Autor: Garrigues, Antonio. 
   La Constitución y la fe católica     
 
 ABC.    05/12/1978.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 11. 

FUNDADO EN 1905 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA

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suyas las ideas vertidas en los artículos firmados

LA CONSTITUCIÓN Y LA FE CATÓLICA

DESPUES de haber leído la declaración de la Conferencia Episcopal y la pastoral

del cardenal primado sobre este tema, respetando y acatando el magisterio de la

Iglesia, y con la libertad de los hijos de Dios y la falta de responsabilidad

del que precisamente no ejerce ninguna clase de magisterio, digo mí

pensamiento.

La Constitución o Leyes Fundamentales del régimen de Franco era confesional,

confesional en extremo: «La nación española considera como timbre de honor el

acatamiento de la ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica

Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional

que inspirará su legislación.» (Principio II del Movimiento.)

La Constitución que se va a someter a Referéndum el día 6 de diciembre es no

menos claramente aconfesional (artículo 16,3). Ni una sola vez invoca el nombre

de Dios y sólo una vez menciona la Iglesia católica. Resulta una Constitución de

las más laicas del mundo.

En un país de clara mayoría de católicos y de cristianos ¿no podría haberse

invocado e! nombre de Dios? Pero ¿debería haberse hecho? Es muy comprometido

iniciar una Constitución con la fórmula de «en el nombre de Dios...» u otra

invocación semejante de la divinidad. Porque las imperfecciones que afectan a

contenido de justicia quedarían como sacralizadas; porque el desarrollo de la

Constitución en leyes tan imperfectas como las que hacen siempre los hombres

quedarían asimismo como sacralizadas hechas «en Su nombre»; y porque el régimen,

después del Vaticano II, se olvidó de eso de «inspirar su legislación en la

doctrina de la Iglesia», porque hala sido una declaración políticoreligiosa.

Es verdad que se desarraiga con ello la costumbre de esa invocación tan bella,

pero en la Iglesia se están arraigando y desarraigando constantemente esa clase

de costumbres. Pablo VI vendió la famosa tiara de los Pontífices romanos para

dar su dinero a los pobres, y de la tiara han prescindido, cambiándola por la

simple estola, los dos Papas Juan Pablo. Y más ejemplos no se pueden contar

porque son incontables.

Pero la imperatividad de las Ieyes, y sobre todo la Constitución, que es una

super-ley, ¿no es acaso por la autoridad que viene de Dios? Sí, pero las

magistraturas civiles no tienen su autoridad por un sacramento, como en la

Iglesia. Así, el Vaticano II en la «Gaudium et Spes», 74 c., dice: "Es,

pues, obvio que la comunidad política y la autoridad pública se fundan en la

naturaleza humana y, por lo mismo, pertenecen al orden prefijado por Dios,

aunque la determinación del régimen (político) y la designación de los

gobernantes están dejadas a la voluntad libre de los ciudadanos." esta una

doctrine que ya hace unos o siglos había expuesto autorizada-,ce el teólogo

jesuíta P. Suárez. Lueno se puede decir que la Constitucion, por no invocar el

nombre de Dios, es atea.

Otro de los «puntum dolens" de la Constitución es el de la posibilidad de

legalización del aborto. La doctrina de la Iglesia es rotunda sobre la ilicitud

moral y juridico-natural del aborto directo; lo tiene condenado incluso con la

excomunión (c. 2350, párrafo 1.º). La Constitución dice en el artículo 15 que

«todos» tienen derecho a la vida. Se sustituye con esa expresión de «todos» la

inicial de «toda persona», para que no cupiese la aplicación de la noción

jurídica de que persona, en el Derecho Civil, es el nacido vivo y sobreviviente

al menos veinticuatro horas. «Todos» no es tanto una expresión ambigua como una

expresión desmesurada, y «el que mucho abarca poco aprieta». La interpretación

más correcta serfa la de «toda forma de vida humana», incluidos por consiguiente

tos ancianos, los enfermos incurables, los deformes y todos los que sean un puro

peso social. Lo indudable es que el feto, desde que se engendra, es una forma de

vida humana. Es una forma incipiente, como es el estado de coma una forma final

de vida. La vida desde que se engendra hasta que se extingue es vida. Los

abortistas tendrían que demostrar to contrario. Por todo ello, no creo que se

pueda decir que la Constitución ha abierto la puerta al aborto, la puerta está

cerrada y, si se abre, tendrá que ser forzada.

