Vida Política. 
 Entregada la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Partido Comunista     
 
 ABC.    03/04/1977.  Página: 9-10. Páginas: 2. Párrafos: 31. 

ABC. DOMINGO 3 DE ABRIL DE 1977. PAG. 9.

VIDA POLÍTICA

ENTREGADA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SODRE EL "PARTIDO

COMUNISTA"

Tras la entrega al Gobierno de la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en relación con la

inscripción de los partidos «Comunista» y «Carlista», se ha producido, en la mañana de ayer, la

comunicación del fallo a los procuradores representantes de dichos partidos.

El texto de la sentencia relativa al «Partido Comunista» es el siguiente:

«En la villa de Madrid a uno de abril de mil novecientos setenta y siete.

Vista por la Sala el expediente especial número uno sobre inscripción en el Registro de Asociaciones

Políticas, promovido por el denominado «Partido Comunista de España» por don Ramón Tamames

Gómez, doña Leonor Bornau Rodríguez, don Federico Melchor Fernández y don José Aurelio Sandoval

Monis, representados en estas actuaciones por el procurador don Cristóbal Bonilla Sánchez, bajo la

dirección del letrado don Marcial Fernández Montes, ambos de los respectivos Ilustres Colegios de

Madrid; habiendo comparecido en representación de la Administración el abogado del Estado.

RESULTANDO: Que con fecha veinticuatro de febrero pasado tuvo entrada en esta Sala la

documentación correspondiente a la citada asociación proyectada, remitida por el ministro de la

Gobernación con su escrito fecha veintidós del mismo mes y año, en virtud de acuerdo de suspensión de

la inscripción solicitada por haber deducido dicha autoridad de los antecedentes y fines de la asociación la

existencia de razones bastantes para presumir la concurrencia de licitud penal por vulneración de los

artículos 172 y demás aplicables del Código Penal.

RESULTANDO: Que emplazados los interesados y puesto que les fue de manifiesto la documentación, se

personaron dentro del plazo legal representados por el procurador antes dicho, que en su nombre formuló

las alegaciones que tuvo por conveniente, solicitando el recibimiento a prueba y proponiendo la práctica

de documental y testifical.

RESULTANDO: Que para el mismo trámite se dio traslado al abogado del Estado de las alegaciones

formuladas por la representación de los interesados y se le puso de manifiesto la documentación,

habiendo procedido el representante de la Administración, dentro del plazo legal, a formular las suyas sin

proposición de prueba y oponiéndose a la propuesta por los interesados.

RESULTANDO: Que esta Sala dictó auto el día quince de marzo siguiente, no recurrido, por el que se

admitió la prueba documental y fue denegada la testifical.

* DEFINICIONES PREVIAS

RESULTANDO: Que con fecha veinticinco de marzo se acordó pasarse las actuaciones al magistrado

ponente, excelentísimo señor don Enrique Medina Valmaseda. y se señaló para el fallo del expediente el

día treinta de marzo, con citación de las partes para sentencia.

Visto siendo ponente el magistrado excelentísimo señor don Enrique Medina Valmaseda.

CONSIDERANDO: Que habiendo hecho uso el Ministerio de la Gobernación en este expediente de la

facultad de remitir a este Alto Tribunal la documentación presentada a los efectos previstos en el artículo

primero del real decreto-ley número 12 de 8 de febrero de 1977 en función de los supuestos contemplados

en el mismo, la Sala, al dictar resolución procedente en derecho, reclama para sí su soberana y plena

jurisdicción para definir y valorar, en su aspecto sustantivo, la naturaleza jurídica del acto decisorio que

de ella se impetra, y no menos, la del procedimiento, a través del cual habría de ser producido.

Estas previas definiciones nos mostrarán sí este Supremo Órgano Jurisdiccional está legítimamente

requerido para el ejercicio de una función judicial, así como el modo y eficacia en que en su esfera

jurisdiccional pudieran incidir los preceptos contenidos en el artículo primero, números 1 y 2 del real

decreto-ley precedentemente mencionado y determinante de esta actuación.

CONSIDERANDO: Que para llegar a estas inexcusables definiciones hemos de partir de la normativa de

más elevado rango de nuestro ordenamiento jurídico: fundamental y orgánica delimitadoras de las

potestades o funciones del Estado, sin olvidar los códigos de enjuiciamiento que armónica y

sistemáticamente regulan en concreto el ejercicio de la potestad de juzgar, siempre dentro de los

respectivos órdenes judiciales.

* ACTO POLÍTICO

CONSIDERANDO: Que a la luz de los principios universalmente aceptados y de nuestra propia

normativa constitucional, la concreta actividad estatal de autorizar la inscripción de un acto, en este caso

la constitución de una asociación política, en un Registro público, se manifiesta por sí misma como típica

actuación del Poder ejecutivo o de la Administración, según se mire, desde el punto de vista de su

naturaleza de acto político instrumental o accesorio en cuanto es condicionante de una acción

fundamental de Gobierno o se ponga de relieve el régimen jurídico en que el acto se produce.

