Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
   Más sobre la justicia del Tribunal Supremo     
 
 ABC.    01/04/1978.  Página: 4. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

APUNTE POLITICO

Más sobre la justicia del Tribunal Supremo

Por José María RUIZ GALLARDON

¿Cómo se demuestra que se es demócrata? ¿Cabe hacerlo con desprecio de las leyes? ¿Quién, en un

sistema democrático, tiene atribuida la función de aplicar, interpretar y hacer ejecutar la Ley? ¿Acaso la

Prensa, acaso los partidos políticos? ¿Es posible decirse o autoproclamarse demócratas interfiriendo la

acción de la Justicia?

Todas esas preguntas y bastantes más me he venido haciendo durante todo el día de ayer a la vista de los

comentarios, de las opiniones de alguna prensa, de los comunicados de ciertas organizaciones del tipo de

la llamada «Justicia Democrática», a cuyos demócratas justicieros no les había gustado lo que olfatean

«puede ser» la resolución de la Sala IV del Tribunal Supremo de Justicia de España.

En lugar de aguardar a una resolución que debe hacerse pública en breves días y acatarla con el respeto

debido, no han faltado apresuradas y deformadoras interpretaciones sobre la ideología de unos dignísimos

magistrados. Que si Don Fulano es del bunker y Don Mengano también; que si al Gobierno le gusta más

que se le devuelva el expediente o que se acuda al camino de la aprobación pura y simple, etc., etc.

¡Señores, que tristeza de espectáculo el de estos comentarios interesados y apasionados!

Un juez, un magistrado, cuando se pone la toga, deja de tener ésta o aquélla ideología política. Es un juez

y basta. Falla con arreglo a Derecho y a su conciencia. Sin más. Tacharles o motejarles de ultras,

bunkerianos, liberales o gubernamentales es pura y simplemente una injuria. Ni se inclinarán por una

sentencia que agrade al Gobierno, ni dictarán otra porque le disguste. Quien no entiende esto, no entiende

nada, no sabe qué es y en qué consiste la dignidad de nuestros jueces. ¡Recordar a la magistratura

española los acuerdos de Helsinki en orden a que deben aplicar una supuesta normativa por encima de lo

que establecen las leyes españolas! ¡Tildarles de proclives al bunker es casi decir que no fallan según Ley

sino conforme a preferencias políticas! Y eso, mis queridos lectores, es pasarse de la raya.

Lo diré con todas sus letras: quien no acepta que sean los Tribunales de Justicia los que interpreten la Ley

y la aplique no son demócratas, minan el principio esencial del Imperio de la Ley y sustituyen o pretenden

sustituir, por el propio, el único criterio válido para decidir si los «Partidos Comunistas» españoles deben

ser o no legalizados: el de la Sala IV del Tribunal Supremo.

Afortunadamente para España, la independencia de nuestros Tribunales de Justicia no va a diluirse, ni

menoscabarse porque algún comentarista diga que al «P. C.» hay que legalizarlo porque «está ahí».

También está la mafia organizada en los Estados Unidos y no se la legaliza. El Supremo legalizará no

legalizará, devolverá los autos o dictará la resolución que fuere, sencillamente, porque proceda.

Todo lo demás es eso..., improcedente.

J. M. R. G.

 

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