El expediente sobre el Partido Comunista     
 
 ABC.    02/04/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

EL EXPEDIENTE SOBRE EL «PARTIDO COMUNISTA»

Haciendo la salvedad de que no se trataba de una información con refrendo oficial, las agencias

difundieron ayer tarde la noticia de que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo había fallado la anulación

del acto del Ministerio de la Gobernación por el que se envió a nuestra más alta instancia judicial el

expediente sobre legalización del «Partido Comunista».

En consecuencia, según esas mismas informaciones a que nos referimos, el Tribunal Supremo ha

acordado devolver tal expediente al Ministerio de la Gobernación. Y con ello, al Gobierno todo, la

responsabilidad de, eventualmente, legalizar al «Partido Comunista».

Este vidrioso asunto de la legalización del «P. C. E.», sobre el que nos hemos pronunciado ya

reiteradamente, regresa al plano de las decisiones políticas; plano del que, quizá, nunca debiera de haber

salido. Y, de momento, suscita no pocas cuestiones sobre la dinámica del proceso general de la reforma

democrática; especialmente, en lo que se refiere a la posición que adoptarían determinadas fuerzas de

nuestro panorama político ante las elecciones, en el supuesto de que fueran convocadas éstas sin que

hubiese mediado una respuesta afirmativa a las aspiraciones del «P. C. E.» de que se le confiera un

«status» de legalidad.

Condicionar la participación en el proceso electoral, por parte de tales fuerzas, a la legalización del

«Partido Comunista» es cosa que, naturalmente, tienen derecho a hacer. Lo mismo que la decisión de

participar si median cualesquiera otras condiciones, no necesariamente políticas. Lo que, sin embargo,

puede carecer de «ratio democrática» es el argumento de que la legalización del «P. C. E.» es un

inexcusable presupuesto de legitimidad democrática para la culminación del proceso de reforma política.

Democracias ha habido, y las hay, en las que el veto a un determinado partido no cuestiona la legitimidad

de ellas ni expresa o da a entender manquedad esencial en sus libertades. Así, mientras la República

Federal de Alemania prohibió durante mucho tiempo al Partido Comunista, sin que nadie se rasgara las

vestiduras por ello, la legislación italiana, por otra parte, proscribe partidos de signo totalitario y de

carácter fascista.

Queremos señalar con esto que en términos de rigurosa ecuanimidad política, el camino español hacia la

democracia no se ha desviado un punto en su rumbo por efecto del sobrevenido aplazamiento en la

resolución sobre el tema del «P. C. E.».

Conforme a la información que comentamos, y que insertamos en las correspondientes páginas de este

número, el Tribunal Supremo, aparte de anular el acto administrativo por el que se le remitió el

expediente del «P. C. E.», expresa la reserva sobre «las acciones que para declarar la ilicitud penal que se

presume por la Administración pública, a ella le competan».

Una cosa es, en fin, el planteamiento político del tema y otra su consideración jurídica. Refiriéndonos a

ésta queremos concluir el presente comentario: aceptaremos siempre lo que los jueces digan y sentencien.

Lo aceptaremos con plena independencia de que, políticamente, nos guste o no sea de nuestro agrado el

contenido del fallo; pues entendemos que ésa es la única manera de que la democracia funcione.

Acatando las leyes y aceptando en su totalidad lo que el Estado de Derecho supone, implica y exige.

 

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