Autor: ALEXANDROS - SIGMA CRUZ. 
   Coacción psicológica     
 
 El Alcázar.    25/03/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 5. 

Alexandros

COACCAIÓN PSICOLÓGICA

EL parlamento de papel está nervioso. Movido sin duda por inequívocos intereses políticos, un sector

significativo del parlamento de papel pretende coaccionar psicológicamente a los componentes de la Sala

Cuarta del Tribunal Supremo en el asunto de la legalización del Partido Comunista y sus afines. Se

pretende cargar sobre el Tribunal Supremo las posibles consecuencias políticas de una actitud que

encajaría en la lógica del Derecho: la declaración de incompetencia.

Se dice, en favor de la tesis de la legalización del PCE - única que importa a ese sector del parlamento de

papel - que si la respuesta de la Sala Cuarta fuese negativa, y por negativa se tiene también la declaración

de incompetencia, "el presidente Suárez no tendría fuerza moral para competir en las urnas". Resulta

sorprendente que para debatir un problema jurídico se utilice un argumento de este porte. ¿Debemos

entender, entonces, que la intimidad entre el Presidente del Gobierno y el Partido Comunista podría llegar

hasta el punto que de su legalización dependa la opción electoral del señor Suárez? No lo podemos creer.

Pero aún admitiendo que así fuera sería intolerable que el Presidente del Gobierno pretendiera del

Tribunal Supremo que le otorgaran una patente de corso para las elecciones, después de quedar excluido

de las inelegibilidades. Parece uso habitual del Gobierno Suárez la transferencia de responsabilidades a

las más altas instituciones del Estado, sin reparar en los graves riesgos que entraña para las mismas el

verse comprometidas en cuestiones contingentes, fuertemente polémicas, que deben ser competencia

exclusiva del Gobierno. Esa tentación se reproduce, naturalmente, en el sumiso parlamento de papel que

sigue las directivas gubernamentales. Y la tentación deja en evidencia la intención. "Prejuzgar - se afirma

- no es juzgar". Pero a continuación se prejuzga: "El Ejército (cuyo lema en amplios sectores ha sido: "Ni

comunismo ni separatismo") acatará disciplinadamente el fallo del Supremo, lo mismo que las fuerzas

provenientes del antiguo régimen. Para un observador imparcial, la legalización del PCE y de los

maoístas seria lo más prudente en las presentes circunstancias".

Está clara la inquietud, de puro tosca la argumentación: la legalización del PCE y de los maoístas está tan

contra el espíritu y la letra de las Leyes Constitucionales, tan en flagrante contradicción con el solemne

compromiso gubernamental ante las Cortes a la hora de aprobar la reforma del Código Penal que cuenta a

la hora de la legalización, y tan en colisión con las efectivas vinculaciones ideológicas y dependencias

disciplinarias del comunismo, que una decisión del Gobierno podría mover a las Fuerzas Armadas a

considerar sus competencias constitucionales y provocaría la reacción inmediata de extensos sectores

nacionales. Sólo la autoridad del Tribunal Supremo, es decir, de la Justicia, serviría para que esas

reacciones en defensa de la soberanía nacional no se produjeran. ¿Es esa, entonces, la causa de que el

Gobierno, en vez de asumir la responsabilidad de un acto administrativo que sólo a él corresponde, la

traspase por decreto-ley al Tribunal Supremo?

Desde nuestra independencia y el respeto a las Leyes Fundamentales y al prestigio y atribuciones de las

instituciones del Estado, nos pronunciamos contra esa falsificación. La Justicia no puede ser

comprometida en la asunción de responsabilidades políticas que no le corresponden. La independencia

jurisdiccional del Tribunal Supremo debe ser respetada. En ningún caso, y menos en una situación de

crisis y de confusión como la que vive España, deben violentarse las cosas, hasta el punto de colocar a la

Justicia en el centro de la vorágine política. A nuestro entender, lo correcto es que el asunto de las

legalizaciones vuelva allí de donde no debió salir nunca: al Gobierno. Sólo después que el Gobierno

adopte la decisión administrativa correspondiente y la razone, será el momento de que el Tribunal

Supremo juzgue sobre las alzadas, si se produjeran. Pero entonces lo podría hacer con más completos

elementos de juicio y no sólo en función de unos estatutos de redacción unilateral y en los que puede ser

silenciada o mentida la verdad.

SIGMA CRUZ

 

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