Autor: Dávila, Carlos. 
 Crónica del domingo. 
 Nada sin la Constitución     
 
 ABC.    06/12/1981.  Página: 18-19. Páginas: 2. Párrafos: 14. 

Crónica del domingo

Nada sin la Constitución

Por Carlos Dávilo

Por primera vez en nuestra Historia, los españoles, cuando aprobamos masivamente

la Constitución «no nos levantamos antes del amanecer». Habíamos permanecido

tantos años en vigilia de libertad que cuando ésta llegó pareció tan natural,

tan pacifica, tan escasamente traumática. Luego vino el desencanto porque se

creyó que la Carta Magna de la vida española iba a resolver todos los problemas,

como si fuera, simplemente, un programa político no una declaración de derechos

y deberes. Esta interpretación se hace ahora por los mismos que apuestan por el

estacazo, por los que hoy ponen crespones negros en las impecables banderas

nacionales. Todavía no han querido ver que en esta Constitución incluso caben

ellos

Han vuelto los demonios de siempre con distintos nombres. Los salvadores que

identifican el patriotismo con sus particulares intereses, buscan las vueltas a

nuestra norma suprema y la achacan dos grandes defectos. tos dos diferentes y ni

siquiera superponderables: fue realizada por consenso y es, simplemente, atea.

«(Como —me decía una anciana señora— voy a estar de acuerdo con una Constitución

que ha sacado a Dios del texto!» Los mesiánicos quisieron sacralizar hasta la

reforma agraria, por eso introducen menciones supranaturales a simples problemas

de cotidianidad. Hay un panfleto que circula estos días profusamente por los

barrios de Madrid que dice: «Rogad a Dios por la llegada de tiempos mejores en

todos los aspectos.» Esta es la conclusión de un ralo argumentario que trata de

presentar a la Constitución como causa de todos los males que han arrastrado a

nuestra nación a un estado ruinoso y desesperado».

UN TEXTO CON IDEOLOGÍA

No es momento éste de rebatir tan estúpidas razones, Este día debe valer para

otra cosa; debe servir, sobre todo, para conocer de cerca esa Constitución que

ahora aparece recordada por primera vez. ¿Qué ha pasado desde su aprobación? En

los dos primeros años, sucedió sencillamente que funcionó sin necesidad de

avisos, estábamos todos a punto de pensar que la letra se había hecho fuerte sin

que nadie tuviera que cantar sus glorias. Ocurrió el atentado intolerable de los

liberticidas de febrero y lodos hemos caído en el furor constitucional, en una

fiebre de defensa que es antigua en la historia de España, que es útil y

agradable, pero que no resolverá nuestros grandes males. Nos podemos quedar otra

vez en las palabras excelsas. Todo el siglo XIX español es una muestra impía de

cómo tos entusiasmos liberales y et favor constitucionalista quedó arrumbado

pronto por la dura problemática diaria de la vida pública. Estamos otra vez ante

ese reto histórico: si sólo conmemoramos la Constitución sin un afán de

progresar en ei futuro nos anclaremos de nuevo en el pasado. Este país, como

decía Tuñón de Lara «es un caso particular de supervivencia del pasado y de

aperturas hacia el porvenir», hacia un porvenir que, por primera vez, parece

libre.

