Autor: PUBLIUS. 
   Televisión, un monopolio anticonstitucional     
 
 ABC.    17/11/1978.  Página: 8. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

TELEVISIÓN, UN MONOPOLIO ANTICONSTITUCIONAL

EL monopolio que el Estado ejerce, y pretende seguir ejerciendo, sobre la televisión será lisa y llanamente anticonstitucional, cuando el pueblo español refrende —como es de esperar y desear— el texto aprobado por el Parlamento. Cualquier persona física o jurídica a la que se le niegue el acceso al medio televisual bajo el pretexto de que su titularidad corresponde exclusivamente al Estado podrá interponer el correspondiente contrafuero.

El proyecto de Constitución, en su artículo 20, reconoce y protege la libertad de expresión entendida como el derecho «a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción». Además, y por si la generalidad de este principio pudiera ser susceptible de interpretaciones más o menos ambiguas, más o menos restrictivas, el propio texto constitucional precisa, más adelante, el derecho «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión». Son palabras definitivas y tajantes a las que difícilmente podría dárseles la vuelta.

Se trata, además, de un derecho que tiene el máximo rango constitucional y, por tanto, el máximo nivel de garantías. Por una parte, vincula a todos los poderes públicos y, por otra, cualquier ciudadano podrá recabar su tutela ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento de preferencia y sumariedad, o a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que puede Interponer toda, persona natural o jurídica. De la importancia de este derecho da cuenta no sólo el preciso sistema de garantías jurídicas mencionado, sino también el hecho de que su modificación, cambio o reforma en el orden constitucional requerirá la mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras, la disolución inmediata de las Cortes, una nueva mayoría de dos tercios por parte del Congreso y el Senado fruto de las elecciones y su postrera aceptación en referéndum.

Pero no es sólo en el terreno jurídico-constitucional en el que se encuentran argumentos para combatir la existencia de un monopolio que, como éste, constriñe la libertad de expresión. También, y sobre todo, los hay en el ámbito de las ideas. La existencia real de la pluralidad es la única garantía sobre la que se puede asentar la opinión pública como elemento generador de la dinámica social que mantiene viva a una democracia. La opinión pública es, por su propia naturaleza, plural y plurales deben ser los canales o medios que encarrilen su expresión.

Ateniéndose al caso de la televisión, sólo la existencia diversificada de cadenas libres e independientes, que respondan en su aspecto empresarial a los principios de la economía de mercado, hará posible la libertad informativa del telespectador. La libertad es siempre capacidad de elección y una televisión con treinta botones en el selector de canales será treinta veces más libre que el monolito actual.

Televisión Española —la mejor televisión que tenemos en España, según agrada observación de un conocido comentarista deportivo— es en su estructura actual depositaría directa de todas las carencias de un régimen que precisó hasta el mismo día de su extinde un funesto instrumento llamado erio de Información. Sabido es, por otra parte, que tanto el Gobierno como la oposición pretenden conservar en sus manos tan poderoso medio de difusión. Digan lo que digan su objetivo no es otro, sino el de controlar la opinión pública en su propio beneficio.

Los intentos de control parlamentarlo sobre la televisón tienen su fundamento en una enorme falacia argumental que falsea el sentido de la representación popular. Los diputados y senadores han sido elegidos para cumplir una función legisladora y controlar la acción del Gobierno, como muy bien establece la Constitución. Pero de ahí a que los partidos parlamentarios pretendan atribuirse la función de censores de quienes, precisamente, tienen la misión de fiscalizar sus propias actuaciones, media un enorme abismo. Se trata de un flagrante abuso de poder que deja indefensos a los ciudadanos frente a los caprichos de cuatro camarillas dispuestas a repartirse la tarta de la que otrora disfrutaba en exclusiva el partido único.

Habitualmente suelen interponerse contra la televisión plural, razones que emanan de la propia complejidad del medio. La principal de todas ellas indica que, a diferencia de lo que ocurre en el campo de la Prensa escrita, no todo aquel que tenga dinero y talento suficiente puede tener su emisora de televisión, puesto que los canales asignados a cada país de acuerdo con la regulación internacional de las ondas son limitados y la libre concurrencia queda ya constreñida por principio. Triste destino, sin embargo, el de una sociedad que con tal de no asumir los problemas que Implica todo régimen de concesión se arrebuje conformista bajo el manto protector del Estado.

En los países occidentales existen experiencias muy satisfactorias sobre la regulación del acceso de la iniciativa privada a] mundo de la televisión. Además el desarrollo del sistema de emisón por cable abre infinitas posibilidades nuevas, en la medida en que elimina las limitaciones consignadas en el párrafo anterior. La técnica puede ser, afortunadamente, agente de liberación y no de esclavitud.

La cuestión es en cualquier caso muy sencilla. Publius afirmaba la semana pasada en su artículo de presentación que la libertad es un bien indivisible. Si la sociedad española opta en esta su gran encrucijada histórica por el camino de servidumbre que se le ofrece en un área tan decisiva como es la televisión, pronto vendrán nuevas dejaciones y renuncias.—PUBLIUS.

 

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