Oído el fiscal del reino y la junta de fiscales. 
 El Gobierno decide la legalización del Partido Comunista     
 
 Informaciones.    11/04/1977.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

OÍDO EL FISCAL DEL REINO Y LA JUNTA DE FISCALES

El Gobierno decide la legalización del Partido Comunista

MADRID, 11 (INFORMACIONES).

EL Gobierno ha decidido la legalización del Partido Comunista de España tras escuchar el informe del

fiscal del Reino y oído la Junta de Fiscales. El texto íntegro de la resolución gubernativa que legaliza al

Partido Comunista de España fue distribuido con membrete del Ministerio de la Gobernación a las diez y

media de la noche del día 9, en la Dirección General de Coordinación Informativa. Dice así:

"En el procedimiento instruido por este Ministerio para cumplimiento de la sentencia dictada en 1 de abril

de 1977 por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de Justicia, recaída en expediente especial número uno,

y

Resultando que el 11 de febrero de 1977 tuvieron entrada en este Departamento acta notarial y Estatutos

del Partido Comunista de España (P.C.E), para inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas y

recabado dictamen de la asesoría jurídica, que fue emitido el siguiente día 16, se dictó acuerdo con fecha

22 de los mismos mes y año, en el que, con suspensión de la inscripción en el aludido Registro, por

presumir la concurrencia de supuestos de ilicitud penal, se ordenaba la remisión de la documentación

presentada al Tribunal Supremo de Justicia.

SENTENCIA DEL SUPREMO

Resultando que en relación con el expediente arriba mencionado, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de

Justicia ha dictado sentencia con fecha 1 de abril de 1977, cuyo fallo literalmente dice: "Que sin

pronunciarnos sobre el fondo del asunto, debemos declarar y declaramos la falta de jurisdicción de esta

Sala para conocer de las presentes actuaciones relativas a la inscripción en el Registro de Asociaciones

Políticas de la promovida con la denominación del Partido Comunista de España; debemos anular y

anulamos el acto del Ministerio de la Gobernación fecha 22 de febrero del presente año. En el particular

extremo del mismo que ordena la remisión del expediente administrativo a este Tribunal; acordando, por

tanto, su devolución a dicho Ministerio, y sin perjuicio de las acciones que para declarar la ilicitud penal

que se presumen por la Administración Pública, a ella la competan. No ha lugar a declaración alguna

sobre imposición de costas." La falta de jurisdicción de la Sala, según el penúltimo de sus considerandos,

que sintetiza toda la argumentación anterior, se basa "en la ilicitud penal presumida por la

Administración, que en todo caso, habría de dirimirse ante la jurisdicción penal ordinaria en la forma

establecida por las Leyes".

Resultando que recibido el expediente administrativo y el testimonio de la sentencia el día 6 de los

corrientes, este Departamento, a la vista del Informe emitido por el director general de Política Interior,

ordenó el cumplimiento de la sentencia, la inserción de la misma en el "Boletín Oficial del Estado" y que

se diera cuenta al Ministerio Fiscal, lo que se llevó a efecto seguidamente, habiéndose dictado la

correspondiente orden que aparece publicada en el "Boletín Oficial del Estado" de hoy, y trasladando al

fiscal del Reino los antecedentes necesarios, incluidos los Estatutos de la Asociación, para que

manifestara si de todo ello o del hecho de haber promovido su constitución y solicitado la inscripción,

pudiera deducirse que existiera delito o resunción de su comisión que debiera dar lugar al ejercicio de

acciones penales.

Resultando que con fecha de hoy, el fiscal del Reino, oída y de conformidad con la Junta de Fiscales

generales, dice: "1.° Que dicha documentación no se desprende ningún dato, ni contiene ninguna

manifestación, que determine de modo directo la incriminación del expresado Partido en cualquiera de las

formas de asociación ilícita que define y castiga el art. 172 del Código Penal en su reciente redacción. 2.º

Que el solo hecho de solicitar la inscripción o legalización de un partido, aunque éste pueda resultar ilegal

y se deniegue la solicitud, no acarrea responsabilidad penal para los solicitantes, ni puede fundar la

presunción de comisión de delito, sin perjuicio de ejercitar las acciones penales en cuanto existan

conductas o actos que puedan ser tipificados en el Código Penal, o evidencien la ilicitud de los fines del

partido, conforme al ya citado artículo 172 del Código Penal. 3.º A los efectos que fueren procedentes el

Ministerio Fiscal hace constar la existencia de procedimientos en tramitación contra dirigentes y

miembros del denominado Partido Comunista español."

