Autor: Desantes, José María. 
   La inseguridad jurídica del libelo     
 
 Diario 16.    15/04/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 11. 

La inseguridad jurídica del libelo

José María Besantes

El real decreto-ley 24/1977, de 1 de abril, que se rubrica con el decimonónico título "Sobre libertad de expresión", suscitará, sin duda, agudas polémicas en favor y en contra, en tres ámbitos distintos: el político, el jurídico-doctrinal y el de su aplicación práctica.

Dejo deliberadamente de referirme al primero. El respeto a toda opinión o afiliación política me lo impone. Desde cada perspectiva ideológica, por discutible que sea, se puede tener un juicio distinto sobre el decreto-ley. Sin duda, la disposición obedece a la perspectiva propia del Gobierno, cuyo presidente lo refrenda. Por supuesto, tengo también mi propio juicio político. Pero no vale la pena entretener con él al lector.

Desde el punto de vista jurídico, en cambio, el decreto-ley me merece una valoración global que creo oportuno manifestar. Su contenido no responde a los principios que .se deducen del derecho humano a la información, no ya en su formulación universal —a la que el Estado español está obligado a acatar, dado su status internacional—, sino en la anticuada, incompleta y revisable formulación del artículo 12 del Fuero de los Españoles. Esta apreciación de conjunto ha de perfilarse en comentarios concretos de cada norma del precepto, que no es posible llevar a cabo en un texto breve y de urgencia. Quede, por tanto, como es normal en la conclusión de un dictamen jurídico, sometida a otro parecer mejor fundado.

En el tercer aspecto, el decreto-ley ha prescindido de un principio general del derecho: el de la seguridad jurídica. Técnicamente, su redacción es en exceso defectuosa y, en consecuencia, su aplicación va a estar sometida a las tensiones que produce la duda procedente de la falta de claridad de los términos y del abandono del legislador a las apreciaciones de los encargados de aplicar la ley. Si estas dudas se acumulan a las ya conocidas que plantea la ley de Prensa y la desflecada normativa referente a los demás medios de comunicación, la inseguridad jurídica de los sujetos del derecho a la información —público, informadores y empresas—, es previsible que llegue a límites intolerables. Y cuando la inseguridad jurídica traspasa ciertos mojones se convierte en injusticia, porque queda potencialmente avocada a la comisión de injusticias.

Aplicación imprecisa

Basta un ejemplo, tan elemental como patente. El decreto-ley tiene dos capítulos. El segundo, aunque no lo dice expresamente, parece pensado para todos los medios de difusión, aunque con excepciones. El primero lleva como rúbrica "De la libertad de expresión por medio de impresos". Lo que sean impresos está definido en los artículos 9 y 10 de la ley de Prensa y en unas disposiciones reglamentarias de la misma ley, que no han sido derogados. Leyendo la rúbrica subrayada parecería claro el ámbito de aplicación del decreto-ley. Pero en el artículo primero y en el tercero de la disposición se refiere, por tres veces, a los "impresos gráficos o sonoros´´. ¿Qué se ha querido decir con esta expresión? O, en otras palabras, ¿a qué "medios se va a aplicar el decreto-ley?

Nada aclara la Exposición de Motivos, que hace una simple alusión general a los "medios informativos". Quizá se intente aclarar en alguna de las "disposiciones precisas para el desarrollo del presente real decreto-ley, cuya promulgación se autoriza a los Ministerios de Justicia y de Información y Turismo por el artículo 10. Pero este sistema ya no resulta jurídicamente ortodoxo. La Administración, en el ejercicio de su actividad reglamentaria, se va a ver obligada no a desarrollar, sino a interpretar, en el mejor de los casos, o a añadir o quitar sustancia normativa a un precepto con alma de ley, aunque con cuerpo de decreto. He aquí ya uno de las factores de inseguridad jurídica.

Una interpretación doctrinal —que debe hacerse con arreglo a las normas del articulo tercero del Código Civil, en su versión reciente— no nos da unos resultados precisos. Si el decreto-ley habla de impresos, ha de referirse a la noción legal de impresos del ordenamiento, que está en la ley de Prensa, como hemos visto. Pero entonces, la expresión "impresos gráficos" supone «na tautología, una repetición innecesaria que empieza a suscitar dudas acerca del alcance del sustantivo "impresos". Esta duda resulta ya inefable cuando el decreto-ley se refiere a "impresos sonoros". Si "impreso gráfico" es una repetición, "impreso sonoro" es una contradicción terminológica.

Si infectamos ir más allá de la gramática y pensamos, por ejemplo, que el legislador ha querido referirse a mensajes informativos recogidos en discos, cintas magnéticas, películas, etcétera, nos encontramos con que contradice la terminología consagrada en el ordenamiento que distingue, y aún opone, "impresos" a "grabaciones". Confróntense, por ejemplo, los artículos sexto y séptimo del decreto 751-1966, de 31 de marzo, una de las disposiciones reglamentarias de la ley de Prensa.

Medidas odiosas

En buena técnica jurídica, el decreto-ley, puesto que descarga por luía parte la fuerza sancionadora de la Administración, pero por otra la refuerza, pasa a ser una de las que ya los romanos llamaban medidas "odiosas" y que, desde un régimen tan autocrático como el Imperio, se consideraba que debían interpretarse restrictivamente. Temo que no sea así y hay ejemplos suficientes en las normas informativas para que esté justificado este temor. Aun entonces, si se consideran estas medidas aplicables a las grabaciones sonoras, van a surgir dos dudas nuevas:

Primera.—Cómo se conciertan las normas del decreto-ley con las que regulan las grabaciones sonoras, puesto que el legislador ha estado pensando en cohonestarlas con la ley de Prensa que rige los impresos, pero no con las demás.

Segunda,—¿Van también a considerarse incluidas las grabaciones audiovisuales, que añaden al simple sonido la imagen? Todavía encierra- más gravedad este otro interogante: ¿van a considerarse incluidas las grabaciones meramente visuales, aun sin contenido sonoro?

Si solamente cuatro palabras del texto normativo del decreto-ley producen estas dudas preambulares, puede calcularse el grado de inseguridad a que puede alcanzar la exégesis del cerca de mular de vocablos de que consta.

 

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