Autor: Fraga Iribarne, Manuel. 
   Las luces y las sombras de la Constitución     
 
 El País.    26/10/1978.  Página: 9. Páginas: 1. Párrafos: 17. 

EL PAÍS, jueves 26 de octubre de 1978

OPINIÓN

TRIBUNA LIBRE

Las luces y las sombras de la Constitución

MANUEL FRAGA IRlBARNE Secretario general de Alianza Popular

Para un hombre que ha llegado a la vida política pasando previamente por la dedicación profesional al

Derecho político o constitucional, es ciertamente una experiencia importante el que. una vez en su vida,

pase la oportunidad de intervenir en la redacción efectiva de un texto constitucional, y no solamente como

asesor o experto, sino con la plena responsabilidad de quien habla en nombre de una fuerza política o

corriente de opinión.

La Constitución española de 1978 está a punto de terminar su última fase parlamentaria, habiendo el

Senado, en las fases de Ponencia y de Comisión, introducido bastantes enmiendas técnicas y estadísticas

que en general mejoraron el texto, pero sin variar sustancialmente las grandes decisiones del Congreso.

Es indudable que la Constitución tiene aspectos positivos. El primero, es el ánimo de compromiso que ha

inspirado a todas las fuerzas políticas en su preparación. Ese compromiso prevaleció en los trabajos de la

Ponencia, pero t´ue roto por la inesperada e injustificada retirada del ponente socialista. Conviene recordar

esto, cuando ahora se habla de quiénes aceptan y quiénes rechazan el llamado «consenso». El

compromiso era real, y la solución de las cuestiones en las que no se alcanzaba, la única lógica: voto por

mayoría, de acuerdo con los programas de cada uno, y después de oír los argumentos de cada uno. El

consenso ha sido otra cosa: concesiones innecesarias, sin luz ni taquígrafos, de carácter purtitocrático. De

aquí vendrán la mayoría de las sombras del texto final.

La Constitución es, ciertamente, una ley fundamental inspirada en el espíritu de libertad, y éste es

indiscutiblemente otro de sus aspectos positivos. No es menos cierto que la prolijidad del titulo primero le

hace a uno concebir algunas dudas; a fuerza de enumerar principios, derechos y libertades, cabe prever

que la inflación debilite la moneda. La acumulación de libertades personales, de un lado, y derechos

sociales, de otro, va a plantear problemas muy difíciles de interconexión. Hay. por otra parte, un

procedimiento de protección y garantía que puede dar lugar a una excesiva litigiosidad.

La Constitución es, por supuesto, democrática, y ésta es igualmente una buena cualidad. La democracia

representativa, en las sociedades actuales, sólo puede basarse en el pluralismo de los partidos: pero la

experiencia demuestra que sólo funciona bien si se evitan las dos corrupciones del sistema: la partiditis y

la partitocracia. Ambos vienen consagrados, desgraciadamente, por el texto constitucional. Al

constitucionalizar la representación proporcional (en vez de dejar la cuestión a la ley electoral) se

consagra la multiplicidad de los partidos. Al restringir las instituciones de democracia semidirecta (la

iniciativa popular y el refere´ndum) se refuerzan demasiado los cauces partidistas, que van a monopolizar

la escena política.

La Constitución, y es también bueno y justo se basa en una idea amplia y generosa de justicia social.

Nada más acertado y oportuno; esperemos que en su desarrollo no se confunda el dar más a todos con la

potenciación de las divisiones y contradicciones, a través de una mal entendida lucha de clases.

La Constitución, en fin. consagra como forma del Estado la Monarquía parlamentaria, sin duda la más

adecuada para un país corno España, y en línea con las experiencias muy logradas de otros países de

Europa.

Al lado de estas luces, el texto constitucional contiene sombras muy profundas y muyoscuras. La más

grave, sin duda alguna, es la redacción ambigua del artículo 2.a. y el desarrollo del principio

en el título VIII, que regula las autonomías. El aceptar el concepto de «nacionalidades» es,

indudablemente, una bomba de tiempos para la unidad nacional y la fortaleza del Estado. Nadie puede

engañarse al respecto; cada día banderas quemadas, manifestaciones vociferantes, interpretaciones sin

tapujos de los nacionalistas vascos o catalanes, nos dan la medida real de lo que serán las concesiones

futuras, en base a los textos indicados. Y si España se rompe, sobra todo lo demás.

