Consigue que la Comunidad aplace la prohibición a los pesqueros españoles. 
 Dura respuesta del Gobierno español a la CEE     
 
 ABC.    30/11/1980.  Páginas: 1. Párrafos: 14. 

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Consigue que la Comunidad aplace la prohibición a los pesqueros españoles

Dura respuesta del Gobierno español a la CEE

MADRID. La entrada en vigor de la anulación, por la Comunidad Económica Europea y a partir del 1 de

diciembre, de las licencias de pesca concedidas para barcos españoles que se dedican a la pesca de altura

en aguas comunitarias ha quedado aplazada, de momento, por una intervención personal del ministro de

Agricultura y Pesca, Jaime Lamo de Espinosa.

Así se afirma en una nota del Ministerio español, en la que se expone la postura del Gobierno ante el

súbito anuncio de la retirada de licencias por haber rebasado los pescadores españoles los cupos de

captura de merluza en las 200 millas de la CEE concedidos para 1980.

El Gobierno español considera improcedentes las medidas anunciadas, ha pedido su reconsideración y

recuerda que puede limitar rigurosamente las importaciones de pescado de la CEE si se lleva a la práctica

la anulación de licencias.

La nota del Ministerio de Agricultura y Pesca dice textualmente lo siguiente:

«El Gobierno español ha anunciado, en nota verbal a la Comisión Europea, que podría verse obligado a

cumplir rigurosamente la limitación de las importaciones de pescado procedente de la Comunidad por

haberse rebasado ampliamente el nivel mutuamente acordado.

Tal anuncio es consecuencia de una comunicación entregada a la Misión española ante las Comunidades

Europeas, en la que se indica que los 69 barcos españoles que faenan en la zona conocida como CIEN-

VIII habían sobrepasado la cantidad de 5.733 toneladas de merluza que estaban autorizados a capturar

durante 1980, por lo que las licencias concedidas quedaban suspendidas a partir del 1 dé diciembre y

hasta el 1 de enero.

Una inmediata intervención personal del ministro Lamo de Espinosa cerca de las más altas autoridades

comunitarias ha permitido aplazar hasta el día 4 de diciembre la eventual entrada en vigor de la

prohibición, dándose así la Comisión Comunitaria un plazo de reflexión suplementario de tres días para

estudiar la nota verbal española antes de tornar una decisión definitiva en torno a la posible retirada de

licencias.

Simultáneamente a la intervención del ministro de Agricultura y Pesca, el Gobierno español ha hecho

llegar a la Comisión Europea una larga y razonada nota verbal en la que se pide la reconsideración de las

medidas anunciadas por la Comisión, que considera improcedentes y contrarias al espíritu y a la letra del

Acuerdo-Marco.

Los razonamientos del Gobierno español se basan en tos siguientes hechos:

PRIMERO. La flota española no se dirige únicamente a la pesca de la merluza y, por lo tanto, es

necesario establecer cupos diferenciados para diversas especies de fondo, tal como se ha reiterado a la

Comisión.

SEGUNDO. La comunicación de la Comisión se refiere sólo a la merluza y no a las especies asociadas,

por lo que debe permitirse a los barcos en posesión de licencias continuar sus actividades dirigidas a

dichas especies, mucho más cuando el propio Acuerdo-Marco establece que ninguna medida adoptada

por una parte puede comprometer el ejercicio efectivo de la pesca.

TERCERO. Dada la desproporción existente entre tos 415 arrastraros españoles y las 158 licencias

concedidas por la CEE, la parte española se ha visto obligada a establecer un sistema rotativo de

utilización de las mismas, por lo que una interrupción brusca de la actividad pesquera produciría graves

daños a aquellas empresas a cuyos barcos corresponde el uso de licencias en los dos últimos meses del

año en curso.

CUARTO. Por todo ello, y siendo el «stock» norte de merluza el mismo para las tres zonas en las que se

permite pescar a los barcos españoles, el Gobierno entiende que no existe razón para que, de haberse

agotado el cupo correspondiente a una de ellas, no pueda la CEE autorizar el traslado de las licencias de

esa zona a las otras dos, donde al ritmo de las capturas actuales no es previsible que se lleguen a pescar

las cantidades asignadas con las licencias de que se dispone para esas zonas.

Finalmente, el Gobierno español anuncia a la Comisión de la CEE que en el supuesto de que la

prohibición anunciada se llevase a la práctica se vería obligado, a partir de la entrada en vigor de la

eventual retirada de licencias, a cumplir rigurosamente la limitación de las importaciones de pescado

procedentes de la Comunidad, que, asimismo, ha rebasado ampliamente el nivel mutuamente acordado.

 

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