El gran denuesto que se vuelca contra la Constitución, ha sido tradicionalmente

el consenso que permitió su redacción. Este se critica en un país en que la

trágala, cuando no la imposición, ha sido el método más comúnmente utilizado

para acogotar a las mayorías con los deseos de las minorías, la Constitución se

duele, desde luego, de una cierta ambigüedad, fundamentada en las distintas

concepciones políticas de sus redactores. En el coloquio de ABC, me sorprendía

yo con una frase que considero peligrosa por lo que tiene de posible anuncio del

constitucionalista del PCE Jordi Solé Tura: «No hicimos un texto ideologista»,

una afirmación discutible, pero sobre todo, a mi juicio, errónea. El peso, sin

embargo, de las fuerzas de izquierda hizo rebajar los componentes liberales y

añadir gotas intervencionistas que están siendo responsables de que las grandes

leyes que tienen que desarrollar la Constitución, hayan sufrido un retraso

considerable. Hubo un político centrista, ya fuera de UCD, que presentó una ley

en nada pareada al ideario del partido que entonces representaba. El la

justificaba así: «Responde a la Constitución.» Lo cual era soto parcialmente

cierto. Todos los pequeños defectos del texto constitucional se derivan quizá de

las interpretaciones diversas que pueden hacer los lectores. La Constitución es,

sin embargo, progresiva y permite la disparidad sin demasiados traumas. Pero no,

por lo menos en lo que yo sé, un documento desideologizado que permita a gusto

del consumidor.

En este país en que no llueve desde hace meses, nos hemos acordado de la Santa

Rita tronadora. Los liberticidas que tomaron et Congreso de los Diputados,

habían creado toda una estrategia golpista para justificar su incalificable

acción. La idea era muy simple y se puede explicar vulgarmente así: «Como les

hemos atrapado a todos ustedes (al Gobierno) y no pueden ejercer el mando, se ha

creado un vacio de poder y nosotros tenemos que tomarlo». Afortunadamente, y al

margen de otras consideraciones, aquel día se demostró que un texto tan largo y

tan detallado como nuestra Constitución vale exactamente para atoo. Todo estaba

previsto y ello permitió que los ejecutivos de la Seguridad del Estado idearan

un Gobierno provisional que permitió eí funcionamiento normal de las

instituciones. Esta virtud, no parca desde luego, viene a dar la razón a los que

fueron partidarios de una Constitución en la que prácticamente, y como dice

Gregorio Peces Barba «cupiera prácticamente todo». En España son peligrosas las

remisiones a textos internacionales, a costumbres consagradas por el uso o a

simples leyes posteriores. Cada ciudadano de este país guarda en sus entrañas un

intérprete de cualquier documento. El «hagan ustedes las leyes que yo haré los

reglamentos», de Romanónes, indica hasta qué punto las imprecisiones pueden

costar caras a la hora de aplicar un texto legal. Si nuestra Constitución

hubiera sido un mínimo decálogo de derechos y deberes como lo es el de otros

países secularmente democráticos, pienso yo que la libertad española no hubiera

resistido el embate feroz de febrero. Esta ha sido otro de sus grandes aciertos;

nuestra Carta Magna tiene soluciones para todos, algo que debemos agradecer,

principalmente, a tos denostados partidos de ahora, que entonces la acordaron.

MONARQUÍA CONSTITUCIONAL

Asegura Gabriel Cisneros, uno de los ponentes de UCD que más gozaba con el café

y tostadas mañaneras que interrumpían la redacción constitucional a media

mañana, que «nada se puede resolver sin la Constitución». La afirmación viene

pintiparada para consagrar la fe en una norma que está resolviendo problemas de

antinomia entre las dos Españas. Por esto hay que armar moralmente de razones a

los defensores de la Constitución y explicar que la crisis —si es que existe

como tal, que resulta discutible en su formulación más genérica— no es achacable

a un texto que ha demostrado ser válido, sino a la pubertad política de la dase

dirigente española. No es licito pensar, ni mucho menos «Intoxicar» utilizando

tan aprovechado argumento, que la crisis de los partidos hace la fragilidad del

Estado. Cuando los involucionistas se han quedado sin razones objetivas para

volver a sistemas descalificados por la mayoría de tos españoles, se ceban los

problemas de identidad, en la falta de coherencia, en las querellas personales

que han convulsionado la vida de nuestras organizaciones partidarias para

asegurar que «aquí lo que ha fracasado es el sistema". Algo que Blas Pinar ya

dijo en la manifestación nostálgica y folklorera: «Esta es una crisis del

sistema.» La tesis, que intelectualmente no se sostiene en pie, era todo un

alegato contra el orden constitucional y una afrenta contra el modelo de

libertades que hace tres años votó masivamente el pueblo español.

El Estado constitucional no es frágil; lo son, desde luego, nuestros partidos.

