Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
 Apunte Político. 
 Tras la sentencia del Tribunal Supremo     
 
 ABC.    05/04/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

ABC. MARTES 5 DE ABRIL DE 1977.

APUNTE POLÍTICO

Tras la sentencia del Tribunal Supremo

Por José María RUIZ GALLARDON

La conclusión que se obtiene, tras una lectura meditada de la sentencia del Tribunal Supremo, por la que

no se legaliza al «Partido Comunista Español», es, en lo fundamental, que desde la vigente estructura de

la legalidad española, dicho partido no es hoy de recibo en ella.

El Tribunal Supremo se apoya en la propia actividad administrativa, pues en el informe del Ministerio de

la Gobernación se sostiene que es «presumible» la ilicitud del «P. C. E.». Y, en consonancia con esta

presunción, el Tribunal Supremo ordena que, en la vía jurisdiccional procedente, se depure esa

«sospechosidad».

Volvemos, con lo expuesto, a dejar planteada la cuestión de fondo en el lugar que le correspondía: Con la

reciente reforma del Código Penal, en materia de asociaciones ilícitas, ¿sigue incurso en el precepto penal

el «P. C. E.»?

Es sobre ese particular sobre el que «debería» pronunciarse el Gobierno. Y digo «debería» para utilizar un

eufemismo. Porque la función del Gobierno no es ni legislar, ni interpretar las leyes.

Para lo segundo - interpretar las leyes - está la Administración de Justicia. Mas, cuando de leyes penales

se trata, el orden judicial competente sólo puede ser el penal, nunca el contencioso-administrativo. Por

eso, el Tribunal Supremo - sala IV, de lo Contencioso-administrativo - le indica a la Administración que

es a ese orden penal - Juzgados de Instrucción, Audiencias Provinciales, sala II del Tribunal Supremo - al

que correspondería el fallo definitivo. ¿Va a esperar el Gobierno a que esa interpretación se produzca, por

ejemplo, aguardando al fallo que recaiga sobre Santiago Carrillo, hoy procesado por un Juzgado de

Instrucción? Es seguro que no. Entre otras razones, porque sería demasiado largo y el Gobierno desea,

según todos los índicos, que el «P. C. E.» esté legalizado antes de la convocatoria de las elecciones.

Para lograr esta finalidad, tampoco, en principio, tiene facultad el Gobierno. Sería preciso un acto del

legislativo - las Cortes - esto es, una ley, que modificara, ya sin lugar a dudas, el recientemente reformado

Código Penal, bien por vía de derogación de algunos de los apartados de los preceptos afectados, bien por

vía de inserción de otros nuevos. También resulta impensable la utilización de esta vía.

¿Qué hacer entonces? Pues entonces no queda otro camino que el decreto-ley. Mal camino y poco

democrático. Pero es el que, sin duda, se va a utilizar.

Que es malo y poco democrático lo abona:

1) Que, tradicionalmente, se viene considerando como autocrático el recurso de legislar el Gobierno

por medio de decreto-ley.

2) Que la urgencia obedecería más a un «deseo» del propio Gobierno que a circunstancias «objetivas»

determinadoras de la propia urgencia.

3) Que equivaldría a oponerse, a desdecirse frontalmente, de cuanto se afirmó en las Cortes («con esta

modificación del Código Penal no se legaliza al "Partido Comunista"»).

4) Que, en el orden práctico - trascendental en momentos preelectorales sobre todo cuando el presidente

Suárez piensa presentarse como candidato - van a ser muchos, muchísimos, los votos que pierda al

legalizar, por su sola voluntad, al «Partido Comunista», en cuya decisión no participarían ni las Cortes ni

el Tribunal Supremo (ni sería lícito dejar entrever, para ampararse en ella, una voluntad aquiescente de la

Corona).

Así están las cosas. ¿Que, por sus compromisos el Gobierno, sin consultar con el pueblo español, quiere

legalizar al «Partido Comunista»? Pues que lo haga. Pero por vía no democrática, colateral, muy

criticable y ¡por fin! presentándose como lo que es: adversario del anticomunismo en la Ley. - J. M. R. G.

 

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