Autor: Fraga Iribarne, Manuel. 
   El orden público     
 
 ABC.    07/11/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 16. 

EL ORDEN PUBLICO

EL orden público es como la salud: se tiene o no se tiene. El hombre enfermo no sabe lo que

tiene: sólo sabe que no se encuentra bien. Va al médico y éste le hace (con fortuna o sin ella) un

diagnóstico y prescribe un tratamiento. Pero la primera y más importante voz de alarma la da el propio

enfermo. Y España da hoy, angustiada, esa voz de alarma: no se encuentra bien.

El asesinato de los presidentes de las Diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, del director general de

Prisiones, de un general y un jefe del Ejército, del segundo comandante de Marina de Bilbao, de

numerosos miembros de la Guardia Civil y de la Policía Armada, el aumento increíble de los atracos a

mano armada, la intolerable situación en nuestras prisiones y, en definitiva, una situación de inseguridad

general constituyen motivo serio de preocupación para los españoles.

Pero aún es motivo de mayor preocupación la reacción del Gobierno. Un día vemos atribuida a uno de sus

vicepresidentes la frase de que todo es malo, pero peor sería una guerra civil. Nada más cierto; pero lo

que nadie ha demostrado es que no quepa reducir el desorden público sin llegar a tales extremos;

justamente de eso es de lo que se trata. Otro día vemos al ministro del Interior afirmando que estas cosas

han pasado siempre y que el nivel actual no es malo. Ningún truco en las estadísticas nos lo va a hacer

creer; y lo que queremos saber es lo que se va a hacer ahora para resolverlo. Y, entre tanto, los terroristas

y otros muchos delincuentes campan por sus respetos y las únicas medidas que vemos tomar son

sanciones y expedientes a los propios policías, cambios constantes de sus mandos naturales y otras

disposiciones cuyo resultado está a la vista.

Debe quedar claro que estas comprobaciones de hechos elementales en modo alguno vinculan la actual

situación al advenimiento de la democracia. Lo relacionan, eso sí, con la falta de una política clara de

Gobierno; con las relaciones de éste con partidos políticos que restringen su libertad de movimientos en la

materia; con una falta general de autoridad agravada (en ciertas partes del país) por la idea errónea de que

la debilidad vaya a resolver los problemas del terrorismo separatista y revolucionario.

Se quiere desviar la atención sobre la gravedad de la cuestión haciendo juegos de palabras sobre cuál es el

verdadero concepto de orden público. Nadie pretende que el orden público sea puramente la ausencia de

desorden en la calle; nadie niega que el orden público comporta el elemento básico de la libertad

ciudadana; nadie afirma que sea lícito para conservar intacto el orden público utilizar procedimientos

como los del régimen soviético.

Lo que se afirma es que el orden público es una de las funciones sociales más importantes y que sin ella

quiebran la mayor parte de las demás; y también se advierte que las lesiones al orden público son las más

graves y de más difícil recuperación. Cuando una sociedad se va insensibilizando al respecto, y cuando

los resortes para su defensa se van estropeando, la recuperación es muy difícil y pasa a menudo por

soluciones pragmáticas. Lo que hoy todavía resuelve la mera aparición de una pareja de la Guardia Civil

o un coche de la Policía Armada, requerirá dentro de poco una sección antidisturbios, y así

sucesivamente.

El orden público, como la sanidad pública, es una situación general del organismo social en la cual valen

poco las defensas individuales. Hoy están en un importante (y costoso) desarrollo las industrias de

protección: puertas especiales, cariaduras a toda prueba, circuitos especiales de televisión...; pero ocurre

como con la sanidad, porque el tener un buen médico particular es de mucha menor utilidad, en tiempo de

epidemia grave.

El orden público se basa en la confianza mutua entre la mayoría de los ciudadanos. Esta confianza se

rompe cuando hay una sensación generalizada de desconfianza. Esta nace de múltiples factores, que

desgraciadamente florecen todos en este momento: crisis económica, desempleo, descenso de la

moralidad pública, descrédito de las instituciones, fomento de lo que divide (lucha de clases,

enfrenamientos generacionales, insolidaridad entre las regiones).

El que ve una tensión creciente en los lugares de trabajo; el que no encuentra un puesto de trabajo (sobre

todo, si es un joven); el que va a ver películas que le demuestran que la familia, la iglesia, la sociedad

entera le han estado engañando y explotando siempre; el que ve cómo se desprecia a la magistratura, o al

profesorado, o a quien sea que no se deje humillar, para estar a la moda; el que vea predicar cada día la

contestación y la rebelión como una cosa buena en sí misma, se siente inseguro.

Pero la inseguridad aumenta cuando se encuentra en los mismos lugares de donde debería brotar la

respuesta. La inseguridad es inevitable con textos constitucionales ambiguos, con textos legislativos

improvisados y demagógicos, con fuerzas políticas que no se comprometen claramente con el futuro a

medio plazo, manteniendo una reserva revolucionaria en sus programas; y, sobre todo, con un Gobierno

débil, siempre dispuesto a una concesión más o a un consenso nuevo, entendido como una nueva apertura

a la izquierda, con tal de salir del paso.

El orden público supone una declaración terminante de fe en el futuro de España, como nación una y

fuerte; una proclamación terminante en favor de la familia, de la propiedad, de la empresa libre, del

cumplimiento de la Ley; una afirmación clara, y demostrada con hechos, de que la autoridad será ejercida

sin titubeos, sin excesos, pero tampoco sin defectos, para lograr estos fines.

Supone una declaración de guerra, sin ambigüedades contra el terrorismo de cualquier tipo; llegando

cuando sea necesario al establecimiento eficaz de estados de excepción o de otras medidas

extraordinarias.

Supone un compromiso público de todas las fuerzas políticas y sociales, y sus representantes, con estas

ideas, más allá de las declaraciones piadosas que condenan la violencia «venga de donde venga», como si

fuera igual la condena que impone el juez legítimo, con arreglo a la Ley, y la de una banda de

encapuchados en contra de ella; y no debiendo tolerarse que nadie haga su apología, ni en las Cámaras ni

en ninguna suerte de manifestaciones públicas.

Supone un respaldo adecuado de las Fuerzas encargadas de defenderlo, hoy convertidas en carne de

cañón, que ya han pagado un tributo de sangre y han dado unas pruebas de disciplina como para que no se

les discuta el estar en la vanguardia del mérito ciudadano en la España de hoy.

Supone, sobre todo, unos gobernantes sin compiejos dispuestos a dar la batalla más seria que hoy tiene

España planteada a cualquier costa.

La España del siglo XV, cuando las luchas banderizas en el País Vasco, los abusos feudales en Galicia y

las guerras civiles en Castilla, fue la tierra más insegura de toda la Cristiandad. Lo mismo volvió a ocurrir

con la España decimonónica, ante el asombro de una Europa pacificada y liberal, tras las guerras de la

Revolución y del Imperio. En ambos casos los problemas se cruzaron con cuestiones de campanario y de

cantón. ¿Es ése el triste destino que le espera a nuestra España de finales del siglo XX? Como dirían los

romanos, «caveant cónsules». El Gobierno de España tiene la palabra; una palabra ya muy atrasada, por

cierto.

Manuel FRAGA IRIBARNE

 

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