Autor: Sotelo, Ignacio. 
   El destino del país     
 
 Diario 16.    07/12/1978.  Página: 4. Páginas: 1. Párrafos: 14. 

El destino del país

Ignacio Sotelo

Aprobada la Constitución, se cierra la etapa que abrió la ley para la Reforma

Política br.ce dos años. La disposición transitoria octava nos remite

implícitamente a esta ley, al ratificar que las actuales Cámaras en ningún caso

podran extender su mandato más ella del 15 de junio de 1981. Con ello se abre la

posibilidad de que se mantengan unas Cámaras elegidas por principios legales

estatuidos por el régimen anterior, pero también, frente a cualquier

interpretación falsamente rupturista, se subraya la continuidad legal que supone

la reforma. El párrafo primero de la disposición transitoria octava tiene, por

lo menos, la virtud de remachar la distinción entre "proceso constituyente" y

"reforma constitucional´".

Los párrafos dos y tres de esta sorprendente disposición transitoria, en el

plazo de treinta días dejan al "actual presidente del Gobierno" la opción entre

disolver las Cámaras y convocar elecciones generales, o someterse al

procedimiento de la investidura. Ha de extrañar, desde luego, que se deje a una

sola persona el poder absoluto, es decir, libre de toda traba, para decidir una

cuestión que puede influir decisivamente en el futuro democrático del país.

Más que el bien de la nación, lo que parece que hay que salvaguardar a toda

costa es el poder de una persona que ha encontrado incluso cabida en el texto

constitucional. Por grande que sea la admiración que se sienta por el señor

Suárez, siempre se podrá distinguir entre el interés personal del presidente y

el interés general de la nación. Ambos intereses pudieran incluso resultar

incompatibles. No cabe duda que las Cámaras han sido altamente irresponsables al

renunciar a una decisión que les corresponde, obligando al señor Suárez a

elegir, en la soledad de un poder absoluto, entre lo que objetivamente conviene

a la nación y lo que a él personalmente puede convenirle para aguantarse en el

poder. Disposiciones como la octava nos recuerdan dolorosamente que España sigue

siendo diferente.

Distintas posibilidades

Barajemos las distintas hipótesis. Si Suárez se decide por la investidura, puede

intentar una coalición que le permita gobernar hasta 1981, o simplemente una

solución provisional que haga posible aplazar la convocatoria de elecciones unos

cuantos meses. La primera solución sólo es concebible con una coalición de UCD

con AP o con el PSOE.

Una coalición UCD-AP podría tener ciertos efectos estabilizadores, pero grande

es el riesgo de que UCD quedase absorbida por la vieja derecha, con un peligro

claro de ruptura interna, a la vez que los socialistas se perfilarían como la

única alternativa de centro-izquierda. Como se ve, el precio que exige esta

coalición ceder a los socialistas su ala y su imagen centro-izquierda es

demasiado alto para que resulte atractiva. Además, existen reyertas entre ex

franquistas ucederos y ex franquistas aliancistas, muy difíciles de limar. No

hay peores odios que los familiares.

Coalición con el PSOE

Una coalición UCD-PSOE, sin elecciones previas, no la propugna hasta ahora

abiertamente más que los comunistas. Cierto que los socialistas han dejado

siempre una puerta abierta a esta eventualidad "en caso de emergencia", y la

UCD, a quien de verdad convendría esta solución, ha proferido mantenerse en el

más estricto silencio: cuanto más abiertamente mostrase sus simpatías por esta

coalición, más difícil sería su consecución. Una coalición UCD-PSOE renovaría la

imagen de Suárez y del Gobierno. Al apoyar un programa de reformas, que en su

realización concreta descubriría su esencia tecnocrática, obligaría a los

socialistas bien a desplazarse considerablemente a la derecha, perdiendo así su

imagen, bien a protestar y amenazar continuamente con una crisis de Gobierno,

con lo que aparecerían ante la opinión pública como pocos ma-duros para la

responsabilidad de Gobierno.

En ambos casos, su imagen se deterioraría en los sectores populares por su

desplazamiento hacia la derecha, y en los sectores medios por su irremediable

tentación a plantear la crisis, al no poder tragarse todos los balones. Además,

desde el Gobierno, difícilmente los socialistas podrían explicar por qué

votarlos en las próximas elecciones municipales y no ya directamente a UCD. Los

comunistas como única aparente oposición de izquierdas, también lograrían

mejorar su

posición. Después de que los socialistas sufrieran un descalabro en las

municipales y bajase considerablemente su popularidad, ya encontraría Suárez

ocasión para convocar elecciones generales, ganándolas cómodamente.

Elecciones generales, única solución

Si no cabe una coalición que garantice la supervivencia de las actuales Cámaras

hasta junio de 1981 -con la minoría catalana tampoco la UCD podría llegar muy

lejos, además de la prima especial de autonomía que tendría que pagar-, la

cuestión pendiente es tan sólo, sí Suárez convocara las elecciones próximamente,

renunciando al procedimiento de su investidura, o bien jugará esta baza con un

Gobierno de minoría tolerado, a la espera de un mejor momento para convocar las

elecciones.

Cierto que el señor Suárez ha mostrado su habilidad en las soluciones precarias

y a corto plazo, pero intentar mantenerse en el poder, sin política de recambio

y con los mismos apoyos, aparte de que es una perspectiva nada halagüeña para el

país, que necesita saber a qué atenerse para salir de la crisis, pudiera también

tener consecuencias catastróficas para el partido gobernante. Cuanto más retrase

las elecciones, más altas pueden ser sus pérdidas.

En rigor, no cabe más que un Gobierno de coalición UCD-PSOE o elecciones

generales. Aunque el señor Suárez baya provocado la "situación de emergencia"

que exigían como alibi los socialistas, resulta difícil pensar que teniendo

todas las de ganar por el camino de las elecciones, los socialistas caminen

ciegos por el de la coalición. El fantasma del golpe favorece en todo caso a la

UCD si se celebrasen elecciones. Lo que, en último término, les podría empujar

por esta vía.

Si en el fondo no caben más que elecciones generales, tanto desde la lógica del

proceso constituyente, como desde los imperativos políticos de la situación, más

de uno nos hemos preguntado por qué las Cámaras aceptaron la tristísima

disposición transitoria octava, sin buscar una solución política y democrática

que no abandone el destino inmediato del país a la voluntad, de uno solo.

 

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