La Carta Magna española ha resuelto problemas que ahora parecen, a la altura de

nuestro desarrollo democrático, impensable. En España las gentes desaforadas se

han matado no ya por una bandera, sino por ia letra de un simple himno. Es

curioso que hoy los únicos que utilizan artillería pesada contra la Corona son

los que clásicamente han representado al sector más ultraconservador del país,

los que esperaban una Monarquía de privilegios formada por cortesanosantiguallas

que tan bien dibujó Berlanga en «Patrimonio nacional». El gran debate sobre la

forma de Estado ha quedado definitivamente olvidado; únicamente lo resucitan los

que últimamente, con gran pericia —eso hay que reconocerlo—, han construido en

el aire una pirueta, coartada y

«La crisis político no es achacable a un texto que ha demostrado su validez»

dardo envenenado que trata con gran desvergüenza de aligerar de nombres y

apellidos a la Monarquia de España. Esta es una especie que nadie me podrá

desmentir y que ya empezó a conocerse cuando en los viejos tiempos el titular de

la Corona mostró su indomable afán de hacer de España un país de libertades,

ajeno al proteccionismo y a la tutela y huérfano de caudillajes que nunca han

resuelto a la larga papeletas históricas. La especie intoxicadora está hoy en

folletos y en documentos golpistas y nadie debe creer, de buena fe, en ella. Por

eso hago la denuncia, hoy. Día de la Constitución monárquica y democrática

española.

DEFENDER LAS LIBERTADES

Decía Gabriel Cisneros, con ese retórico lenguaje que le caracteriza y le

adorna, que «la azarosa historia constitucional nos previene de la tentación de

la mudanza»,

Tiene toda la razón. A mi, particularmente, se me hiela la sangre cuando apenas

a los tres años de su aprobación se alzan voces, incluso democráticas, que

apuestan por la reforma del texto constitucional. Es cierto que un título,

concretamente el VIII, el que define la organización autonómica del Estado, es

francamente malo y que ha acarreado gravísimos problemas de entronque a la

democracia española. Pienso yo, sin embargo, que ese título no tiene por qué

modificarse; basta con que el modelo autonómico se construya —como

afortunadamente parece que se está haciendo ahora— sobre la falsilla

constitucional, no sobre su doctrina invariable, entre otras cosas porque la

ambigüedad de este capítulo permite una flexibilidad en la maniobra política

verdaderamente notable.

La Constitución no tiene la culpa, ninguna responsabilidad, de que en España se

hayan aprobado dos Estatutos de autonomía que rebasan con creces los lindes

federales. Póngase, sin embargo, ef lector en tos tiempos de agosto del 80

cuando el terrorismo asolaba el país y la reivindicación nacionalista era más

grave. ¿Era posible, entonces, sacar a flote unos estatutos más «descafeinados»?

¿Hubieran podido escribirse unos textos, como el catalán y el vasco, menos

comprometidos? Las preguntas son, a mi parecer, decisivas. Con distancia, «a

posteriori» se ha demostrado que aquellos Estatutos, luego aprobados en

referéndum —detalle que a veces prefiere olvidarse—, no han serenado aún las

relaciones entre el centro y la periferia, y menos las sincopadas que

tradicionalmente han existido entre el Poder central y los periféricos La

Constitución debió —y este fue su gran fallo— incluir en este capítuto la

rotación, como pretendía un ponente, de todas las competencias exclusivas del

Estado. No se hizo aquello y ahora pagamos las consecuencias y, de paso, tenemos

que rectificar con una Ley que, justamente, los autonomistas han juzgado

intolerable. Aquellos polvos han traído estos lodos.

Tres años después de aquel día frío del 78, España se encuentra objetivamente

mejor. Hay qué dudar, sin embargo, de nuestras libertades, sobre todo porque

existen aún fuerzas que no han aprendido el valor constitucional y, en

consecuencia, no están dispuestas a respetarlo. Dentro de la Carta Magna caben

todos los españoles salvo, como decía, los que la confunden con un programa

política Estos nunca podrán estar de acuerdo. Pero a éstos, incluso, les protege

la Constitución

 

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