Otro punto importante es todo lo relativo a la moral pública. Se ha salvado una definición digna de las

relaciones de Iglesia y Estado: se ha podido mejorar la redacción del derecho a la vida, impidiendo la

constitucionalización del aborto; pero la familia no queda suficientemente garantizada en su estabilidad.

Más grave aún es el tema de la educación, la otra fuente de la sociedad futura; con la actual redacción del

artículo 25 es indudable el camino hacia la escuela única y laica.

La tercera cuestión importante se refiere al modelo económico-social. Es indudable que este marco es el

que hace conocer el verdadero sentido y Alcance de las libertades privadas y públicas. A partir de un

determinado crecimiento del sector público, el Estado se convierte, de hecho, en el único empresario, el

único patrono, el único casero, y asi sucesivamente; es decir, que para conseguir un crédito, una casa, un

empleo, una ayuda cultural, hay que recurrir a las autoridades. Sobre esto no puede haber engaño.

Pues bien, el modelo de la economía social de mercado, el que más riqueza y más libertad ha producido

en todas partes, no queda suficientemente claro en la Constitución. La economía social de mercado se

basa en unos cuantos privilegios: derecho a la propiedad y a la herencia: impuestos no confiscatorios:

libertad de iniciativa empresarial (lo que incluye la facultad de organizar el empleo, de defender la

productividad, y de cesar o suspender el funcionamiento de la empresa por razones económicas o sociales

razonables); responsabilidad social de todos, empleados y trabajadores; un sistema lo más completo

posible de servicios sociales, que aseguren un mínimo nacional a todos, en cualesquiera circunstancias de

edad, , empleo, invalidez, etcétera.

Este sistema, radicalmente distinto del liberalismo capitalista del siglo pasado (que no incluía los dos

últimos puntos) y de los socialismos diversos (que. en mayor o menor medida, niegan los tres primeros)

está aparentemente reconocido en la Constitución, pero de hecho minado por unas cuantas concesiones

claves, innecesarias e inadmisibles. Así, al tratar de la propiedad, se reconoce: pero se acepta su

expropiación por causas de interés público o social, mediante indemnización. El texto de la ponencia

decía, según nuestra ininterrumpida tradición legal «previa justa» indemnización. La diferencia es capital,

pues puede permitir un plan amplio de nacionalizaciones, contra la emisión de unos títulos de la deuda, a

largo plazo; lo cual, en los presentes índices de inflación, equivaldría prácticamente a una confiscación.

Lo mismo ocurre con las limitaciones a la iniciativa empresarial, en cuanto a la dirección de la propia

empresa: y al artículo que permite una planificación obligatoria para el sector privado. La suma de los tres

preceptos permite la socialización efectiva, por vía legal, de toda la economía nacional.

Si se une a esto que los dos grandes partidos marxistas, el Socialista y el Comunista, niegan expresamente

el ser socialdemócratas. y mantienen en sus programas su carácter revolucionario: y el ambiente general

de inseguridad en la situación en la cual se va a promulgar la Constitución, y de indeterminación en las

motivaciones y en los fines últimos, de los grupos que han pactado el famoso consenso, se comprende la

preocupación de muchos.

Una vez más, la oportunidad de dar un paso significativo y prudente a la vez, en el camino de las

reformas, ha sido reemplazado por el maximalismo ideológico, el exceso verbal y la intransigencia. Esta

alcanza su punto máximo (después de la retirada, en su día, del ponente socialista) en la actitud, realmente

inadmisible, de determinado grupo vasco, que está utilizando todo el repertorio de la presión e incluso de

la intimidación para la obtención de sus objetivos.

Hablar, en estas circunstancias, de que sólo una actitud es lícita, parece excesivo. Todos los españoles

debemos, por supuesto, acatar lo que se decida por la mayoría, cualesquiera que sean nuestras reservas lo

mismo de fondo que de procedimiento, a la vez que mantengamos un decidido propósito de la enmienda,

cuando las circunstancias lo permitan. Todos debemos cooperar hasta el final para lograr cualquier

mejora, grande o pequeña, del texto. Todos debemos renunciar a actitudes insolidarias. anticiudadanas y

menos aún de acción directa violenta.

Pero todos debemos también meditar sobre la responsabilidad en conciencia de nuestro voto, en asunto de

tanta trascendencia para España y su futuro.

 

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