Según fuentes competentes. 
 La legalización del P.C. medida ajustada a derecho     
 
 ABC.    10/04/1977.  Página: 4,5. Páginas: 2. Párrafos: 23. 

ABC. DOMINGO 10 DE ABRIL DE 1977. PAG. 4.

ESPAÑA política y social

SEGÚN FUENTES COMPETENTES

LA LEGALIZACIÓN DEL "P. C", MEDIDA AJUSTADA A DERECHO

La solución adoptada lo ha sido sin apriorismos y rodeada de las garantías jurídicas y procésales

Madrid. (De nuestra Redacción.) Al tenerse conocimiento de la legalización del «P. C. E.», fuentes

competentes han manifestado que su inscripción se produce en cumplimiento de la sentencia dictada por

la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de Justicia el día 1 de abril y a la vista del informe emitido por el

fiscal del Reino, oída la Junta de fiscales generales, y de conformidad con la misma.

El Ministerio de la Gobernación había suspendido, provisional y temporalmente, la inscripción en el

Registro de Asociaciones Políticas del «Partido Comunista de España» en base a su presumible ilicitud

penal, remitiendo el expediente a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

La sentencia del Tribunal Supremo declaró la incompetencia del orden judicial contencioso-

administrativo para conocer de la cuestión planteada, por tratarse de un tema de naturaleza penal cuya

competencia corresponde a la jurisdicción de este carácter, por lo que, sin pronunciarse sobre el fondo del

asunto, declaró la falta de jurisdicción de la Sala para conocer de las actuaciones que le fueron remitidas,

anulando la orden de remisión del expediente y reservándole a la Administración las acciones que a la

misma pudieran corresponderla sobre la presunta ilicitud penal atribuida al «Partido Comunista de

España».

En la propia sentencia se razonaba que en tal supuesto la vía procedente era la de dar cuenta al Ministerio

Fiscal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 262 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, Para que,

si entendía que existía base fáctica suficiente para sostener la acción, ejercitase la misma a tenor de lo

prevenido en el artículo 105 de la ley antes citada.

TRASLADO AL FISCAL DEL REINO. - A la vista de dicha sentencia, y en ejecución y cumplimiento

de la misma, el Ministerio de la Gobernación dio traslado al fiscal del Reino de todo lo actuado,

emitiéndose con fecha 9 por dicho órgano, oída la Junta de fiscales generales y de conformidad con la

misma, informe en el que se expone que de la documentación no se desprende dato ni manifestación

alguna Que determine la incriminación del «Partido Comunista de España» en cualquiera de las formas de

asociación ilícita que define y castiga el artículo 172 del Código Penal en su vigente redacción.

Por otra parte, si la propia Sala del Tribuna] Supremo hubiera apreciado motivos suficientes de ilicitud

penal en el expediente habría tenido que proceder de oficio a remitir y poner en conocimiento del

ministerio fiscal las actuaciones, dada la obligación de denunciar que, con carácter general, establece el

artículo 262 de la ley de Enjuiciamiento Criminal a quienes por razón de sus cargos, profesiones a oficios,

tuvieren noticia de algún delito público, lo que no ha efectuado la mencionada Sala. Tampoco e1 fiscal

del Reino, en el informe formulado a instancia del Ministerio de la Gobernación, ha apreciado la

presunción de dicha ilicitud.

Al no haberse promovido ni por parte de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, ni por el ministerio fiscal,

actuación alguna dirigida a dilucidar responsabilidades penales, conforme al derecho actualmente vigente,

respecto de la documentación presentada para su inscripción por el «Partido Comunista de España»,

parece evidente que ha quedado sin efecto la razón determinante de la suspensión de la inscripción de

dicho partido en el Registro de Asociaciones Políticas, recobrando su plenitud en ejercicio del derecho de

asociación que había quedado provisionalmente suspendido.

CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE LA LEGALIDAD. - Con relación a algunos comentarios suscitados

por la sentencia del Tribunal Supremo alusivos a que dicha resolución podría dar lugar a un conflicto de

atribuciones entre altos órganos del Estado, la cuestión planteada ni por razón de su origen - al emanar de

un departamento ministerial y no del Gobierno - ni por su contenido - la distinta interpretación de un

precepto legal - es susceptible de subsumirse en los supuestos previstos por la ley de 14 de julio de 1972,

reguladora del procedimiento de coordinación de funciones de los altos órganos del Estado.

Entendemos, pues, que la solución adoptada lo ha sido en cumplimiento objetivo de la legalidad, sin

apriorismos, y rodeada de las debidas garantías jurídicas, procésales y jurisdiccionales.

La anterior decisión es ajustada a Derecho y el reconocimiento que contiene no prejuzga las posibles

conductas punibles en que puedan incurrir con sus actos o comportamientos las personas o miembros de

las asociaciones, o si evidencian con su posterior actuación la ilicitud de sus fines conforme al ya citado

artículo 172 del Código Penal.

LA LEGALIZACIÓN, EN FECHAS

La legalización del «Partido Comunista de España» se ha producido a los dos meses de haber sido

modificado, por decreto-ley, la actual ley de Asociación Política, según Europa Press. El hecho ocurrió en

Consejo de Ministros celebrado el pasado día 8 de febrero. El Registro de Asociaciones Políticas del

Ministerio de la Gobernación quedó establecido con carácter declarativo, limitándose a registrar las

solicitudes de inscripción de los partidos políticos, que posteriormente quedaban inscritos o legalizados, o

bien pasaba la documentación al Tribunal Supremo en el caso de presumir algún tipo de ilicitud en los

estatutos presentados.

