Libertad de expresión: Otra ley dique     
 
 Diario 16.    20/04/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 16. 

Libertad de expresión: Otra ley-dique

Fernando Albero

La reciente publicación del real decreto-ley 24/1977, de 1 de abril, sobre libertad de expresión, ha suscitado comentarios de urgencia, todos ellos adversos, y está pidiendo una crítica sistemática, que sin duda nos ofrecerán nuestros bien acreditados administrativistas y penalistas.

La lectura de la nueva disposición evoca con excesiva evidencia las páginas del "BOE" de los últimos cuarenta años: Estamos de nuevo ante una "ley-dique", como lo fue en su tiempo la de Fraga. Es decir, nadie espere una regulación jurídica de la demanda de libertad exigida y sentida por nuestra sociedad, puesto que de lo que se trata es precisamente de cortar su expansión, de levantar un dique frente a ella, a fin de apresarla. Y ya se sabe que el recurso fácil con que cuenta en tales casos el poder es reforzar los medios coercitivos para retener toda corriente que discurra por cauces diferentes a los proyectados por sus "técnicos". Claro es que con ese proceder, ocurre, a veces, que revienta el dique.

Quiero decir simplemente que el real decreto-ley autodenominado "sobre libertad de expresión", en realidad es un texto contra la libertad de expresión.

A la espera de un análisis más extenso, me Voy a limitar a enumerar alguno de los medios con que dicho texto legal obsequia a los españoles para garantizarles su "libertad de expresión".

Obsequios

1.° Amplía los supuestos de secuestro administrativo, al extenderlo a los medios sonoros (art. 3.° del citado real decreto-ley), hasta ahora no contemplados en la ley de Prensa.

2.° Si bien en la nueva redacción del párrafo dos A) del artículo 64 de la ley de Prensa parece que la Administración deja en manos de la autoridad judicial la procedencia o no del secuestro de los impresos "gráficos o sonoros", en el B) la Administración, generosamente, autolimita su derecho al secuestro, al que parecía haber renunciado en el párrafo anterior. ¿Cuáles son tales limitaciones? Que los impresos "gráficos o sonoros" contengan noticias, comentarios o informaciones:

a) Que sean contrarios a la unidad de España.

b) Que constituyan demérito o menoscabo de la institución monárquica o de las personas de la familia real.

c) Que de cualquier forma atenten al prestigio institucional y al respeto ante la opinión pública de las Fuerzas Armadas.

(Obsérvese, respecto a este último apartado, que el derogado artículo 2.° señalaba como limitación "las exigencias de la defensa nacional, del orden público interior y la paz exterior".) Obvio es recordar que conceptos tales como unidad de España, "demérito o menoscabo", "atentar contra el prestigio y el respeto ante la opinión pública" carecen de tipificación jurídica y, desde luego, nos sumen a cuantos profesionalmenle intervenimos en asuntos de prensa, en tanto que juristas, en la misma perplejidad e indefensión que producía el artículo 2.° de la ley de Prensa, ahora derogado.

3.° Amplía los supuestos de cancelación de la correspondiente inscripción registral (pena de muerte para las empresas periodísticas), al incluir, además de los que establecía el artículo 29, uno nuevo: "La publicación de impresos obscenos o pornográficos." ¿Existirá alguna coincidencia entre Administración y periodistas acerca de qué debe reputarse obsceno o pornográfico, o seguiremos dependiendo de la ocasional benevolente comprensión de la autoridad administrativa, que cuando falte acarreará fatalmente la desaparición de la empresa?

4.° ¡Ay del director de una publicación! Sepa que es responsable penal por el mero hecho de aceptar su nombramiento. No importa que el autor de una información sea conocido e incluso se declare responsable; en estos casos "responderá también él director de la publicación", Y conste que aquí se trata de responsabilidad penal.

Manual de avisos y cautelas

5.° Al modo de nuestros místicos, habrá que preparar urgentemente un manual de "Avisos y cautelas" para periodistas y, en especial, para directores. Unos y otros corren el riesgo no ya de dar con sus huesos en las instituciones penitenciarias, sino pura y simplemente de verse privados del ejercicio de su profesión.

Los periodistas siguen conservando el raro privilegio de que, sin ostentar la condición de funcionarios públicos, pueden ser privados por la Administración Pública del ejercicio de su profesión sin que ni siquiera intervenga en tal decisión ninguna organización corporativa o sindical. Y, gracias a la nueva normativa, el director ve multiplicado tal riesgo de privación del ejercicio de su profesión por el número de redactores y colaboradores con que cuente la plantilla que dirija.

6.º Quien hasta aquí haya seguido leyendo debe saber ahora que el real decreto-ley sobre "libertad de expresión" introduce una plausible medida: elimina del cuadro de sanciones la de suspensión de las publicaciones periódicas. Claro que, como se ha visto, se amplían los supuestos de secuestro y que, a falta de facultades de suspensión, cabe teóricamente secuestrar número tras número. Pero todo está previsto: en tal caso, el real deereto-ley otorga a los perjudicados la posibilidad de recurrir en vía administrativa e incluso, agotada ésta, podrán interponer el recurso jurisdiccional, si es que para entonces la empresa ha logrado sobrevivir.

Podrían señalarse muchos otros aspectos de nuestra nueva normativa de "libertad de expresión". Baste por hoy con lo dicho. Tengo para mí que de no suprimir de la cruz a la raya la ley de Fraga harto mejor hubiese sido no tocarla.

 

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