ciudadano ha llevado en mayor número ante el Tribunal. El señor García Pelayo

analiza sus principales contenidos.

«En esta materia, una gran parte de los recursos de amparo presentados se han

referido al principio de igualdad ante la ley, y otra gran parte al derecho de

obtener ia tutela efectiva de jueces y Tribunales. En concreto, los referidos at

artículo l4 de la Constitución (recordemos: "Los españoles son iguales ante la

ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,

razón, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia

personal o social") y al articulo 24, que se refiere a las garantías judiciales.

También han sido numerosos los recursos planteados en virtud del artículo l7,

por lo que se refiere a los límites de la detención preventiva, a la asistencia

de letrado y a otras garantías relativas a la libertad y seguridad personales.

Respecto a la situación, en este terreno, frente a países occidentales similares

al nuestro, es de notar que en Alemania occidental, por ejemplo, se presentan un

mayor número de tales recursos, aunque lo cierto es que se admiten muchos menos

y se resuelven a un ritmo más cadencioso.

¿Quién puede acudir al Tribunal? En materia de recurso de amparo, está

legitimado cualquier ciudadano que considere violado alguno de sus derechos

fundamentales por alguna institución pública. También están legitimados el

defensor det pueblo y el Ministerio Fiscal.

Los recursos de amparo, principal tema de trabajo en los diecisiete meses de

vida del Tribunal

En relación a los recursos de inconstitucionalidad, tal y como recoge nuestra

Ley Orgánica, están legitimados el presidente del Gobierno, cincuenta diputados

o senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y

las asambleas de las mismas, en la medida en que la ley cuestionada se refiere a

su propio ámbito de competencia. En lo referente a las cuestiones de

inconstitucionalidad, están legitimados los jueces o Tribunales en las

condiciones establecidas por la ley.

Resumiendo, nuestro abanico de actuación es muy amplio. El Tribunal entiende,

como se ve, de las lesiones a los derechos fundamentales de los ciudadanos;

entiende de las extralimitaciones de las Cortes en su función legislativa,

pudiendo anular una ley emanada de ellas si se opone a las normas y principios

constitucionales: entiende de los conflictos que puedan plantearse entre los

órganos centrales del Estado y las comunidades autónomas, de los que oponen a

éstas entre si, así como de los que se plantean entre (os órganos

constitucionales del Estado, es decir, del Gobierno con cada una de las cámaras

o con el Consejo General del Poder Judicial, o de cualquiera de estos órganos

entre sí. Sin embargo, es necesario aclarar que el Tribunal no puede en ningún

caso actuar por iniciativa propia, sino solamente a demanda de las partes

legitimadas para acudir al mismo. Es decir, es un órgano de control del recto

ejercicio constitucional de las funciones que corresponden a los poderes

públicos.»

SIN PRESIONES POLÍTICAS

En algún momento grupos políticos han sugerido abiertamente la posibilidad de

modificar la Constitución en varios de sus aspectos. Al señor García Pelayo le

planteamos esa posibilidad y el papel que puede jugar en ella el Tribunal que

preside.

«No puedo formular juicio alguno sobre la procedencia o improcedencia de la

reforma constitucional, ya que se trata de una cuestión política ajena al

Tribunal, salvo en lo que pudiera referirse a la constitucionalidad o

inconstitucionalidad de tal reforma, cuestión que habría que dilucidar en cada

caso. Lo que si puedo decir, de acuerdo con la experiencia de otros países, es

que la doctrina del Tribunal puede contribuir a adaptar la Constitución a las

nuevas situaciones históricas, sociales y culturales y quizá, evitar con ello

excesivas reformas, tal y como ha mostrado, repito, et caso de otros países.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional nunca puede adaptar su interpretación de

la Constitución a la presión ejercida por cualquier grupo político. El Tribunal,

insisto, tiene que estar al margen de toda presión y si la

hubiera, no puede tomarla en cuenta. Esta institución debe afirmar su

independencia no sólo frente a los otros poderes det Estado, sino frente a

coacciones de sectores sociales o políticos extraestatales. Es algo obvio: de no

ser así, el Tribunal no podna ejercer su función.

Hay que esperar, además, al desarrollo orgánico de la Constitución que, hasta el

momento, me parece suficiente. Todavía quedan bastantes aspectos que desplegar,

pero creo que las Cortes han trabajado a buen ritmo. Si comparamos el desarrollo

experimentado por nuestro texto constitucional en sus tres anos de existencia

con el realizado en otros países

en fechas análogas, el balance es positivo para nuestros legisladores.»

Requerido, finalmente, sobre la idoneidad de festejar una jornada al año el Día

de la Constitución, como vínculo que hermane aún más a todos los españoles, el

señor García Pelayo esboza una sonrisa, se relaja en su sillón presidencial, y

sin más matizaciones afirma: «Sí, pienso que sí.»

 

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