Inmediatamente, numerosos partidos se acogieron a esta normativa, y entre ellos el «Partido Comunista

de España», que lo hizo el 11 de febrero. Acudieron al Ministerio de la Gobernación para presentar los

estatutos y el acta notarial doña Leonor Bornau, don Ramón Tamames, don Armando López Salinas, don

José Sandoval. don Federico Melchor y don Jaime Sartorius.

* Día 24 de febrero. - Se hallan ya en poder de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo el expediente

enviado por el Ministerio de la Gobernación, en el que se daba cuenta de la no inscripción del «Partido

Comunista» en el Registro de Asociaciones Políticas, junto con la documentación presentada por dicho

partido.

* Día 26 de febrero. - Abogados del «P. C.» estudian las alegaciones a presentar ante la Sala Cuarta del

Supremo, para lo que disponían de cinco días. El día 1 de marzo, el abogado don Marcial Cristóbal

Bonilla, en nombre del «P. C», se personaba ante la Sala Cuarta del Supremo para presentar las

alegaciones del partido. La documentación relativa a este partido fue entregada a la Abogacía del

Estado el día 7 de marzo. El «P. C.» propuso ocho figuras políticas para testificar ante el Tribunal

Supremo sobre sus alegaciones. Se trataba de Ruiz-Giménez («Izquierda Democrática»), Fernández

Ordóñez («Partido Socialdemócrata), Felipe González («Partido Socialista Obrero Español), Areilza

(«Partido Popular»), Tierno Galván («Partido Socialista Popular»), Camuñas («Partido Democrático

Popular»), Garrigues Walker («Federación de Partidos Demócratas y Liberales») y el catedrático Manuel

Jiménez de Parga.

Acerca de las alegaciones presentadas por el «P. C.» se sabe que sus líneas de argumentación, básicas

aludían a que la Sala Cuarta del Suprema no era competente para entender en la ilicitud de los partidos, ya

que la jurisprudencia del Tribunal Supremo existente hasta ahora no es de aplicación a la legalización,

entre otras. Las alegaciones incluían también la declaración conjunta de la «cumbre eurocomunista»

celebrada en Madrid por esas fechas, ejemplares del órgano informativo del «Partido Comunista»

«Mundo Obrero», y una serie de testimonios de los políticos antes citados.

* Día 12 de marzo. - El secretarlo general del «P. C», Santiago Carrillo, declaraba en Valencia que el

presidente Suárez era consciente de la necesidad de legalizar su partido y que el Gobierno debería haber

resuelto «directamente la cuestión», pero que no lo ha hecho porque una decisión del Supremo nadie

la impugnará, y una decisión del Gobierno sí.

* Día 14 de marzo. - Trascendía a los medios informativos que el Informe del abogado del

Estado sobre el expediente relativo a la legalización del «P. C.» incluiría los siguientes extremos:

la Sala 4.º es competente en la materia y debe pronunciarse; el «P. C. E.» cumple los requisitos formales

exigidos por la Ley para su legalización; que se tengan en cuenta los motivos aducidos por Gobernación

al remitir la documentación al Supremo, así como la jurisprudencia existente, no proponía la realización

de pruebas.

* Día 15 de marzo. - La Sala Cuarta del Supremo admitía la prueba documental presentada por el «P.

C. E.» en el expediente relativo a su legalización. Rechazaba la prueba consistente en aportar el

testimonio de personalidades políticas.

* Día 18 de marzo. - Son conocidas por algunos medios informativos las alegaciones presentadas por el

«P. C.» ante el Supremo. Se trata de un largo escrito de 33 folios por ambas caras. En ese documento se

afirmaba que el «P. C. E.» no puede ser incluido entre las asociaciones que tienen por objeto la

subversión violenta o la destrucción del orden jurídico, político, económico y social, y que no ataca la

unidad de la Patria, ni su integridad o seguridad nacional. Hace un amplio análisis de lo que significa el

«totalitarismo», y concluye que el «P. C.» no se ajusta a uno sólo de los supuestos que definen al

totalitarismo, ni tampoco a la disciplina internacional de que habla el Código Penal.

* Día 22 de marzo. - La Sala Cuarta ha realizado ya la prueba documental propuesta por el «P. C.»

en sus alegaciones.

* Día 26 de marzo. - El Gobierno nombra presidente de la Sala Cuarta del Supremo, que ha de fallar en

el caso de la legalización del «P.C. E.» a don Juan Becerril Antón-Miralles. Tres días después e1

Supremo deniega el placet para el nombramiento del señor Becerril.

* Día 30 de marzo. - Se reúne la Sala Cuarta para fallar sobre el expediente del «P. C.» y de otros tres

partidos. Presidió la reunión el magistrado más antiguo, señor Medina Balmaseda. Al término de la

misma se tiene la impresión de que no se produjo la legalización del «P. C.», y se sabe que en un

plazo de cinco días se conocerá el fallo de la Sala sobre esta materia.

* Día 1 de abril. - Se sabe ya que la Sala Cuarta del Supremo, en el fallo sobre la legalización del «P.

C.». anula el acto del Ministerio de la Gobernación de fecha 22 de febrero pasado y acuerda la devolución

al Ministerio de la Gobernación de la documentación que éste le había enviado previamente.

* Día 2 de abril. - El fallo se hace público. A las once y media de la mañana se comunicó, en el Palacio

de Justicia, al procurador representante del «Partido Comunista de España» la sentencia de la Sala Cuarta

del Tribunal Supremo, según la cual la Sala Cuarta se inhibe en cuanto a la competencia en el expediente

de legalización del «P. C.» y lo remite al Gobierno.

* Día 9 de abril. - El Ministerio de la Gobernación procede a la inscripción del «P. C. E.» en el

Registro Oficial de Asociaciones Políticas.

 

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