Autor: Gor, Francisco. 
 Campaña para el referéndum constitucional. Aspectos principales de la Constitución de 1978/y 18. 
 El Tribunal Constitucional asegura el cumplimiento de la Constitución     
 
 El País.    03/12/1978.  Página: 17. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

EL PAÍS, domingo 3 de diciembre de 1978

POLÍTICA

Campaña para el referéndum constitucional

Aspectos principales de la Constitución de 1978/ y 18

El Tribunal Constitucional asegura el cumplimiento de la Constitución

FRANCISCO GOR

Si el éxito de una Constitución se mide por su duración, es evidente la

necesidad de que en ella misma existan los procedimientos adecuados para su

reforma, de acuerdo con el desarrollo políticosocial que vaya adquiriendo en el

tiempo el pueblo que la votó. La Constitución española de 1978 garantiza su

estabilidad y la efectiva vigencia de su contenido por la misión de tutela que

sobre la misma ejerce el Tribunal Constitucional, al mismo tiempo que deja

abierta la puerta de su reforma parcial o de su revisión total a las fuerzas

políticas que en un momento dado protagonicen la representación popular en el

Parlamento.

Si la reforma de aquellas partes menos esenciales de la Constitución depende de

un procedimiento flexible y relativamente fácil, no puede decirse to mismo del

procedimiento previsto para la revisión total de la Constitución o de sus partes

esenciales, es decir, las que contemplan la forma política del Estado y sus

instituciones esenciales, el reconocimiento de los detechos fundamentales y de

las libertades públicas y las funciones de la Corona. Un proyecto de reforma

constitucional normal deberá ser aprobado por una mayoría de tres quintos en el

Congreso y en el Senado, y, si no se lograse, hay la posibilidad de que el

acuerdo de ambas Cámaras se logre mediante la creación de una comisión paritaria

de diputados y senadores, que presentará un texto conjunto para ser votado en el

Congreso y en el Senado. Todavía, la reforma podrá ser aprobada en una tercera

tentativa por mayoría de dos tercios del Congreso en caso de no haber tenido

éxito el procedimiento anterior, aunque en este supuesto es imprescindible que

el texto haya obtenido previamente el voto favorable de la mayoría absoluta del

Senado.

La revisión total de la Constitución o de sus partes esenciales exige una

mayoría de dos tercios de cada Cámara y, en caso de aprobación, la disolución

inmediata de las Cortes. Pero esto no basta, ya que las nuevas Cámaras elegidas

deberán, primeramente, ratificar la decisión de las anteriores y, después,

proceder al estudio del nuevo texto constitucional y aprobarlo, si procede, por

mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Mientras la ratificación por referendum

de una reforma constitucional normal es optativa, dependiendo de que asi lo

soliciten una decima parte de diputados y senadores, en el caso de revisión

total de la Constitución o de sus partes esenciales el refrendo popular a la

decisión parlamentaria es imperativo.

La tutela de la Constitución, la garantía de que esta norma básica no será

violada por la futura legislación ordinaria, es competencia del Tribunal

Constitucional. Esta tutela y control constitucional, cuyo objetivo es la

estabilidad de la Constitución y de los principios que la informan, dependerá en

gran medida también, al margen de las funciones del órgano que tiene formalmente

encomendada esta tarea, de la situación política global y del equilibrio de

fuerzas que existan en España en los próximos años. Es evidente que la

estabilidad y virtualidad de una Constitución democrática, como es la española

de 1978, dependerá, tanto o más que del Tribunal Constitucional, de la capacidad

que tengan las fuerzas democráticas para imponer su hegemonía civil sin

ambigüedades ni concesiones y para impulsar una efectiva democratización de los

aparatos del Estado.

El Tribunal Constitucional, sin embargo, además de vigilar la efectiva vigencia

del texto constitucional, mediante la resolución de los recursos de

inconstitucionalidad que se interpongan contra leyes y disposiciones con fuerza

de ley, presuntamente violadoras de la Constitución, tiene una tarea quizá

todavía más fundamental: amparar y salvaguardar el ejercicio de los derechos

fundamentales y de las libertades públicas reconocidos en la Constitución, al

margen de la tarea específica que en este terreno tienen encomendada los

tribunales de justicia.

La interposición del recurso de inconstitucionaHdad queda reservada a órganos

políticos representativos, como el presidente del Gobierno, el defensor del

pueblo, cincuenta diputados, cincuenta senadores, los órganos colegiados

ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de las

mismas, mientras que el recurso de amparo, en solicitud de protección ante la

posible violación de un derecho fundamental, puede ser interpuesto por toda

persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como por el

defensor del pueblo y el ministerio fiscal. El Tribunal Constitucional tiene,

finalmente, una tercera tarea: resolver los conflictos de competencias entre el

Estado y las comunidades autónomas o de los de éstas entre si, y controlar la

constitucionalidad de los estatutos de autonomía de las nacionalidades y

regiones.

El Tribunal Constitucional, sin embargo, no tendrá competencia revisora por

causa de inconstitucionalidad, como pretendían las fuerzas constituyentes más

progresistas, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, aunque esta

jurisprudencia se verá afectada cuando haya interpretado a una ley declarada

inconstitucional.

 

< Volver