Declaración hispano-estadounidense     
 
 Informaciones.    22/06/1974.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 4. 

DECLARACIÓN

HISPANO-ESTADOUNIDENSE

EL señor Cortina Mauri, ministro de Asuntos Exteriores, ha rendido en Washington su múltiplemente aplazado viaje oficial a Estados Unidos para intercambiar consultas con su colega el secretario de Estado, señor Kissinger. Tras la firma en Ottawa de una «nueva Carta Atlánticas, España y Estados Unidos están a punto de suscribir conjuntamente una declaración de defensa. La declaración sería suscrita en Madrid si el Presidente Nixon arriba este verano a nuestra capital, o en Bruselas —el próximo día 26—, donde se ratificará la «Carta de Ottawa»; en este caso cabría que se desplazara el presidente del Gobierno español. Parece claro que se aspira a dar la mayor relevancia a esta, declaración conjunta elaborada sobre la falsilla de las relaciones interatlánticas de la O.T.A.N. Se ignora por el momento el contenido y alcance de tal declaración, por más que se sepa que es «paralela» a la firmada por los países de la Alianza Atlántica. Cortina Mauri y Kissinger han conversado en Washington acerca de la renovación de los acuerdos de «amistad y cooperación» que expiran —de no haber denuncia de parte— en 1975.

Seria prematuro enjuiciar sin el texto de la declaración ayer firmada este nuevo estadio de las relaciones España-U. S. A. Empero, sí cabe recordar que, según alguna encuesta, la nación no es favorable a la permanencia de tropas estadounidenses en suelo español. No por hostilidad a un pueblo amigo, sino por lo obsoleto de la política de «bases militares». Esa política fue favorable para España en un momento internacional particularmente delicado para nosotros, pero hoy podría haber quedado superado. España puede insertarse en la Alianza Atlántica o no. Lo que no es deseable es una ligazón a un pacto militar en tal forma que contraemos compromisos sin devengar derechos esenciales o capacidad decisoria.

De otra parte, la declaración ayer firmada lo ha sido «de ejecutivo a ejecutivo», sin que ni las Cortes españolas ni el Senado estadounidense hayan tenido intervención en lo negociado.

 

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