Tras conocer la reciente sentencia del Tribunal Constitucional. 
 El gobierno pone en marcha las televisiones privadas     
 
 Diario 16.    08/04/1982.  Página: 8. Páginas: 1. Párrafos: 18. 

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Tras conocer la reciente sentencia del Tribunal Constitucional

El Gobierno pone en marcha las televisiones privadas

CON LA DECISIÓN DE REMITIR EL PROYECTO A LAS CORTES...

A diez días de hacerse pública la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los derechos de los españoles al funcionamiento de las televisiones privadas, el Gobierno ha anunciado la pronta aprobación de proyectos de normas reguladoras que habrán de ser aprobadas por el Parlamento. La disyuntiva entre decreto o ley, queda ahora resuelta por la vía parlamentaria, aun cuando el contenido normativo del proyecto de ley no diferirá esencialmente de lo establecido en el borrador de decreto elaborado hace ocho meses.

Francisco Javier GIL

Madrid - Diez días después de conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto por una de las empresas aspirantes a la concesión de emisoras de televisión, el Gobierno ha anunciado que en el próximo Consejo de Ministros, a celebrar el día 16, aprobará el régimen jurídico de las autorizaciones de la televisión privada.

En principio, la determinación del Gobierno resuelve por vía de ley la futura regulación de las televisiones privadas que el pasado verano dividió al partido en el Gobierno en la disyuntiva: decreto o ley.

Según manifestó. ayer a DIARIO 16 Joaquín Tena Arregui, secretario técnico de régimen jurídico de Radio difusión y Televisión, dependiente de la Secretaría General Técnica de Presidencia, «la idea más razonable será regular separadamente los aspectos jurídicos del servicio público que es la televisión y los derechos constitucionales a comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión y la libertad de empresa en el marco de la economía de, mercado».

En este último caso, a decir de Tena Arregui, es imprescindible una ley orgánica de desarrollo constitucional que afecte a los artículos 20 y 38 de la ley fundamental. Para el primer supuesto, la norma reguladora será una ley ordinaria.

Ambas leyes habrán de ser tramitadas parlamentariamente y aprobadas por los Plenos de ambas Cámaras legislativas por mayoría, siendo preciso la mayoría absoluta para la aprobación de la ley orgánica.

División

La regulación de la televisión privada dividió el pasado verano a los miembros del Gobierno y del comité ejecutivo de la UCD, que, en varias ocasiones, se reunieron para debatir el tema sin que se llegara a un acuerdo firme.

Partidario del decreto-ley era el pasado verano el entonces ministro de. la Presidencia, Pío Cabanillas, responsable, a la sazón, de la regulación de la televisión privada.

Favorable a la normativa por la vía parlamentaria de la ley -incluso, orgánica y pactada con el PSOE- era el entonces ministro de Justicia y hoy secretario general del Partido de Acción Democrática, Francisco Fernández Ordóñez.

El presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo; liberales y democristianos, amén de la llamada Plataforma Moderada, se inclinaban por la primera postura en busca de una aceleración del funcionamiento de las televisiones privadas, estimulados en algunos de los casos por motivaciones electorales con vistas a los próximos comicios generales.

El Gobierno llegó incluso a solicitar un informe sobre la cuestión del Consejo de Estado, que dictaminó favorablemente la vía del decreto.

Aplazamiento

Parecía reacio a este método el ex presidente Adolfo Suárez y vanos de sus hombres en la ejecutiva centrista, partidarios de un aplazamiento y desaceleración de los estudios, qué en diversas ocasiones, a finales del pasado mes de agosto, quedaron pendientes para una nueva reunión del comité ejecutivo de UCD.

La dimisión del ministro de Justicia, Fernández Ordóñez, y el fulminante reajuste ministerial postergó la elaboración de un "nuevo proyecto encomendado a Matías Rodríguez Inciarte, ascendido a ministro de la Presidencia.

Rodríguez Inciarte aplazó la publicidad de su trabajo hasta que el Tribunal Constitucional emitiera su fallo sobre el recurso interpuesto por la sociedad Antena 3, lo que se ha producido en la última semana del pasado mes de marzo.

Convocatoria

Según Tena Arregui, el Ministerio de la Presidencia «no tiene ningún proyecto definitivo de ley todavía», aunque asegura que el borrador sobre el que actualmente trabajan quedará perfilado para su estudio en el próximo Consejo de Ministros.

