Decreto-Ley sobre libertad de expresión     
 
 Arriba.    13/04/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 45. 

DECRETO-LEY SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

EL Boletín Oficial del Estado» publicó ayer el real decreto-ley de 1 de abril, sobre libertad de expresión.

Tras referirse al derecho de todos los ciudadanos tanto a la libre información como al respecto de su honor y de los demás derechos inherentes a la persona como principio fundamental de todo estado de derecho y requisito imprescindible para que se de el contraste y enfrentamiento entre opciones políticas divenas necesario para la concurrencia democrática, el preámbulo del real decreto-ley señala como consecuencia la supresión de «los límites que la indeterminación de los tipos o la discrecionalidad de la administración imponían a la libertad de expresión a través de los medios informativos».

Sin embargo —se añade— esto «no supute dejar sin tina adecuada protección los valores éticos y sociales que a través de dichas limitaciones trataban de garantizarse, sino que se considera suficientemente la tutela prevista, al efecto, en el ordenamiento penal general, y la que sobre el mismo ejerce la jurisdicción ordinaria».

Por último, el preámbulo manifiesta que la presente norma legal fortalece los instrumentos ya previstos por nuestro ordenamiento procesal para defender el honor y la fama de los particulares mediante las correspondientes acciones para la jurisdicción ordinaria, y se garantiza las correspondientes responsabilidades civiles de quienes atenten contra dichos valores.

La parte dispositiva es, textualmente, la siguiente:

De la libertad de expresión por medio de Impresos

Artículo primero:

La libertad de expresión y el derecho a la difusión de informaciones por medio de impresos gráficos o sonoros, no "tendrá más limitaciones que las establecidas en el ordenamiento jurídico con carácter general.

Artículo segando:

Uno.—Quedan derogados el artículo segundo de la ingente ley de Prensa e imprenta, y el artículo 165 bis b) del Código Penal.

Dos.—Quedan suprimidas las facultades de suspensión atribuidas a la Administración por el artículo 69 de la ley de Prensa e imprenta.

Artículo tercero:

El apartado dos del artículo 64 de la vigente ley de Prensa quedara redactado de la siguiente forma:

«Dos. a) Cuando la Administración tuviera conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito cometido por medio de Impresos gráficos o sonoros, dará cuenta al Ministerio fiscal o lo comunicará al juez competente, el cual acordará inmediatamente sobre el secuestro de dichos Impresos con arreglo al artículo 816 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

b) La Administración sólo podrá decretar el secuestro administrativo de aquellos Impresos gráficos o sonoros que contengan noticias, comentarios o informaciones:

a) Que sean contrarios a la unidad de España.

b) Qne constituyen demérito o menoscabo de la institución monárquica o de tes personas de la Familia Real.

e) Que de cualquier forma atenten al prestigio Institucional y al respeto, ante la opinión pública, de las Fuerzas Armadas.

c) Igualmente podrá decretarse el secuestro administrativo de los impresos gráficos o sonoros, obscenos o pornográficos. La publicación habitual de impresos obscenos o pornográficos, será causa de cancelación de la correspondiente inscripción registra!.

d) La Administración sancionará como falta muy grave el quebrantamiento del secuestro.

e) Los actos administrativas dictados conforme a los apartados anteriores, serán recurribles en vía administrativa y contra la resolución que ponga fin a la misma cabe el recurso jurisdiccional de acuerdo con las normas vigentes.»

De las injurias y calumnias cometidas con publicidad Articulo cuarto:

Para la persecución de los delito de calumnia e injurias previsto y penados en los artículos 453 y siguientes del Código Penal, en tos supuestos a que se refiere el artículo 483 del mismo texto, bastara denuncia de la persona agraviada e, en su caso, de su representante legal.

El perdón del ofendido, mayor de veintiún años o en su caso, del representante legal, extingue la acción penal o la pena impuesta o en ejecución.

Lo establecido en los párrafos anteriores se aplicará también a las injurias livianas a que se refiere el número I del artículo 586 del Código Penal.

Las ofensas dirigidas contra la autoridad pública, corporaciones o clases determinadas del Estado, y lo dispuesto en el capítulo octavo del título segunda del fibra segundo del Código Penal, no sufrirá alteración en su actual sistema de persecución como delitos públicos.

Artículo quinto:

Cuando los delitos de calumnia a que se refiere el artículo anterior se cometan en período de campaña electoral y con motivo u ocasión de ella. las penas privativas de libertad prevista al efecto en el Código Penal se impondrán en su grado máximo.

En los supuestos de injurias graves cometidas por escrito y con publicidad, el Tribunal, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, podrá imponer la pena privativa de libertad inmediatamente superior a la prevista en el Código Penal, en su grado mínimo. Esta agravación se producirá, en todo case, cuando el dentó se realice durante el periodo de campaña electoral y con motivo o ocasión de ella.