COMPETENCIA DEL GOBIERNO

Considerando que con arreglo al artículo 103 de la ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, la ejecución de las sentencias dictadas por las Salas de este orden Judicial, corresponderá

al órgano administrativo que hubiere dictado el acto objeto del proceso y esta competencia formal

conlleva, a su vez, la competencia sustantiva para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la

inscripción en el Registro de Asociaciones políticas, en virtud de cuanto dice el considerando quinto de la

sentencia de 1 de abril de 1977, en el cual se establece que la naturaleza de la actividad estatal referida a

tal Inscripción es "típicamente administrativa" y "por imperativo constitucional su ejercicio corresponde a

la Administración..., con los caracteres de exclusividad e integridad, de tal modo que la Administración

no puede ser despojada, en todo ni en parte, del ejercicio de tales atribuciones constitucionalmente

conferidas y que forman parte de su propia esencia".

Considerando que el fallo judicial de cuya ejecución se trata en este momento, que anula "el acto del

Ministerio de la Gobernación fecha 22 de febrero del presente año, en el particular extremo del mismo

que ordena la remisión del expediente administrativo al Tribunal Supremo, acordando por tanto, su

devolución a dicho Ministerio", no afecta a la suspensión del acto de inscripción que tenía como elemento

causal la presunción de ilicitud penal de la asociación; tal suspensión tiene carácter provisional y cautelar

que puede y debe dar. paso a una resolución definitiva, de signo positivo o negativo, tan sólo en función

de esa misma ilicitud penal, a dirimir "ante la jurisdicción penal ordinaria en la forma establecida por las

leyes", según expresa el penúltimo de sus considerandos, por la vía que señala el artículo 262 de la ley de

Enjuiciamiento Criminal, como cuida de aclarar el párrafo antecedente de la propia sentencia.

ACUERDO REVISABLE

Considerando que como consecuencia de lo anteriormente expuesto y de la reserva "de las acciones que

para declarar la ilicitud penal que se presume por la Administración Pública, a ella le competan", según el

pronunciamiento literal del fallo judicial transcrito, resulta evidente que para el debido cumplimiento del

mismo había de darse traslado al Ministerio Fiscal, órgano de comunicación normal entre el Gobierno y

los Tribunales, a los efectos de que, en su caso, pudiera ejercitar las acciones penales pertinentes, de

conformidad no sólo con el artículo 262, sino también con el 105 de la ley de Enjuiciamiento Criminal,

por lo que, una vez que el fiscal del Reino, de conformidad con el parecer de la Junta de fiscales

generales, manifiesta que no ha encontrado base fáctica ni jurídica para el ejercicio de las acciones

penales a que aluden los preceptos antes citados, en relación con el Partido Comunista de España, sin que

por otra parte se detuviera en su momento oportuno el tanto de culpa correspondiente, a los mismos

efectos, por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, resulta claro que la duda o presunción de ilicitud penal

surgida en vía administrativa durante la tramitación del expediente, queda desprovista de fundamento y

contenido como causa determinante del acuerdo de suspensión de la inscripción en el Registro, acuerdo

que en definitiva debe ser dejado sin efecto para proceder a la inscripción solicitada, por haber

desaparecido el único obstáculo legal que en su día se opuso a la misma, decisión que no impide el que, si

en un futuro se traspasaran los límites del derecho de asociación, puedan y deban incriminarse las

conductas eventualmente merecedoras de sanción penal.

Por todo lo cual, este Ministerio, en cumplimiento de la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo

de 1 de abril de 1977, y a la vista del dictamen del fiscal del Reino, ha tenido a bien disponer que se deje

sin efecto la suspensión de la inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas de la denominada

Partido Comunista de España (P. C. E.), suspensión acordada con fecha 22 de febrero del corriente año, y

que se proceda a la inscripción en el referido Registro de la citada asociación.

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11 de abril de 1977

INFORMACIONES

 

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