En todo caso estamos ante un acto concreto y práctico, material, si bien jurídicamente condicionado,

orientado a la inmediata obtención de determinados fines del Estado, caracteres que tipifican la función

ejecutiva o de la Administración y que se corresponden con la definición constitucional del artículo 40 de

la Ley Orgánica del Estado cuando dice que la Administración queda constituida por órganos

jerárquicamente ordenados y asume el cumplimiento de los fines del Estado en orden a la pronta y eficaz

satisfacción del interés general.

CONSIDERANDO: Que a diferencia de la Administración, la Justicia participa en la realización de los

fines del Estado, aplicando su actividad no a la satisfacción de concretas necesidades materiales, aun de

trascendencia jurídica, que constituyen la esencia de los actos de la Administración, sino que su misión es

la de restablecer el imperio del derecho, cuando éste ha sido violado con ocasión de aquellas actividades

de la Administración, o la de declararlas ajustadas a la ley, cuando inmotivadamente hubieran sido

impugnadas.

Consecuentemente, corresponde constitucionalmente a la función jurisdiccional (artículo 31 de la Ley

Orgánica del Estado) juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en los juicios civiles, penales, contencioso-

administrativos. laborales y demás juicios que establezcan las leyes.

Esta función le es atribuida con las características de exclusiva y excluyente como nos lo anuncian ya los

artículos 2 y 4 de la ley provisional sobre Organización del Poder Judicial de 1870, nos lo ratifican y

amplían la declaración general uno (romanos) y las bases primera números 2 y 4, y tercera, números 13.

15 y 16 de la Ley Orgánica de la Justicia, de 28 de noviembre de 1974. preceptos determinativos de los

diversos órdenes judiciales bajo el1 sistema de «numerus clausus» y definitorio el último de los citados,

de la naturaleza imperativa de las normas sobre extensión y límites de la jurisdicción. Su ejercicio

corresponde a los principios de legalidad, rogación y contradicción que en modo alguno inspiran el

procedimiento elegido para el trámite de estas actuaciones.

* PROPIO DE LA ADMINISTRACIÓN

CONSIDERANDO: Que partiendo de las afirmaciones contenidas en el considerando tercero, en relación

con la naturaleza de la actividad estatal referida a la inscripción de una asociación política en el Registro,

quedó definida ésta como típicamente administrativa en cuanto reúne los enunciados caracteres de

actividad material generadora de efectos jurídicos, orientada a la satisfacción y cumplimiento de

concretos fines del Estado, en este caso el ejercicio de los derechos políticos de los españoles.

De ello se sigue:

a) Que por imperativo constitucional (articulo 40 de la Ley Orgánica del Esta do) su ejercicio corresponde

a la Administración.

b) Que le corresponde con los caracteres de exclusividad e integridad, de tal modo que la Administración

no puede ser despojada por una ley ordinaria, en todo ni en parte, del ejercicio de sus atribuciones que

constitucionalmente le vienen conferidas y forman parte integrante de su propia esencia.

c) Que por consiguiente la justicia, a su vez no puede compartir, participar, suplir ni aun cumplimentar a

la Administración en el ejercicio de sus peculiares actividades administrativas.

CONSIDERANDO: Que en los expedientes que contempla el real decreto ley de 8 de febrero último,

incoados en vía inequívocamente administrativa y elevados a la jurisdicción para su prosecución por

decisión unilateral de la Administración, no perviven como en sus alegaciones reconoce el abogado del

Estado las características del proceso contencioso-administrativo que estableció la ley 21 de 14 de junio

de 1976, tanto por falta de un acto administrativo definitivo como por falta de impulsión procesal, pues

las actuaciones, desde la presentación de la documentación en el Ministerio, progresan de oficio y aún

debemos añadir que progresan sin solución de continuidad ni, por tanto, mutación de su inicial naturaleza,

constituyendo las que se encomiendan a la Sala, mera prolongación de la instancia gubernativa.

Conservan sus inconfundibles rasgos de procedimiento administrativo y a este tratamiento responde el

contenido literal de los números 2 y 3 artículo primero de tan mencionado real decreto-ley, cuyo análisis

atento y reflexivo es esencial y decisivo como única norma válidamente invocable dados - además de su

evidente inoperatividad para modificar sustancialmente la naturaleza de una actuación administrativa

definida por disposición con rango de ley-, los graves reparos de Ilegalidad oponibles al real decreto de 9

de febrero último, dictado para regular el procedimiento ante esta Sala, ya que lo fue no solamente con

infracción del apartado i) artículo 10 de la ley constitutiva de las Cortes, dade la total ausencia de bases

delimitadoras de la regulación del proceso, sino también sin que mediara autorización expresa del real

decretoley de 8 de febrero, para tal regulación.