Articulo sexto:

De los delitos a que se refiere el presente real decreto-ley responderán los autores a que se hace mención en el artículo trece del Código Penal, salvo cuando se bate de publicaciones escritas. En estos casos, responderá también el director de la publicación, y si éste no fuese conocida, no se hallare en España ó estuviera exento de responsabilidad criminal por algunas de las causas que enumera el artículo octavo del mismo Código, sera responsable el editor, y, en su defecto, por las mismas causas, el impresor.

Artículo séptimo:

En todos tos supuestos a los que se refiere este real decreto ley procederá la responsabilidad civil solidaria de la empresa propietaria del medio Informático en el que se haya propagado la calumnia o injuria, salvo cuando se trate de emisiones en directo a través de radio o televisión.

Artículo octavo;

Uno.—La competencia para la instrucción, conocimiento y fallo de las causas por los delitos a que se refieren los artículos anteriores corresponderá a los jueces y tribunales determinados en el artículo 14 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Dos.—El procedimiento para Instrucción de las causas por dichos delitos será el señalado con el título IV del libro IV de la ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuánto resulte de aplicación sin necesidad de querella ni de acto de conciliación previo, y pan el conocimiento y fallo de las mismas causas, el determinado en el título III del libro IV de dicha ley.

Ello, no obstante:

a) Los artículos de previo pronunciamiento se propondrán en el escrito de calificación provisional y serán resueltos en la sentencia: definitiva.

b) El plazo para instrucción y calificación del artículo 797 de la ley de Enjuiciamiento Criminal se entenderá común y de cinco días para todas las partes acusadoras y también común y de cinco días para las partes acusadas.

c) Entre la iniciación del sumario y la celebración del juicio oral no deberán transcurrir más de cuarenta y cinco días.

Artículo noveno:

En todo lo que se hade especialmente regulado en este real decreto-ley se aplican el Código Penal y la ley de Enfriamiento Criminal

Artículo diez:

Se autoriza a los Ministerios de Justicia y de Información y Turismo para dictar las disposiciones precisas para el desarrollo del presente real decreto-ley.

Artículo once:

Este real decreto-ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y de él se dará cuenta inmediata a las Cortes».

Los artículos derogados

Tras lo publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de ayer de lo modificación de la ley de Prensa e imprenta, quedan derogados los siguientes textos legales relativos o la Prenso: además del famoso artículo segundo de la ley de Prensa e imprenta, el artículo 69 del mismo texto legal que dice: «Por razón de las infracciones a que se reiteren los artículos anteriores, podrán Imponerse las siguientes sanciones:

a) Cuando la responsabilidad afecte al autor o director

1. En las infracciones leves: suspensión en el ejercicio de los actividades profésemeles hasta quince días o muda de 1.000 a 25.000 pesetas.

a En los graves: suspensión en el ejercicio de tos actividades profesionales de quince días o un mes o multa de 25.000 a 50 000 pesetas.

3. En tas muy graves: suspensión en el ejercicio de las actividades profesionales de un mes a seis meses o multa de 50,000 a 250.000 pesetas.

b) A los empresarios o empresas:

1. En las infracciones leves: multa de 1.000 a 50.000 pesetas.

2. En las graves, multa de 50.000 a 100.000 pesetas.

3. En las muy graves, suspensión de las publicaciones periódicas hasta dos meses en (os diarios, hasta cuatro meses en los semanarios o publicaciones quincenales, y hasta seis meses en las de menor frecuencia. Suspensión de las actividades de las empresas editoriales definidas en el artículo 50 hasta tres meses o multa de 100.000 a 500.000 pesetas.

2. La sanción de multa podrá ser impuesta conjuntamente con cualquier otra.

3, Las resoluciones sobre sanciones serán anotadas en los registros correspondientes.

Del Código Penal

Artículo 165 bis b) Serán castigados con las peños de arresto mayor o multa de 5.000 a 50.000 péselas los que infringieren por medio de impresos las limitaciones impuestas por las leyes a la libertad de expresión y al derecho de difusión de información mediante la publicación de noticias falsas o informaciones peligrosas para la moral o las buenas costumbres; contrarias a las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y de! mantenimiento del orden público interior y de la paz exterior, c que ataquen a los principios del Movimiento funcional o a las Leyes Fundamentales, falten al respeto debido a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción política o administrativa, o atenten contra la independencia de los Tribunales.

Cuando los hechos revistieren, a juicio del Tribunal, gravedad manifiesta la pena aplicable será la de prisión menor y multa de 10.000 a 100.000 pesetas.

• Quedas derogados el artículo 2 de la vigente Ley de Prensa y el artículo 165 del Código Penal

• Asimismo se suprimen las facultades de suspensión atribuidas a la Administración por el artículo 69 de la ley de Prensa

Miércoles 13 abril 1977

Anipii

 

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