Libelo y paso atrás     
 
 Diario 16.    14/04/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Libelo y paso atrás

Tras los aplausos, el abucheo. Después de la disolución del Movimiento franquista y de la legalización del PC —positivas aportaciones a su credibilidad democrática—, el Gobierno nos sorprende ahora con una norma sobre libertad de expresión que puede ser considerada sin exageración como un paso atrás respecto de te legalización y la práctica vigentes éstos últimos tiempos en materia informativa. Los progresos que el nuevo decreto-ley representa Sobre la envejecida ley Fraga quedan contrapesados por nuevas disposiciones que suponen la continuación del régimen de inseguridad jurídica en el terreno de la prensa.

Roza el límite de la tomadura de pelo que uña norma que proclama en su preámbulo la voluntad de suprimir "los límites quería indeterminación de los tipos o la discrecionalidad de la Administración imponían a la libertad de expresión a través de los medios informativos", mantenga en su artículo tercero la posibilidad de interpretación y actuación administrativas por medio del secuestro con unos márgenes amplios e imprecisos. No hace falta tener una memoria de elefante para recordar casos recientes y menos, recientes de secuestros irreparables por sus consecuencias y que sentencias posteriores han declarado, normalmente varios años después, que no estaban justificados.

Nos han suprimido el artículo dos, pero nos han regalado con un artículo tres en base al cual se puede secuestrar a quienes escriban sobre regionalismo en un tono que no guste, al censor de turno, a quien lleve su erotismo literario ó gráfico más allá de lo tolerable para la pudibundez del funcionario competente o a quien exprese con toda lealtad sus particulares puntos de vista sobre la forma del Estado o la organización militar. ¿Por qué esa obsesión de mantener tubúcs y zonas de silencio por las que sólo pueden circular los dogmas oficíales? ¿Es que se nos quieren imponer unos nuevos Principios Fundamentales "permanentes e inalterables por su propia naturaleza"?

Pero donde el decreto-ley riza el rizo de lo insólito es al señalar que, a los efectos del Código Penal, el director de la publicación será considerado también como autor de los escritos que impliquen injurias b calumnia. Despreciando la práctica universal de la responsabilidad penal personalizada, se vuelve a. los usos medievales, cuando sufrían los rigores penales no sólo los.autores, sino incluso sus allegados o familiares. Sólo les ha faltado incluir como responsables a los linotipistas. Porque no se trata de una responsabilidad penal subsidiaria, qtie tendría una cierta lógica, ni de una responsabilidad civil, igualmente aceptable, sino de una responsabilidad inmediata y solidaria, cuyo efecto previsible será atar de pies y manos a los directores dé las publicaciones. ¿Quién se. va a atrever ahora a publicar una carta o ira artículo de colaboración que roce o pueda rozar —vaya usted a saber lo que piensan hoy en el Ministerio— los sacrosantos principios del artículo tres?´ -

Tampoco contribuye a aumentar la seguridad jurídica la norma que pide una mera denuncia para iniciar el procedimiento criminal por injuria o calumnia. Sin querella ni acto previo de conciliación pueden crearse situaciones insospechadas de periodistas denunciados que llegarán a convertirse en inquilinos del calabozo, al menos por las setenta y dos horas reglamentarias y Mientras se. aclara el incidente. Un regalo de. Pascua envenenado para los periodistas que, ¿quién lo iba a decir?, añorarán ahora el tantas veces denostado artículo dos, por cuya transgresión todo podía quedar en un expediente administrativo.

Ante tan graves fallos poco significan los aspectos positivos del dccreto-ley, como la desaparición de la facultad de la Administración, de suspender publicaciones o la inclusión en la normativa de libertad de expresión de los impresos sonoros, que implica, la supresión de la hasta ahora subsistente censura de discos. Una vez; más hay que insistir en que la regulación informativa sólo puede basarse en la supresión de toda ley de prensa —y este decreto-ley es una mini ley de prensa con el inconveniente de que desborda el ámbito puramente administrativo— y la supresión del Ministerio de Información que no tiene ningún sentido en una situación que aspira a llegar a ser democrática. Si es que la dejan.

 

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