No puede reconocerse este carácter a su artículo quinto concesivo si de una autorización al Gobierno para

un desarrollo reglamentario, pero insuficiente, a constituir habilitación idónea para dictar normas de

derecho procesal.

* LA ILICITUD PENAL

CONSIDERANDO: Que las implicaciones jurídico-penales, que pudieran, también, derivarse del tema

objeto de estas actuaciones, exigen de la Sala particular examen de ellas y a este respecto se observa, que

tanto de los escritos del Ministerio de la Gobernación como de la representación de los promotores del

«Partido Comunista de España», se está contemplando la inclusión o exclusión de esta asociación política

en algún tipo penal del Código sustantivo; baste la cita reiterada en dichos escritos de los artículos 172.

173 y 174 del referido Código en relación con la ley de 19 de julio de 1976 modificadora de dichos

preceptos penales, recogiendo a su ver la jurisprudencia de la Sala Segunda del mismo Tribunal en las

abundantes sentencias mencionadas en el informe del Ministerio, demostrativo todo de hallarse en

contemplación de una ilicitud penal que el mismo informe proclama.

CONSIDERANDO: Que esta ilicitud penal presumida por la Administración remitente excluye

forzosamente de la jurisdicción de esta Sala de lo contencioso-administrativo el enjuiciamiento del tema a

ella sometido por expresa disposición del artículo segundo de la ley de 27 de diciembre de 1956, ya que

las cuestiones de índole penal, entre otras, no deben ser decididas por esta jurisdicción, mejor dicho, por

este orden judicial, ni aun en el concepto de perjudiciales, según el apartado a) del precepto legal

invocado, sin que a ello pueda oponerse el contenido del artículo tercero, porque la ley que en dicho

apartado determina que atribuyera el conocimiento a esta jurisdicción, no podría estar en contradicción

con el segundo antes citado y tampoco con el cuatro de la propia ley, que para cuestiones prejudiciales

reputa competente a esta jurisdicción, salvo si se trata de una perjudicialidad de carácter penal,

declaración que pone, evidentemente, de relieve la improcedencia de someter a esta vía contenciosa el

conocimiento y decisión del tema remitido.

* JURISDICCIÓN

CONSIDERANDO: Que contribuye aún más a esta improcedencia la razón de que si según el artículo

primero del Código Penal son delitos o faltas las acciones u comisiones voluntarias penadas por la ley,

nunca podría esta Sala, en correctos términos jurídico-procesales, definir o confirmar con trascendencia

judicial la existencia ni aún indiciaría de una ilicitud penal; y se arguye que se trata solamente de una

presunción, el mandato del artículo 262 de la ley de Enjuiciamiento Criminal obligaría a la investigación

sumarial adecuada, ya que todo delito o la presunción de su comisión determina su presunción en el

correspondiente procedimiento y ante él orden judicial penal sin que pueda elegirse una vía administrativa

para depurar este tipo de conducta.

CONSIDERANDO: Que por todas estas razones, la falta de jurisdicción, ahora en concreto, de esta Sala

es notoria para la resolución del tema que se propone en el presente expediente, basada como antes se ha

dicho en la ilicitud penal presumida por la Administración, que, en todo caso, habría de dirimirse ante la

jurisdicción penal ordenaría en la forma establecida por las leyes.

CONSIDERANDO: Por cuanto precede, y partiendo de la existencia de aquella declaración presuntiva,

no es adecuado en derecho el Acuerdo de remitir a esta Sala el expediente a que nos estamos refiriendo.

* FALLO

FALLAMOS: Que sin pronunciarnos sobre el fondo del asunto, debemos declarar y declaramos la falta

de jurisdicción de esta Sala para conocer de las presentes actuaciones, relativas a la inscripción en el

Registro de Asociaciones Políticas de la promovida con la denominación de «Partido Comunista de

España»; debemos anular y anulamos el acto del Ministerio de la Gobernación, fecha 22 de febrero del

presente año en el particular extremo del mismo, que ordena la remisión del expediente administrativo a

este Tribunal; acordando, por tanto, su devolución a dicho Ministerio y sin perjuicio de las acciones que

para declarar la ilicitud penal que se presume por la Administración Pública, a ella la competan. No ha

lugar a declaración alguna sobre imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y «Colección

Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

Firman la sentencia don Enrique Medina, Balmaseda, presidente accidental; don Fernando Vidal

Gutiérrez: don José Luto Ponce de León y Belloso; don Manuel Gordillo García, y don Félix Fernández

Tejador.

 

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