La libertad religiosa negativa está garantizada en el artículo 16 de la

Constitución, párrafo primero: «La libertad ideológica, religiosa y de culto de

los individuos y las comunidades, sin más limitación que la... del mantenimiento

del orden público protegido por la ley.» Es un texto semejante al de la

declaración concillar sobre libertad religiosa, sino que en ésta se dice además

(3 e) "que la potestad civil, cuyo fin es cuidar el bien común temporal, debe

reconocer y favorecer la vida religiosa de los ciudadanos». Pero el artículo 9

de la Constitución subsana esta sequedad de! puro orden publico diciendo:

«Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la

libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran sean

reales y efectivas...»

En la pastoral del primado se invoca "el deber moral de las sociedades para con

la verdadera religión", reafirmado —dice— por el Concilio Vaticano II en su

declaración sobre libertad religiosa. Pero lo que reafirma sustancialmente esa

declaración es el deber de no coaccionar la conciencia libre del hombre. y no

por respeto al error, sino por respeto a la dignidad humana: "En la sociedad se

ha de observar la regla de la libertad integral, según la cual ha de reconocerse

al hombre el máximo de libertad, sin restringirseIa más que cuando y en cuanto

es necesario» (LR. 7 c). El principio del limite de esa libertad es el justo

orden público (LR. 7 c).

En cuanto al divorcio, resumidisimamente, teniendo en cuenta el artículo 39 de

la Constitución que dice: «Los poderes públicos aseguran la protección social,

económica y jurídica de la familia», y el contexto general de la misma sobre las

materias que puedan afectar a la familia y a la institución matrimonial se puede

decir que la Constitución ni favorece el divorcio ni lo impide.

La posición de los católicos ante una posible ley de divorcio seria la

siguiente: no podrían hacer ningún uso moral de la misma; su condición de

cristianos les obliga en conciencia a mantener la indisolubilidad de su

matrimonio, pero podrían hacer uso jurídico-civil (moralmente siempre ilícito y

que no disuelve su matrimonio-sacramento) de acudir sin coacción jurídica alguna

que pueda impedírselo a ese divorcio civil. Esa es la respuesta que en ese doble

sentido contenía la nota de la Secretaría de Estado del Vaticano a Portugal hace

cuatro años.

En toda forma social colegiada —incluidas las religiosas— rige normalmente la

ley de las mayorías. Esta ley no excluye a las minorías, pero sí el que éstas no

acaten la decisión mayoritaria. El Papa Wojtyla es el Papa de los que le han

votado y de los que no le han votado. Pero si la minoría se hace disidente —

disidente es el que se separa de la común doctrina o creencia— lo que hace es

romper la unidad o quebrantarla. Es cierto que la Conferencia Episcopal no

limita, jurídicamente, la libertad de los obispos en sus diócesis. Pero esto,

sobre que lo ignoran los más de los creyentes, no excluye el cuidado de evitar

el público disentimiento y la ruptura aparente del Colegio episcopal. Como

cristiano hay que decir —con todo respeto a la jerarquía y amor a las personas—

que es triste y grave el que esto se haya producido contra un texto como el

mayoritario de los obispos que salvando con gran prudencia todo lo que

cristianamente había que salvar, tranquilizaba la libertad de conciencia de los

fieles frente al Referéndum constitucional.

Antonio GARRIGUES

 

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