Autor: Rodríguez Mourullo, Gonzalo. 
   Libertad de expresión: Persiste el secuestro (II)     
 
 Diario 16.    18/04/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 4. 

Libertad de expresión: Persiste el secuestro (II)

Gonzalo Rodríguez Mourullo. (Catedrátido de Derecho Penal)

Quedan suprimidas las facultades de suspensión atribuidas a la Administración por "el artículo 69 de la ley de Prensa e Imprenta, lo que, sin duda, constituye un progreso. Permanece, en cambio, la potestad de sancionar en vía administrativa las infracciones de los preceptos legales y reglamentarios en materia de Prensa e Imprenta, sin perjuicio de que las mismas sean castigadas también, en su caso, por los Tribunales de Justicia como constitutivas de delito (art. 66 LPI), lo que es criticable, ya que de este modo el mismo hecho puede ser ,castigado dos veces —en vía administrativa y judicial— con quebranto del principio non bis in idem, elemental en el ámbito sancionador. Por lo demás, la Administración conserva la facultad de decretar el secuestro administrativo de impresos gráficos y sonoros. Bajo la apariencia formal de una inocua y simple medida cautelar y preventiva que, una vez agotada la vía administrativa, puede ser discutida en cauce jurisdiccional, el secuestro se convierte fácilmente, en materia de prensa e imprenta, en una medida de efectos definitivos e irreparables. Poco importa en verdad —sobre todo en el caso de publicaciones periódicas— que meses o años después del secuestro administrativo los Tribunales de Justicia lo declaren improcedente y decidan dejarlo sin efecto.

El real decreto-ley de 1 de abril de 1977 se ocupa del secuestro utilizando una fórmula gramatical inicialmente limitadora —"la Administración sólo podrá decretar el secuestro administrativo"—, pero de confines indeterminados en su contenido material. El secuestro podrá decretarse cuando los impresos contengan noticias, comentarios o informaciones: a) Que sean contrarios a la unidad de España; b) que constituyan demérito o menoscabo de la Institución Monárquica o de las personas de la familia real; c) que de cualquier forma atenten al prestigio institucional y al respeto, ante la opinión pública, de las Fuerzas Armadas. Igualmente podrá decretarse el secuestro administrativo de los impresos gráficos o sonoros, obscenos o pornográficos. En este punto el decreto-ley de 1 de abril de 1977 adolece de tanta —o más— imprecisión que el derogado artículo 2.° ¿Cuándo una noticia es contraria a la unidad de España? ¿El Tratado de Derecho Político que se inclina por la forma republicana es un comentario que constituye demérito de la Institución Monárquica? ¿Dónde acaba lo erótico, dónde comienza lo obsceno o pornográfico? La respuesta a éstas y similares preguntas —y, por tanto, la posibilidad de secuestro— queda confiada a la absoluta discrecionalidad de la Administración.

Agravación de la responsabilidad criminal

Se establecen agravaciones en la penalidad prevista en el Código Pena! para los delitos de calumnia e injurias por escrito y con publicidad cuando "se cometan en período de campaña electoral y con motivo u ocasión de ellas". El fundamento de esta agravación es cuando menos discutible. ¿Se trata de defender a los actuales apóstoles de la democracia de su propio pasado antidemocrático? A través de los delitos de calumnia e injurias se protege el honor individual y no la pureza de las elecciones. ¿Por qué la agravación ha de operar sólo en periodo electoral y no en situaciones en que la calumnia o injuria puede perjudicar más gravemente al ofendido?

Con todo, la innovación más significativa en el plano del Derecho penal material se produce al señalar las personas responsables. Hasta ahora regía (artículo 15 del Código Penal) una responsabilidad en cascada, de tal manera que el director de la publicación sólo respondía criminalmente si el autor real del texto o escrito no fuere conocido o no estuviere domiciliado en España o estuviere exento de responsabilidad con arreglo al Código Penal. Ahora, además del autor real, responderá también siempre el director de la publicación.

Alguien dijo ya en el siglo pasado que el régimen especial que en cuanto a personas responsables establece el Código en los delitos cometidos por medio de la prensa obedece al propósito de no coartar la libertad de emisión de pensamiento. Mucho me temo que el establecimiento de la responsabilidad conjunta de autor y director redunde en menoscabo de esa libertad. Es comprensible que los directores, para no verse denunciados a diario, cierren a partir de ahora sus páginas a escritos comprometidos, aunque el autor se responsabilice plenamente de su contenido, todo ello en perjuicio del derecho que tiene el público a una completa información. La exclusión de la responsabilidad del director en caso de que existiese un autor responsable no era, pues, caprichosa. Estaba al servicio de la libertad de información.

 

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