Autor: Veloso, Enrique. 
   El millón de votos de los funcionarios públicos     
 
 Diario 16.    05/12/1978.  Página: 4. Páginas: 1. Párrafos: 11. 

El millón de votos de los funcionarios públicos

De ese millón largo de trabajadores de la Administración Pública, del mayor

colectivo laboral del país, representativo de un 1 por 100 aproximadamente del

total de la población activa, nadie parece querer acordarse demasiado a la hora

de solicitar el voto ante el inminente referéndum constitucional. Y no cabe

pensar que el olvido venga motivado por la creencia de que la campaña a que se

acaba de aludir resultara innecesaria entre el funcionariado. Ni la militancia

en partidos (cosa que podría justificar la omisión en evitación de duplicación

de esfuerzos de propaganda), ni la pretendida atrofia ideológica de los

servidores de la cosa pública (lo que la justificaría por el lógico ahorro de

prédicas estériles) sirven para explicar por qué no abundan precisamente las

alocuciones dirigidas a estos por parte de los líderes de la política.

Exceptuando algunas meritorias actuaciones de las centrales sindicales, por

medio de sus esforzados portavoces en el Ámbito de la Administración, nadie se

afana excesivamente pn las tareas de mentalización positiva del sector, de cara

a la adopción de posturas responsables ante los comicios.

Romper la disociación

La ausencia que motiva la presente reflexión puede obedecer a ese fenómeno de

disociación que se advierte entre la burocracia y el resto de la sociedad o, más

concretamente, entre aquélla y el pueblo liso y llano, lo que abonaría posturas

políticas de ignorancia hacía el sector burocrático (minoritario), para no

perder adhesiones entro el sector popular (mayoritario).

Una nueva normativa funcionarial que garantizara las incompatibilidades, la

imparcialidad política y el adecuado tratamiento laboral y sindical de los

funcionarios permitiría, tal vez, acercar las distancias que hoy por hoy, median

entre éstos y los demás ciudadanos

Enrique Veloso (*)

Mas como quiera que esa even tual nueva normativa que serviría a despertar la

conciencia política del funcionariado no se produciría sin el previo

pronunciamiento del país (del que tal funcionariado forma parte importante),

acerca del texto constitucional, la actitud de los trabajadores de la

Administración Pública ante el próximo referendum puede resultar decisiva para

romper el círculo vicioso que parece encerrar a los mismos dentro de un cerco de

incompresión social.

Cuatro puntos

El proyecto constitucional nuncia (y la aprobación del texto determinará la

obligatoriedad inexcusable de su observancia por los poderes públicos) la

necesidad de una nueva regulación enmarcada por cuatro puntos que definen el

área donde se ha de librar el proceso de democratización de la Administración

Pública. Tales puntos son: las incompatibilidades, la imparcialidad en el

ejercicio de la función pública, la sindicación y el acceso a la carrera

administrativa. Los dos primeros atienden a aspectos de autonomía,

independización o liberalización respecto a las instancias que impiden o

menoscaban la actuación equidistante por parte de los hombres que prestan sus

servicios en el ejecutivo; los dos últimos, en cambio, procuran el acercamiento

de los problemas de estos hombres a los restantes del mundo laboral. Ahondando

en los primeros, por tanto, cabría cifrar esperanzas en una nueva regulación -

acorde con la Constitución- que viniera a conjurar, por un lado, tanto la

presencia en consejos de administración como en puestos profesionales de

empresas con intereses y asuntos pendientes de la Administración Pública por

parte de quienes han de servirle, y, por otro lado, las presiones que estos

mismos servidores pudieran recibir tanto directamente como lateralmente a través

del aparato de poder

orden ideológico. Una regulación adecuada de la sindicación funcionarial y del

acceso a la función pública, por su parte, llevarían a hacer más asequible

(desde el momento inicial de ingreso) y más permeable (en los momentos

posteriores) a las reivindicaciones laborales e inquietudes populares al

conjunto vivo y humano que debe de integrar el funcionariado del «Estado social

y democrático de Derecho» que la Constitución instaura.

Asumir las responsabilidades

Consiguientemente, el funcionario ha de asumir con toda la seriedad y grave

responsabilidad que ello encierra, el comportamiento ante la ocasión histórica

de coadyugar con el pueblo español en su autodeterminación democrática, medíante

el referéndum constitucional.

Se trata -no cabe ocultarlo- de una responsabilidad cualificada. Y no se hace

con ello referencia a ninguna postura de pretendida preeminencia (que no existe)

para basar la cualificación; al contrario. Se hace, simplemente, alusión a

cuanto la definición social y democrática del Estado español pueda suponer de

reto respecto de los hábitos y conductas heredados de un burocratismo frío y

distante.

Quienes trabajamos en la Administración Pública, al emitir nuestro voto hemos de

tener conciencia clara de contribuir, desde su origen, al nacimiento del Estado

democrático que España reclama. También hemos de hacerlo con la serena

convicción de que ello exigirá un difícil y nuevo comportamiento por parte de la

Administración pública, en cuya empresa estamos comprómetidos. Y, finalmente, lo

haremos con la seguridad de integrarnos en una actuación unánime con el pueblo

español cuya confianza nos servirá de recompensa.

 

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