La filosofía del borrador «se inspira en el mismo espíritu que anima la sentencia del Tribunal Constitucional recientemente fallada», señaló Tena.

En esencia, se mantienen los mismos criterios del proyecto de decreto elaborado el pasado verano por el equipo de Pío Cabanillas, «en cuanto que regula el régimen jurídico de la gestión indirecta de la televisión, amparándose en la teoría de las autorizaciones en funcionamiento, de alto contenido reglado, personales y temporales».

Los requisitos expresos que deberán reunir los solicitantes de emisoras de televisión, las condiciones de autorización y los criterios de selección y de ámbito de la cobertura de dichas emisoras deberán explicitarse en la convocatoria pública que, en su día, una vez promulgada la ley ordinaria, acuerde hacer el Consejo de Ministros, según la opinión del secretario técnico de régimen jurídico de la Radiodifusión "y Televisión.

Condiciones

Joaquín lena no se atrevió a concretar si en el próximo proyecto de ley se variarán las condiciones del plan técnico para la concesión de emisoras propuesta en el nonato decreto del pasado verano.

En aquel texto se preveía un plazo mínimo de autorización de cinco años prorrogables por periodos de tiempo de idéntica duración. Se contemplaba, asimismo, el ingreso de un aval bancario, al objeto de responder a las eventuales responsabilidades en que pudiera incurrir la persona física o jurídica autorizada, calculándose a tal efecto una cantidad de diez pesetas por habitante, en función de la población del área de cobertura.

Tampoco se pronunció Tena Arregui sobre la autorización o no del único canal privado de televisión con cobertura nacional - límite objetivo y técnico impuesto por la carencia de frecuencias-, aunque el sentir del ministro Rodríguez Inciarte es la no concesión «para evitar poner un poder excesivo en unas solas manos, lo que iría contra la competencia y el pluralismo», según ha manifestado reiteradamente el titular de Presidencia.

Una ley orgánica desarrollará los preceptos constitucionales relativos a los derechos de libertad de expresión y comunicación y de empresa. Otra ley, ordinaria, regulará el régimen jurídico del servicio público que es la televisión

UCD necesitará la mayoría absoluta

Madrid - A diferencia de las leyes ordinarias, que regulan los más diversos aspectos de la vida social, la ley orgánica establece las normas en relación con los derechos y libertades de los ciudadanos. Para protegerlos con mayores garantías, la Constitución exige una ley de mayor rango, cuya aprobación exige la mayoría absoluta del Congreso y del Senado, es decir la mitad más uno de los miembros de las Cámaras Legislativas. La decisión de regular el tema de las televisiones privadas por ley orgánica se basa en el hecho de que afecta al principio de libertad de expresión.

El partido gubernamental no cuenta con mayoría absoluta en el Congreso. Para sacar adelante un proyecto de ley orgánica no tiene más remedio que pactar a su derecha o a su izquierda. A su derecha el pacto es más complicado, puesto que ha de conseguir el acuerdo de tres fuerzas políticas (Coalición Democrática, minoría catalana y PNV), además de evitar la discrepancia en las filas centristas. Esta alianza supera la mayoría absoluta (176 votos) muy justamente. El pacto con el PSOE supone una mayoría aplastante, su dificultad estriba en las importantes diferencias ideológicas.

Los aspirantes

Madrid - Alrededor de treinta emisoras de televisión privada han sido solicitadas de forma oficial por distintos grupos ligados a personas o empresas relacionadas con el mundo de la comunicación.

Radiotelevisión 16, promovida por las empresas editoras de «Cambio 16» y DIARIO 16, y cuyo director es Iñaki Gabilondo.

Antena 3, promovida por las empresas editoras de los diarios «ABC», «La Vanguardia», Ediciones Zeta, y la agencia Europa Press, el director general es Manuel Martín Ferrand.

Presa, solicitada por la sociedad editora del diario «El País», que ha pedido dos centros. Uno, en Madrid, y otro, en Barcelona.

Teleser, solicitada por la Sociedad Española de Radiodifusión (SER), y cuyo director es Joaquín Peláez.

Tele 80 es la empresa solicitada por la Editorial Católica, propietaria del diario «Ya».

Teleunión está promovida por treinta profesionales de Televisión Española, siendo Joaquín Soler Serrano su presidente.

Tele Cuatro es el nombre de la emisora privada solicitada por las editoras de las revistas «Semana», «Lecturas», «Hola» v «Diez Minutos».

 

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